Gabriel, el joven de Zaragoza –administrativamente de nacionalidad rumana– ha pasado 48 días encerrado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona sin una “cobertura legal” que lo permitiera. Así lo ha resuelto la Audiencia de Zaragoza, que ha ordenado este martes la inmediata puesta en libertad del joven, cuyo caso desveló elDiario.es. A última hora de la tarde Gabriel ya se encontraba fuera del CIE de Barcelona.
Gabriel fue encerrado en el CIE el pasado 4 de abril después de recibir una orden de expulsión de la Delegación del Gobierno de Zaragoza. En un auto, la Audiencia de Zaragoza recuerda que aunque se haya dictado una orden de expulsión, no se puede encerrar en un CIE a un ciudadano comunitario para cumplirla, tal y como alegaba la defensa de Gabriel y colectivos en defensa de los derechos humanos como Migrastudium o Irídia.
En una entrevista con este diario el pasado 11 de mayo en el CIE de la Zona Franca, Gabriel describió la dureza de las condiciones de vida del centro –“estar aquí no es vida, es una tortura”– además de recordar que toda su vida esta en Zaragoza por mucho que su nacionalidad fuera rumana. “En Rumanía no tengo nada, ni familia ni amigos. No conozco ni el idioma. Si llego allí, dormiré en la terminal del aeropuerto y buscaré la forma de volver a casa”, explicó.
El caso de Gabriel muestra el difícil encaje con los derechos humanos de centros como el CIE, donde muchos ciudadanos de origen extranjero permanecen encerrados no porque hayan cometido un delito, sino a la espera de que se ejecute una cuestión administrativa como es una orden de expulsión de España.
A este joven de 28 años de Zaragoza –llegó a la capital aragonesa con seis años y allí vive con su mujer, que está embarazada– se le sumaba el hecho de su nacionalidad rumana, esto es, un país de la Unión Europea. Tal y como explicó José Javier Ordóñez, abogado de Migrastudium, el servicio jesuita a migrantes, el caso suponía “el colmo de la injusticia dentro de un centro injusto como ya es el CIE”.
En su auto, los magistrados de Zaragoza razonan que aunque la ley de residencia en España de ciudadanos de la Unión Europea permita su expulsión por “razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública”, lo que no contempla en ningún caso es un internamiento. En otras palabras: se puede expulsar a Gabriel de España, pero no encerrarlo en un CIE.
Aunque existen criterios opuestos entre jueces sobre el internamiento de comunitarios, ahonda la Audiencia de Zaragoza, hay que decantarse por una opción que no sea “restrictiva de derechos fundamentales”, por lo que procede la libertad inmediata de Gabriel.
“La aplicación de una medida cautelar de internamiento, a efectos de ejecutar una resolución administrativa de expulsión, carece de cobertura legal en el caso de los extranjeros que son ciudadanos de un Estado miembro de la Unión”, concluye el auto.
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