El exsecretario general y el exletrado mayor del Parlament, Xavier Muro y Joan Ridao, han explicado este miércoles a la jueza que las mociones sobre la autodeterminación y la reprobación de la monarquía por las que está investigado el expresidente de la Cámara Roger Torrent eran meras “proclamas políticas” que, a su juicio, no contravenían de forma abierta los avisos del Tribunal Constitucional.
Muro y Ridao han comparecido este miércoles como testigos en la causa por desobediencia que sigue el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra Torrent y otros cuatro exmiembros de la Mesa por haber permitido el debate y votación en 2019 de sendas mociones sobre la autodeterminación y para reprobar la monarquía.
A diferencia de causas anteriores relacionadas con el proceso soberanista, en que los letrados se convirtieron en testigo de cargo de la Fiscalía al reafirmarse en las advertencias que hicieron a la Mesa para no desarrollar iniciativas vetadas por el Constitucional, en esta ocasión su testimonio ha dado aire a las defensas.
Según fuentes jurídicas, la magistrada instructora, Maria Eugènia Alegret, ha llevado el peso de los interrogatorios, que se han alargado casi cuatro horas, con preguntas muy minuciosas para conocer la cronología exacta de los hechos investigados: Torrent adelantó el horario del pleno para poder votar así la moción sobre la autodeterminación y evitar que llegara la notificación del Constitucional que lo impedía.
Muro y Ridao, según las mismas fuentes, han explicado al detalle los procedimientos parlamentarios y han remarcado que los textos bajo foco judicial eran “proclamas políticas” de contenido “vago”. Por ejemplo, la moción reprobaba a la monarquía de forma genérica cuando en anteriores plenos se había personalizado en Felipe VI. Los grupos independentistas buscaban así que los textos no fueran cuestionados por el Constitucional.
Ambos juristas –Muro sigue como letrado de la Cámara, y Ridao ahora da clases en la Universidad– han relatado que comunicaron a la Mesa que la tramitación de la resolución sobre la autodeterminación podía llegar a dar “problemas” con el Tribunal Constitucional, pero debido a su falta de concreción no advirtieron tajantemente de su ilegalidad, por lo que no se opusieron a que se continuara su tramitación.
Según la Fiscalía, Torrent y sus compañeros independentistas en la Mesa tramitaron dos resoluciones en la pasada legislatura a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía pese a las advertencias de su ilegalidad por parte del secretario general del Parlament y a sabiendas de que el Constitucional se lo había prohibido.
En sus declaraciones en cambio Muro y Ridao no han sido tan contundentes como mantiene el fiscal, y han manifestado que la situación en que se debatieron las mociones no guardaba relación alguna con los momentos de tensión en la Cámara vividos durante el procés. Eso sí, han dejado claro que una vez recibidas las notificaciones ninguna de las mociones llegó a publicarse en el Boletín Oficial del Parlament.
De hecho en una de las mociones, han recordado, la resolución del Constitucional que prohibía el debate llegó después de su votación, por lo que no pudieron manifestar ninguna advertencia legal a la Mesa. Los letrados han corroborado que el correo electrónico del Constitucional tardó en llegar al buzón electrónico del Parlament porque la notificación era voluminosa al incluir abundante documentación escaneada.