La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha presidido este viernes la segunda cumbre contra las causas estructurales de la corrupción tras su procesamiento por fraccionar contratos para beneficiar a un amigo cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
A la espera de que la Fiscalía Anticorrupción presente en los próximos días su escrito de acusación, Borràs está procesada por los delitos de prevaricación, fraude, malversación y falsedad documental por haber fraccionado hasta 18 contratos a dedo de la ILC para beneficiar a su amigo Isaías H. El sumario del caso también constata que Borràs se interesó por la investigación de los Mossos cuando ya no estaba al frente de la ILC, tal y como muestran los audios desvelados por elDiario.es.
En su discurso de este viernes, Borràs no ha hecho mención a su causa si bien ha reiterado de forma velada lo que el martes proclamó en una comparecencia, esto es, que es una víctima de una causa “prospectiva”. Cabe recordar que la causa de Borràs no está ligada al procés, sino que nació a partir de intervenciones telefónicas legales a su amigo en los que él aseguraba tener “unos trapis” con la ILC.
Los investigadores tiraron del hilo y descubrieron comprometedores correos electrónicos de Borràs con su amigo, así como informes de la Intervención de la Generalitat en los que se alertaba del exceso de contratos a dedo en la ILC, además de los audios en los que la presidenta del Parlament pedía a un funcionario que la avisara si los Mossos volvían a la sede de la entidad.
Este viernes Borràs ha argumentado que el objetivo de acabar con la corrupción “es más alcanzable en los países avanzados, donde la separación de poderes está consolidada” que en las “democracias viciadas con tics autoritarios”. En este clase de países, a su juicio, la corrupción, “puede dejar de ser un problema que debe eliminarse y convertirse, de forma perversa, en un arma para combatir la disidencia política”.
“Debemos ser conscientes de que el 'lawfare' también es una estrategia de represión, y demasiado a menudo consigue el objetivo de ensuciar con la corrosiva mancha de la corrupción los adversarios políticos”, ha aseverado Borràs, para a renglón seguido remarcar el compromiso del Parlament “con la transparencia y la voluntad de la ciudadanía autoorganizada de contribuir a un cambio de cultura para poner en valor la ética de la actividad política”.
Una vez formalizada la acusación de Anticorrupción, el juez ya podrá abrir juicio oral contra Borràs. Este será el momento crítico para la presidenta del Parlament, ya que el reglamento de la Cámara estipula la suspensión de cualquier diputado a quien se le abra juicio oral por delitos de corrupción. Este momento procesal podría llegar incluso antes de las vacaciones de agosto.
La oposición en bloque exige la dimisión de Borràs ante la necesidad de preservar la dignidad del Parlament y de no confundir la institución con la estrategia de defensa personal. Por su lado, ERC y la CUP evitan pedir explícitamente la renuncia de Borràs, si bien ya se preparan para dejarla caer una vez sea firme la apertura de juicio oral. Solo Junts apoya en público a Borràs, aunque en privado sectores del partido constatan que la situación judicial de la recién elegida presidenta de la formación provoca un desgaste en la marca.