La justicia recurre a órdenes de desahucio con fecha abierta para evitar que la PAH los pare
A partir de este miércoles, 16 de enero, Raquel y sus dos hijas no van a salir de casa. Ese día empieza a contar el plazo de quince días en que podría presentarse la comitiva judicial para desahuciarlas. El suyo es uno de los casos que desde hace unos meses trae de cabeza a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y a otras entidades en defensa del derecho a la vivienda, que han visto como están proliferado en Barcelona las órdenes de desalojo sin una fecha concreta, a las que no pueden dar respuesta como hacían hasta ahora: concentrándose decenas de activistas a la puerta para impedir que echen a la familia.
Hasta ahora y desde el inicio de la crisis de las hipotecas, los jueces emitían órdenes de desahucio con una fecha y una hora concretas. Pero en el último año, sobre todo en Barcelona, los jueces están recurriendo cada vez más a lanzamientos con un plazo abierto cuando constatan que la PAH u otras entidades les han paralizado los anteriores. El Ayuntamiento de Barcelona, al que por protocolo se avisa desde los juzgados cuando hay un desahucio, ha registrado 47 desahucios sin fecha en 2018. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) elevan la cifra a 58.
Fuentes judiciales aseguran que los magistrados solo adoptan esta medida cuando un inquilino ya ha paralizado al menos dos desahucios con anterioridad. Y añaden que esta no es una práctica nueva, sino que ya se habían dado casos de desahucios abiertos con anterioridad, aunque ni las entidades ni el ayuntamiento se habían encontrado hasta ahora con que fuera recurrente. En 2017, los servicios sociales del consistorio registraron solo siete casos.
La angustia de no saber cuándo vendrán
Después de parar sus tres últimos desahucios, desde el juzgado le comunicaron a la abogada de Raquel que esta vez el desalojo sería en algún momento entre el 16 y el 31 de enero. “Me duele el pecho sólo de pensar que pueden venir a cualquier hora... Estoy que si veo a una patrulla de los Mossos d'Esquadra doblando la esquina ya creo que vienen a desahuciarnos”, lamenta esta mujer, que estuvo este lunes tratando de negociar la paralización del desalojo ocupando con la PAH las oficinas de la finca que administran su piso. La acción finalizó sin acuerdo.
“Ya he comunicado al colegio y a los Servicios Sociales que mi hija mayor no irá a clase el miércoles, no pienso dejar de luchar y que nos echen”, sostiene Raquel. Como el de otros afectados por impagos de hipoteca o alquiler, esta mujer, con dos niñas de cuatro años y seis meses, lleva años angustiada por el futuro de su hogar. Hace tres años tuvo que dejar de pagar el alquiler tras perder su trabajo, pero consiguió negociar con la propiedad con la ayuda de la Oficina de la Vivienda. “Pero hace unos meses dejaron de aceptar los 600 euros al mes que les pagaba”, asegura.
Desde entonces, ha parado tres desahucios: el 4 de julio, el 8 y 26 de noviembre. Pero el que viene lo tendrá mucho más complicado. Aun así, en situaciones similares las entitades han llegado a montar guardia con dos o tres personas en hogares con desahucios con fecha abierta para impedirlos igualmente. No solo la PAH, también otras que luchan por el derecho a una vivienda digna en la capital catalana, como 500x20, que trabaja en Nou Barris, o el Sindicat de Barri del Poblesec.
Una campaña en la Ciutat de la Justicia
“Es una práctica que va en contra de los movimientos sociales, no podemos organizarnos para parar desahucios en la puerta”, denuncia Lucía Delgado, portavoz de la PAH en Barcelona. Su entidad todavía paraliza desahucios a diario en la capital catalana. “Hemos llegado a impedir desalojos una, dos, tres y hasta siete veces”, sostiene. Es precisamente por eso que entienden desde la plataforma que solo tienen constancia de que este tipo de órdenes se estén dando en Barcelona. En la PAH de Madrid, por ejemplo, aseguran que se han encontrado con “algunas, pero pocas”.
Para ponerle fin, distintas entidades por el derecho a la vivienda se han organizado en torno a una plataforma que ha realizado su primera protesta este miércoles en la Ciutat de la Justicia. Presentan un manifiesto junto a decenas de asociaciones y piden una reunión con la jueza decana, Mercè Caso. Con ella se sentaron ya en mayo, cuando le comunicaron por primera vez su rechazo a esta práctica, pero desde entonces las entidades aseguran que no ha habido cambios sustanciales. Sigue habiendo desahucios con fecha abierta.
El manifiesto contra estos desahucios ha recibido la firma ya de más de 200 entidades. Además de las citadas PAH, 500x20 o Sindicat de Barri del Poblesec, del ámbito de la vivienda, hay asociaciones de familias de colegios, partidos como la CUP o Podem, asambleas estudiantiles y una docena de CDR.
