La madre de 16 años del bebé que fue arrojado al río Besòs por parte del padre de la criatura, el pasado 24 de septiembre, acudió durante su embarazo a los servicios municipales de los localidad, l’Hospitalet de Llobregat, para pedir ayuda para abortar. Según ha adelantado El Periódico y ha podido confirmar eldiario.es, la adolescente se dirigió al Punto de Información Salud Joven, donde le detallaron que no podía interrumpir la gestación sin el consentimiento de sus progenitores, de acuerdo con la reforma del PP de la ley del aborto en 2015.
La adolescente recurrió a ese servicio el pasado 13 de marzo, cuando estaba embarazada de menos de 14 semanas. Al tratarse de una consulta de carácter confidencial, pensada para generar confianza en los jóvenes que se encuentran en situación de riesgo, los psicólogos y educadores que la atendieron no informaron a la familia ni a ningún centro de salud, aunque le recomendaron que acudiera a uno para comunicar su situación.
Madre y padre, ambos menores de edad, optaron por ocultar el embarazo de ella hasta el punto de que dio a luz en un hostal de l’Hospitalet, el pasado 23 de septiembre, sin ninguna supervisión médica y sin que sus progenitores lo supiesen. Ya con el recién nacido, ambos cruzaron Barcelona en metro hasta llegar a Sant Adrià del Besòs, donde se separaron. Fue entonces cuando el padre se adentró en un cañaveral del río Besòs y salió sin el bebé.
Según El Periódico, los Mossos d’Esquadra, que investigan el caso, sostienen que cuando se separó del padre, la chica pensaba que este lo daría en adopción. Es lo que habrían pactado. Pero una vez en comisaría el joven confesó el crimen. Tras cometerlo, el chico acudió empapado a un bar diciendo que le habían robado una maleta, pero para entonces la policía catalana ya había recibido llamadas alertando de su presencia con el recién nacido en la orilla del río.
El cadáver del bebé apareció en el mismo río el día 27 de septiembre. La autopsia concluyó que estaba vivo cuando lo dejaron. El padre pasó a disposición judicial y, tras pasar varios días en prisión, quedó en libertad bajo vigilancia. El caso sigue bajo secreto de sumario.
Aunque se desconoce si la adolescente estaba decidida a no tener el bebé, lo cierto es que ni siquiera pudo planteárselo, puesto que la ley se lo impedía sin el consentimiento de los progenitores, a quienes mantenía sin noticias de su embarazo. Fue durante el Gobierno de Mariano Rajoy el que reformó la ley socialista que regula la interrupción voluntaria del embarazo para impedir que las menores de 16 y 17 años pudieran abortar sin la autorización paterna. El Congreso pidió al Ejecutivo en octubre que vuela a permitir ese supuesto.