La jueza que investiga al fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, por un delito contra los derechos de los trabajadores lo ha citado a declarar como imputado para el próximo 3 de diciembre, han informado fuentes jurídicas a elDiario.es. La declaración se ha fijado con tiempo para impedir una nueva suspensión, como ocurrió con la comparecencia inicialmente prevista para septiembre.
Ante la magistrada del juzgado de instrucción 31 de Barcelona ya han declarado varios riders como testigos. Junto a los informes de Inspección de Trabajo, los testimonios de los trabajadores conforman el grueso de las pesquisas que indagan en el modelo laboral declarado ilegal de la empresa fundada por Pierre.
La Fiscalía acusa a Pierre de mantener a los repartidores de Glovo como falsos autónomos pese al fallo del Tribunal Supremo que lo prohibió. La denuncia es un salto a la vía penal tras las diversas sanciones que, por vía administrativa, Inspección de Trabajo ya ha interpuesto contra la compañía por desoír el fallo histórico del Alto Tribunal que declaró que los riders de la compañía eran falsos autónomos en 2020.
La práctica de Glovo resulta, a juicio de la Fiscalía, contraria a la legislación laboral “y menoscaba y suprime los derechos de los trabajadores por cuenta ajena”, por ejemplo en lo relativo a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones o protección de la Seguridad Social. Recientemente ha solicitado personarse en la causa RidersxDerechos, colectivo pionero en la lucha de los repartidores contra los falsos autónomos en el sector.
El Gobierno aprobó la Ley Rider en 2021 con el objetivo de acabar con el abuso sistemático de la figura de los falsos autónomos entre las principales empresas de reparto a domicilio. Desde entonces, Glovo, radicada en Barcelona, desafió al ministerio de Trabajo con un modelo que llamaron “renovado”, pero que seguía funcionando con repartidores autónomos. Sindicatos, colectivos de repartidores como RidersxDerechos, así como la Inspección de Trabajo, constataron que el nuevo modelo seguía infringiendo la legislación laboral.
La Fiscalía acusa a Pierre de querer mantener la relación de falsos autónomos con sus repartidores para “reducir costes empresariales” de Glovo al no garantizar a los riders un salario profesional conforme a la jornada de trabajo realizada y dejar de ingresar a la Seguridad Social las cotizaciones laborales correspondientes. Es decir, seguir con su modelo laboral pese a los fallos judiciales que le obligaban a contratar a los falsos autónomos como empleados.
En su afán de perseguir estas prácticas, el Gobierno modificó además el Código Penal para evitar el abuso de los falsos autónomos. El delito al que se enfrenta Pierre se castiga con penas de cárcel de seis meses a seis años y sanciona a los empresarios que restringen los derechos de sus trabajadores abusando de su situación, incluidos los que abusan de los falsos autónomos.