Una jueza de Barcelona ha dejado a un paso del banquillo a una trabajadora y a dos abogados socios de una empresa contratada por Endesa, DPS Consulting, para reclamar impagos a clientes por “presionar” a una mujer vulnerable para que abonara una deuda eléctrica. La prueba principal del caso es la llamada que realizó la cobradora, haciéndose pasar por una funcionaria del juzgado, para reclamar a la mujer la deuda y anunciar que si no pagaba se le cortaría la luz.
Un portavoz de Endesa ha explicado que tras conocer los hechos la eléctrica dio instrucciones para que no se volvieran a repetir y que DPS Consulting ha depurado responsabilidades, por lo que siguen trabajando con la firma. El despacho DPS Consulting, que en su web se presenta como bufete “especializado en el recobro de impagos”, ha declinado dar su versión del caso, aunque fuentes judiciales han explicado que ha recurrido el auto que le deja al borde del banquillo.
En su resolución, la magistrada del juzgado de instrucción 5 de Barcelona cierra la investigación y concluye que hay suficientes indicios para llevar el caso a juicio. Según la jueza, “simulando que se trataba de un requerimiento procedente del juzgado”, la trabajadora acusada reclamó a la mujer vulnerable subsanar la deuda con Endesa “presionándola bajo la intimidación de que en el caso de no realizar el pago se bloquearían sus cuentas y se le cortaría el suministro eléctrico”.
La afectada, Yolanda, representada por el letrado David Aranda de Arrels Advocats y con el apoyo de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), ya ha presentado su escrito de acusación por tres delitos: usurpación de funciones públicas, coacciones y tentativa de estafa. En conjunto, se reclaman cuatro año y nueve meses de cárcel para la trabajadora del despacho y los dos socios, además de una multa de 4.738,86 euros y una indemnización por daños morales de 1.000 euros.
Según el escrito de acusación, los responsables de DPS Consulting crearon un “departamento de llamadas especiales” para reclamar el pago de deudas de la factura eléctrica a sabiendas de que se encontraban prescritas. Lo hicieron “mediante engaño” consistente en hacerse pasar por el servicio de notificaciones de los juzgados. El “guion” de la llamada, mantiene el escrito, fue facilitado a la trabajadora por uno de los socios del bufete.
En la llamada, abunda la acusación, “se amenazó a los deudores con cortar los suministros y embargar cualquier sueldo, cuenta corriente o cualquier otro ingreso en caso de no verificarse el pago de la supuesta deuda en un corto periodo de tiempo”. En el caso de Yolanda, que grabó la conversación, la trabajadora de DPS Consulting hizo la llamada el 3 de julio de 2020 para anunciar que si no procedía a abonar una deuda de 2.369,43 euros se le cortaría la luz solo cinco días después.
La conversación empieza con la empleada de la firma presentándose como funcionaria “de notificaciones judiciales y de embargos de aquí del juzgado”, sin precisar de cuál se trata. A continuación le comunica a Yolanda que tiene “dos órdenes judiciales” y que le dará un teléfono de un abogado porque “tiene un grave problema judicial”.
La falsa funcionaria indica a Yolanda que el 8 de julio se bloquearán todas sus cuentas y sus ingresos y no podrá realizar “ninguna retirada” de dinero, y tampoco se le cobrarán los importes de “hipotecas, alquileres, préstamos o recibos”. “Esta conversación la estamos grabando y se pondrá aquí en sede judicial”, abunda la interlocutora ante la confusión que expresa Yolanda. “Si cobra pensión, paro, ayuda o ERTE que salga de aquí del Estado, no lo vamos a ingresar”, advierte la trabajadora.
El motivo del bloqueo de cuentas, continúa la acusada, es una supuesta denuncia de Endesa “por las facturas de luz impagadas” de Yolanda. “Van a cortar y precintar contador para que ninguna compañía le dé luz”, apostilla. Tras indicarle un número de teléfono de un abogado y Yolanda preguntar si era de Endesa, la trabajadora exclama: “No no Endesa no, nosotros somos funcionarios del Estado”.
“Esta deuda es únicamente suya”, reitera la empleada, a lo que Yolanda le explica que paga un bono social y que ha hablado con el departamento judicial de Endesa. “Yo no tengo medios para pagar nada”, agrega esta vecina de Cubelles (Barcelona) en situación de vulnerabilidad, a lo que su interlocutora responde: “No le llamamos para que pague, le llamamos para informar que cortan la luz en su casa, bloquean las cuentas y sus ingresos y le ponen un precintado judicial al contador para que ninguna compañía le dé luz”.
Yolanda pregunta qué tiene que hacer para solventar la situación. La trabajadora responde que debe presentar “el documento de pago de la totalidad” de la deuda, que asciende a 2.369,43 euros. Tras insistir Yolanda en que no tiene dinero para cancelar la deuda, la empleada reitera: “No le estoy llamando para que pague, le estoy diciendo que si lo quiere paralizar el procedimiento es llamar a los abogados, [...] depositar la totalidad de la denuncia [sic], enviar el documento de pago a los abogados por fax para que ellos me lo hagan llegar al juzgado y podamos paralizar el procedimiento judicial”.
“Si quiere pagar pague, si no, no pague”, agrega la ahora acusada, quien insiste en que “procederá” igualmente contra Yolanda si paga menos que la cantidad debida. “Que lo tenga presente”, advierte, para a renglón seguido recordar que las facturas a deber son del año 2015 y que el importe “ya tendría que estar pagado” cinco años después. “Queda usted notificada, buenas tardes”, concluye.
El escrito de acusación expone que Yolanda sufrió ansiedad tras la llamada “ante la posibilidad de quedarse sin recursos económicos y sin luz” en la casa donde vive con su hijo menor de edad. Dos días después de la llamada, Yolanda contactó con la oficina de atención al ciudadano de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde le revelaron que Endesa no había interpuesto ninguna demanda por impago y que no existía ningún procedimiento contra ella, descubriendo así el intento de estafa. Según la acusación particular, DPS Consulting intentó “esconder” el engaño ante Endesa expedientando a la trabajadora que hizo la llamada y suspendiéndola de empleo y sueldo a la trabajadora, pese a remunerarla igualmente en efectivo.
En un comunicado, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) ha denunciado que el de Yolanda “no es un caso aislado” sino que forma parte “de un conjunto de estrategias desplegadas de forma habitual por las suministradoras de electricidad y gas”. La entidad también ha lamentado que se sigan produciendo llamadas para reclamar el cobro de deudas incluso después de la condonación de las mismas motivada por el convenio firmado entre la Generalitat y Endesa el año pasado.