Junts, Vox, Cs y PP exigen la dimisión de la consellera de Justicia por la crisis en las prisiones catalanas

Revisión de protocolos sin dimisiones políticas. Así podría resumirse la comparecencia de la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, este jueves en el Parlament para dar explicaciones sobre el primer asesinato de un trabajador penitenciario en 40 años en Catalunya y el resto del Estado. 

El clima preelectoral ha impactado en la sesión parlamentaria. Junts, en un tono muy duro, se ha sumado a Vox, Ciudadanos y PP y ha reclamado la dimisión de Ubasart y de su número dos, el secretario de medidas penales, Amand Calderó. La consellera ha cortado de raíz las exigencias de los grupos de derecha y ultraderecha: “Dimitir sería mucho más fácil, pero no sería responsable”.

El asesinato de la jefa de cocina de la prisión de Mas d’Enric (Tarragona) el pasado miércoles a manos de un interno que después se suicidó ha sido el catalizador de un conflicto en prisiones larvado desde hace tiempo. Los funcionarios han rebajado la intensidad de las protestas, pero su desacuerdo total con el Govern podría volver a llevarles a repetir bloqueos contundentes y que vulneraron los derechos de los presos.

Ubasart ha insistido en calificar de “excepcional” e “imprevisible” el crimen, toda vez que el expediente penitenciario del interno y 13 de las 14 evaluaciones periódicas sobre el condenado lo calificaron como un interno de riesgo bajo. La otra lo tildó de riesgo medio, en 2020. El interno presentaba un buen comportamiento en prisión.

Desde su ingreso en prisión en 2016 para cumplir condena por el asesinato de una mujer, el interno había reconocido los hechos y se había mostrado arrepentido, no se detectaron problemas de salud mental y presentaba buen comportamiento. Además, se sometió a un programa antialcoholismo.

El interno rehusó pasar al tercer grado (que le permitiría trabajar fuera de la cárcel y acudir a dormir al centro) porque no tenía vínculos familiares ni sociales fuera del centro, por lo que los profesionales penitenciarios priorizaron que asumiera hábitos de trabajo dentro de la prisión.

El único incidente antes del crimen que protagonizó el interno fue un puñetazo a otro preso que antes lo había insultado. Fue en octubre de 2023, pasó unos días en aislamiento y hasta que apuñaló a la cocinera “no presentó ninguna conducta violenta o hostil”, ha remarcado Ubasart.

Sobre por qué un interno condenado por asesinar con arma blanca a una mujer podía acceder a los cuchillos de la cocina de la cárcel, Ubasart ha recordado que las herramientas y cuchillos de la cocina están custodiados en un búnker de funcionarios dentro de un armario, y que se entregan a los internos con un registro. Pero ha rehusado dar más detalles al estar el caso bajo investigación interna y judicial.

“Con la información recopilada hasta hoy, la premisa de que el riesgo cero no existe, y la evidencia empírica de miles de casos similares que han pasado por el sistema penitenciario, el desenlace fatal [del caso de Tarragona] era difícilmente previsible”, ha argumentado Ubasart.

Sobre las medidas a aplicar tras el asesinato, Ubasart ha avanzado que se revisarán los protocolos y los espacios, conjuntamente con los trabajadores de las cárceles, “en términos de seguridad”. Los empleados de los centros de trabajo para la reinserción en el interior de las prisiones, como las cocinas o los talleres, también se incorporarán a las juntas de tratamiento, y se dará formación específica sobre “nuevos perfiles de interno”.

Rifirrafe con Junts

Toda la oposición ha criticado la gestión del Govern, pero con distinto tono. La unión de Junts a los grupos de la derecha y la extrema derecha para reclamar la dimisión de Ubasart ha soliviantado a la consellera, que ha protagonizado un rifirrafe con el representante del partido de Puigdemont, Francesc de Dalmases.

El diputado de Junts ha afeado las “excusas” de Ubasart, a la que ha acusado de aplicar una política penitenciaria de “buenismo mal entendido”. “Su respuesta es ridícula e insultante, dar autoridad a los funcionarios no es impunidad”, ha dicho Dalmases.

El resto de grupos de la derecha (PP, Vox y Ciudadanos) también han exigido que los funcionarios penitenciarios sean considerados agentes de la autoridad, una decisión que, sin embargo, escapa de las competencias de la Generalitat ya que es de ámbito estatal. “Quien ha gobernado no se tendría que abonar a las tesis populistas”, ha replicado Ubasart a De Dalmases.

Sin llegar a pedir la dimisión de la consellera, el diputado del PSC Ferran Pedret sí ha reclamado al equipo de Justicia “asunción de responsabilidades”. “Han perdido el contacto con la realidad”, ha afirmado Pedret, que ha advertido: “Enrocarse no es la mejor de las actitudes”. Desde la CUP y los comuns se ha insistido en que la huelga encubierta de funcionarios no vulnere los derechos de los presos.