Los juicios del procés no han terminado y se van cumpliendo los trámites antes de que se celebren. Este martes, el presidente del Consejo Nacional de ERC y de su grupo en el Parlament, Josep Maria Jové, la mano derecha de Oriol Junqueras en 2017, ha solicitado al tribunal que debe juzgarle por el referéndum preguntar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) si ha efectuado contra él “algún tipo de investigación criminal o de inteligencia”.
Así consta en el escrito de defensa de Jové presentado este miércoles ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La Fiscalía pide 7 años de prisión y 32 de inhabilitación para Jové, y seis de prisión y 27 de inhabilitación para Lluís Salvadó, número 3 de Economía en el 2017 por malversación, prevaricación y desobediencia. Junto a ambos dirigentes de ERC irá a juicio la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga, asesora de Junqueras hace seis años y a quien ahora se reclama un año de inhabilitación por desobediencia.
Jové pretende así emerger en la vista por el 1-O el espionaje del que supuestamente fue víctima por parte del CNI dos años después mediante el programa Pegasus. El próximo 26 de mayo acudirá a declara como perjudicado ante el juez por este caso después de que la Audiencia de Barcelona, en una decisión inédita, ordenara al juez instructor investigar a fondo el caso tras un año sin avances en las pesquisas.
De cara a su juicio por el 1-O, Jové pide que el tribunal pida al CNI si tiene constancia de haber efectuado “algún tipo de investigación criminal o de inteligencia” contra él, y si la misma ha incluido la interceptación de sus comunicaciones o sus equipos informáticos y de teléfonos.
Además de impugnar toda la investigación de la Guardia Civil al considerarla prospectiva e ilegal, Jové asegura ser víctima de una “estrategia política y judicial para acabar con el independentismo”, que se consumó en la causa secreta que dirigió el juzgado 13 de Barcelona sobre los preparativos del 1-O y los registros y detenciones ordenados el 20 de septiembre.
Según la defensa de Jové, el operativo policial que trabajó, a su juicio, sin control judicial para construir su causa y articular una “investigación prospectiva sobre ningún hecho concreto, ni en relación a ninguna persona concreta, basándose en una criminalización de ideologías y proyectos políticos legales y legítimos” El único indicio, en opinión de Jové, era su independentismo.
“La causa general iniciada, por tanto, no sólo discurría a través de procedimientos policiales y judiciales prospectivos sino también a través de procedimientos netamente ilegales”, añade Jové al escrito de defensa, en referencia al espionaje con Pegasus.
En la parte más política del escrito, Jové hace un llamamiento a construir alternativas políticas para la resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado: “Ante un conflicto de naturaleza política sólo caben soluciones políticas; optar por respuestas judiciales no lo resolverá”.