La Justicia europea retira la inmunidad a Carles Puigdemont. El Tribunal General de la UE (TGUE) ha avalado este miércoles la decisión del Parlamento Europeo de quitar la protección de la que gozan el expresidente catalán y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí a petición del Tribunal Supremo. Puigdemont ha anunciado que recurrirá la sentencia sin concretar nada sobre su eventual vuelta a España. El Gobierno ha celebrado el fallo y ha instado al expresident a comparecer ante la Justicia.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena estaba a la espera de la decisión del TGUE para proseguir con el procedimiento de extradición de los políticos independentistas que huyeron a Bruselas y que hasta ahora se le ha atragantado. El fallo europeo supone un refuerzo al magistrado español, pues rechaza los argumentos esgrimidos por los políticos independentistas contra la decisión de la Eurocámara de aceptar el suplicatorio del Tribunal Supremo.
Los jueces de Luxemburgo consideran que el proceso judicial contra Puigdemont “no se incoó con la intención de dañar” su actividad como eurodiputado, ya que su procesamiento por el procés tuvo lugar en marzo de 2018 (más de un año antes de que consiguiera el acta como europarlamentario).
“Al examinar un suplicatorio de suspensión de la inmunidad, no corresponde al Parlamento analizar la legalidad de los actos judiciales españoles, pues esta cuestión es competencia exclusiva de las autoridades nacionales”, argumenta el TGUE, en lo que supone un blindaje claro del juez Llarena y un revés a las pretensiones de Puigdemont de cuestionar su competencia para investigarle.
El siguiente paso ahora corresponde al juez Llarena, que debe decidir si reactiva ya las peticiones de extradición o espera a la resolución del recurso que Puigdemont presentará ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). En cualquier caso, perder la inmunidad no supone que la extradición se produzca de forma automática dado que Bélgica tendrá que volver a analizar la petición –esta vez solo por malversación una vez derogada la sedición–. El Supremo ha fracasado en sus cuatro intentos anteriores de traer al expresidente catalán a España.
Mientras aguardan la decisión de Llarena, Puigdemont, Ponsatí y Comín ya han adelantado que darán la batalla y recurrirán al TJUE, que es la instancia superior. Para eso tienen un plazo de dos meses y Luxemburgo tendrá que emitir una decisión (la definitiva) en los siguientes seis meses.
Aval a los eurodiputados de Ciudadanos y la ultraderecha
El tribunal también desdeña el argumento de la parcialidad del ponente del suplicatorio, que fue el búlgaro Angel Dzhambazki; perteneciente al grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), del que forma parte Vox. Por un lado, los jueces sostienen que el proceso de elección del eurodiputado que redactó la propuesta obedece a un sistema rotatorio que se establece en “igualdad de condiciones”. Así, reconoce que ningún miembro de la Eurocámara es “políticamente neutro” dado que “por definición” tienen una naturaleza política.
“La pertenencia del ponente encargado del examen de los suplicatorios de suspensión de la inmunidad al grupo político europeo de los conservadores y reformistas europeos (ECR) es en principio irrelevante para la apreciación de su imparcialidad”, señala el TGUE, a pesar de que Vox forma parte del proceso penal contra Puigdemont, Ponsatí y Comín como acusación. “Esa situación particular concierne a los diputados que son miembros de dicho partido, pero no puede ampliarse, como regla, al conjunto de los miembros del grupo político ECR por el único motivo de que compartan afinidades políticas debido al hecho de que formen parte del mismo grupo”, expresan los magistrado.
En similares términos, el TGUE ha rechazado el alegato de los eurodiputados de Junts por la supuesta falta de imparcialidad del presidente del Comité de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, Adrián Vázquez (Ciudadanos). “La imparcialidad del presidente del Comité no puede evaluarse, en principio, a partir de su ideología política y, en particular, por formar parte” de un partido como Ciudadanos.
La conclusión del TGUE es opuesta a la que llegó el Tribunal de Justicia de la UE (la instancia superior) cuando, el año pasado, devolvió de forma cautelar la inmunidad a Puigdemont que ahora se le ha vuelto a retirar. Los jueces del TJUE sí consideraron, a priori que Dzhambazki y Vázquez habían mantenido una “parcialidad o prejuicio personal” hacia los independentistas.
En rueda de prensa, Puigdemont ha explicado que reiterará el argumento de parcialidad de Vázquez y Dzhambazki en su recurso y su petición de medida cautelar para que el TJUE le devuelva la inmunidad. El expresident ha cargado especialmente contra el fragmento de la sentencia que avala la imparcialidad de Adrián Vázquez, quien este mismo miércoles ha tildado a Puigdemont de “payaso” y “paria” en RAC-1. “¿Pero qué broma es esta? ¿De verdad quién se refiere así hacia nosotros es alguien que nos puede ofrecer todas las garantías? ¿La UE permitirá esta broma?”, ha enfatizado Puigdemont, visiblemente molesto.
El lunes, en Estrasburgo
Preguntado en rueda de prensa por si la sentencia elimina la posibilidad de su regreso a España, Puigdemont ha evitado dar una respuesta clara. “Hoy la opción de regresar está igual de lejos o de cerca que antes de la sentencia”, ha añadido, sin dar más pistas sobre su futuro. Sus planes inmediatos, ha explicado, pasan por, el próximo lunes, acudir a la sede del Europarlamento en Estrasburgo (Francia), donde se celebrarán comisiones y el pleno. La sentencia, ha alegado la defensa de Puigdemont, mantiene que no puede ser detenido mientras acude a la Eurocámara.
Por su lado, el Gobierno ha expresado su satisfacción con el fallo europeo. “Es un espaldarazo y un respaldo indudable a las instituciones y la Justicia española y también al Parlamento Europeo”, ha expresado la ministra de Justicia, Pilar Llop, para a renglón seguido instar al expresident a comparecer ante el juez Llarena: “Dejémonos de paños calientes. El ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la Justicia. Esa es su obligación como ciudadano”.