El accidente laboral más grave de los últimos años en Catalunya va camino de juicio. La magistrada que investiga la explosión en la química Iqoxe de Tarragona ha enviado a juicio a cuatro de sus responsables por la “conducta negligente” que, según la instructora, causó el siniestro, consistente en priorizar los beneficios económicos en detrimento de la seguridad y las condiciones laborales de los trabajadores.
En un auto de 80 páginas, la magistrada Sofía Beltrán pone fin a una investigación de más de tres años y realiza un pormenorizado relato de los hechos que antecedieron a la explosión del 14 de enero de 2020 y que provocó tres fallecidos (dos trabajadores y un vecino).
Según la instructora, los responsables de Iqoxe implantaron “una política empresarial de aumento de la producción y reducción de costes”, que derivó en un “deficiente mantenimiento de las instalaciones” y en que los empleados trabajaran “sin las debidas condiciones de seguridad” exigibles en la industria petroquímica. En otras palabras: producir más reduciendo costes y seguridad para ganar más dinero.
La magistrada relata que Iqoxe contaba con un “insuficiente número de trabajadores” para realizar los procesos productivos “en los debidos requisitos de seguridad”. Esta política empresarial, a criterio de la jueza, fue “compartida y ejecutada” por el director de la planta de Iqoxe de la Canonja (Tarragona), Juan Manuel Rodríguez Prats, y el director general de la empresa, José Luis Morlanes, y fue “conocida” por el jefe de servicios generales y medio ambiente de la firma.
Estos tres responsables de Iqoxe, además de la empresa como persona jurídica, se sentarán en el banquillo y pueden ser acusados de los delitos de imprudencia grave, contra los derechos de los trabajadores y estragos. Todos ellos ya están también procesados por otra causa relativa a delitos medioambientales en la misma planta por los vertidos contaminantes que presuntamente la empresa realizaba al mar
La “política empresarial” implantada en Iqoxe, continúa la jueza, generó unas “deficientes condiciones de producción, trabajo y seguridad” en la planta “al priorizarse la producción y rentabilidad sobre la seguridad de las personas, equipos e instalaciones”.
Con estos mimbres, la magistrada explica que la explosión se debió a una “concurrencia de diferentes causas”. En primer lugar, que la empresa no contempló que el producto que estalló, el MPEG, en sus dictámenes de seguridad. De hecho la jueza sospecha que el día del siniestro “se modificó” la receta del producto químico, lo que derivó en una reacción química “sin realzar ningún ensayo previo para constatar si la reacción era segura”.
“El proceso de fabricación se siguió sin ningún tipo de control por parte del personal, por la desectivación parcial del funcionamiento de alarmas al estar silenciadas las sonoras y al ser insuficiente el personal para vigilar el proceso, que tenía que atender a otras tareas fuera de la planta, y al no vigilarse el panel de control”, detalla el auto. La jueza también apunta a posibles averías en la maquinaria.
Más allá de las tres causas de la explosión, la instructora resalta que se trataba de un “modo de trabajo reiterado constantemente” en Iqoxe, de modo que era habitual que se priorizara la producción sobre la seguridad. Los mandos intermedios, además, “estarían sujetos a una situación de presión” para producir más, agrega la jueza.