La situación que se vive en la escuela el Turó del Drac de Canet de Mar, donde a raíz de la petición de una familia avalada por el Tribunal Superior de Justicia los alumnos de P5 deberán recibir el 25% de clases en castellano, ha enfrentado este lunes a los partidos independentistas y socios del Govern. Junts, a través de la presidenta del Parlament Laura Borràs, ha considerado que el Govern debería tomar la gestión directa de la escuela, para incumplir la sentencia a la vez que se evita que la actual dirección asuma las consecuencias. Una idea a la que se ha sumado después la CUP, pero que ERC y el propio president Pere Aragonès han rechazado de plano.
“Dejemos en paz a la escuela catalana”, ha asegurado el jefe del Govern, que ha asegurado que el Departamento de Educación está trabajando para encontrar “una solución sólida, permanente y efectiva para continuar con el modelo lingüístico que ha funcionado”. Sobre la petición de Borràs, Aragonès ha rebatido la fórmula porque “lo que necesitamos son soluciones”, ha dicho, tras lo que ha pedido “responsabilidad”. “No entraré en ningún rifirrafe partidista porque no es lo que espera la gente de un Govern y de sus representantes políticos”, ha remachado Aragonès en rueda de prensa desde Alp (Girona), donde este lunes participaba en la reunión de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP).
Unas horas antes la presidenta del Parlament había cargado contra el conseller de Educación, Josep González Cambray, de ERC, a quien había dicho que “no puede ser que no se pueda hacer nada”. En opinión de Borràs, una solución posible era que el Departamento asumiera la gestión directa del centro para desobedecer las medidas cautelares impuestas por la Justicia y “descargar la presión sobre los profesionales”, ha asegurado en una entrevista en el programa Café de Idees de RTVE. Borràs ha propuesto esta vía tomando como ejemplo la actuación de la exconsellera Clara Ponsatí durante el 1 de octubre de 2017, cuando Educación tomo el control de los centros para evitar consecuencias judiciales contra las administraciones educativas.
La idea de Borràs ha sido asumida también por la CUP, que ha considerado que la actuación del Govern deja “a la intemperie” a la comunidad educativa de los centros. “Todas las propuestas que lleguen en referencia a proteger la comunidad educativa y defender la lengua catalana son bienvenidas”, ha dicho Edgar Fernandez, portavoz de los anticapitalistas. Con todo, desde la CUP aseguran que el conflicto que se ha abierto no es “por un centro” sino por el conjunto del sistema educativo y que la solución “no puede ser negociar con el Estado cuotas en plataformas audiovisuales”.
ERC ha manifestado su rechazo a la propuesta de Borràs con aún más contundencia que Aragonès. “Esto no va de soluciones improvisadas y mágicas, ni de querer cargarse la autonomía de los centros, sino de la máxima voluntad política para defender la lengua”, ha asegurado la portavoz republicana Marta Vilalta. Según ha explicado ella, su partido tiene “toda la confianza en el Govern” para que sea este el que encuentre la fórmula para garantizar la escolarización en catalán. En este sentido, Vilalta ha recordado que la Generalitat celebrará este jueves una reunión con las entidades educativas de la que espera que salga reforzado el “consenso” por la inmersión.