El cordón sanitario a Vox que impulsaron los Comuns en el Ayuntamiento de Barcelona no vulnera los derechos de la extrema derecha. Así lo ha sentenciado una jueza de la capital catalana, que ha desestimado el recurso del partido ultra contra el acuerdo municipal de enero de este año para aislar a la formación de Santiago Abascal de la vida política local.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada rechaza el recurso de Vox y descarta que el cordón sanitario “evidencie” que los grupos municipales “se impongan” a una minoría política (el partido ultra tiene dos de 41 concejales), tal y como alegaba la formación de extrema derecha.
El acuerdo impulsado por Barcelona en Comú y que votaron todas las fuerzas políticas salvo Vox y el PP estableció que las formaciones se comprometían a llevar a cabo los pactos necesarios para que Vox quedara fuera de las presidencias de las comisiones municipales.
El pacto también declaró al consistorio “libre de discursos de odio, donde no tengan lugar ni el racismo ni las discriminaciones de ningún tipo”, y formalizó el compromiso de todos los grupos a “no normalizar ni legitimar la acción política de la extrema derecha”, lo que se concretaba en un acuerdo para no suscribir ninguna de sus iniciativas.
Vox alegó que el cordón sanitario “alteró las reglas del juego firmemente establecidas y consolidadas en el Ayuntamiento de Barcelona” y aislaba a sus dos concejales “de forma absoluta”, ya que limitaba su discurso político e incluso les impedía, según el partido, participar en reuniones de trabajo con entidades sociales.
La magistrada rechaza con claridad los argumentos de la extrema derecha ya que Vox no aportó pruebas de que el cordón sanitario impidiera su actividad política: “No se ha probado que los representantes políticos [de Vox] se hayan visto perturbados en el ejercicio a participar en los asuntos públicos”.
Afea la magistrada Meritxell Quella a Vox que no detallara en su recurso qué actos concretos les vulneraron los derechos a la libertad de expresión y a la participación política. El acuerdo municipal no vulnera los derechos de Vox, signo que, según explica la magistrada, “se ha dirigido a fijar unas directrices comunes para encaminar la lucha contra los ‘discursos de odio’, reforzando el compromiso con ‘la democracia, los derechos humanos y la diversidad’”.
La sentencia recuerda que Barcelona en Comú no promovió el cordón sanitario como una iniciativa “en contra”, sino “a favor” de las instituciones y en defensa de la democracia.
Durante el debate de la medida, además, los representantes de los distintos grupos políticos que apoyaron la proposición aludieron a las cifras de aumento de hasta en un 85% de las denuncias por discriminación y a la necesidad de evitar los vetos en las declaraciones institucionales (que requerían unanimidad) en temas de valores constitucionales esenciales (discriminación de género, xenofobia, diversidad ideológica o religiosa) que podría promover Vox. “El acuerdo es una iniciativa y una declaración de naturaleza política”, concluye la resolución.