El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha vuelto a rechazar este lunes la petición del Govern de aplicar un toque de queda en 62 ciudades, incluyendo las más grandes, y ha optado por mantenerlo en las 19 con mayor incidencia. El tribunal mantiene el criterio ya mostrado el pasado jueves, cuando levantó las restricciones de movilidad para la mayor parte de la población catalana al entender que la pretensión de la Generalitat era desproporcionada.
Con esta decisión la Sala deniega el toque de queda en 43 municipios, entre ellos la mayor parte del Área Metropolitana de Barcelona. Así, ciudades como la propia Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, Cornellà, El Prat, Tarragona, Lleida o Girona quedan exentas del toque de queda, tal y como lo han estado el pasado fin de semana.
Los argumentos de los jueces vuelven a referirse a lo que ya indicaron el jueves pasado, aunque esta vez inciden más aún en la idea de que el toque de queda no es una medida adecuada para controlar el orden público. “El control de las interacciones sociales no es ningún criterio sanitario estrictamente considerado, como una genuina potestad para el mantenimiento de la seguridad y del orden público, cuya naturaleza además no transmuta según las franjas horarias de las relaciones sociales, para convertirse en cuestión sanitaria lo que en horario diuno es indiscutiblemente un tema de policia administrativa”, afirman en su resolución.
En la misma línea, el TSJC pone de manifiesto que con las medidas ya en ejecución los datos sobre los contagios no han ido a peor sino a mejor. “Tampoco se ha producido ninguna modificación en las circunstancias alegadas por la autoridad sanitaria en su informe”, asegura el auto, que entiende que tras su decisión del jueves no ha cambiado “la curva epidémica, ni los datos o índices considerados para determinar su criterio, que ni tan siquiera han sido presentados actualizados”.
Por último la interlocutoria judicial afea a la Generalitat la falta de justificación para las medidas que reclamaba, hasta el punto de echarle en cara que, en su nueva solicitud del viernes pasado, no hubieran actualizado la incidencia acumulada de cada municipio. Como esta actualización no se envió, los jueces hubieron de hacer una comprobación por sí mismos en los datos públicos de Salut. “De los propios datos de la Administración solicitante, disponibles en su sede electrónica, se desprende que parte de los municipios de más de 20.000 habitantes para los que se interesa el toque de queda no acanzan el índice IA7>125 en la fecha de la solicitud, de manera que según sus propias premisas resultaría todavía más innecesario y desproporcionado el toque de queda que para estos municipios sin embargo solicita”, aseguran.
El choque entre el Govern y el TSJC se produjo el jueves pasado, cuando la Sala de lo Contencioso rechazó la pretensión de aplicar un toque de queda en los 148 municipios que presentaban una incidencia acumulada por encima de 125, o que están rodeados por ellos, y lo redujo a las 19 que sufren una incidencia de más de 250. El auto judicial justificaba esta decisión por ser el límite marcado por la propia Generalitat en las anteriores semanas y al entender que no estaba justificado que ahora se rebajara a la mitad.
De esta forma, el toque de queda decayó para decenas de ciudades en la noche del jueves al viernes, con lo que se pudieron volver a ver imágenes de gente por la calle y fiestas que se alargaban. La más multitudinaria, la de Gràcia en Barcelona. El viernes el Govern volvió a pedir al TSJC un nuevo toque de queda, en este caso, para las ciudades de más de 20.000 habitantes y con una incidencia por encima de 125.
En su resolución, la Generalitat apela también a un informe de la Agencia de Salud Pública, que rechazan hacer público, y que según explican “incide en que es necesario y está justificado, como medida de salud pública, ampliar la medida del confinamiento nocturno en aquellos municipios de más de 20.000 habitantes”. Como siempre han dicho, desde la Generalitat se muestran convencidos de que con esta restricción “se reducen las interacciones sociales” precisamente de las franjas de edad jóvenes, hoy con mayor incidencia.
Ante la crítica del TSJC de que el Govern podía estar aplicando esta restricción con objetivos de contención del orden público –básicamente las fiestas nocturnas– y no sanitarios, este viernes la consellera de Justicia lo negó. “En ningún caso la prioridad es limitar derechos fundamentales, en absoluto. La prioridad es garantizar la salud pública y parar la propagación de la pandemia para recuperar al final la actividad económica, social y cultural”, manifestó Lourdes Ciuró.