Impulso sin precedentes a la investigación del espionaje a los independentistas mediante el programa Pegasus. La Audiencia de Barcelona ha ordenado a una de las juezas que investiga las denuncias de dos dirigentes soberanistas una batería de diligencias que hasta ahora ningún instructor había tomado. Los magistrados acuerdan la imputación de la firma israelí NSO, que comercializa el 'software' espía, preguntar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) si ha comprado el programa y la comparecencia como testigo de su directora, Esperanza Casteleiro.
Esta batería de diligencias se circunscriben únicamente a la causa por el espionaje que afecta al diputado de ERC en el Parlament Josep Maria Jové y la eurodiputada republicana Diana Riba. Por ahora la Justicia ha descartado asumir en una única macrocausa el espionaje con Pegasus a los independentistas, por lo que hay diligencias abiertas en media docena de juzgados en la capital catalana.
La querella de Riba y Jové reclama enfocar la investigación tanto hacia la empresa israelí como hacia el CNI u otros organismos estatales supuestamente compradores de Pegasus. Esta segunda vía de investigación ya fue descartada por el juez y el fiscal en verano de 2020, cuando así se lo pidieron los primeros espiados, los también republicanos Roger Torrent y Ernest Maragall.
Las distintas investigaciones habían quedado en vía muerta por la negativa de los jueces a imputar al exdirector del CNI Félix Sanz Roldán y el silencio de Israel, que lleva dos años sin contestar la petición de auxilio del juez de Barcelona para que NSO Group aportara los datos que conserva respecto los móviles de Torrent y Maragall.
A nivel político, ERC y el Gobierno suavizaron la tensión por el espionaje con el cese de la antecesora de Castelerio, Paz Esteban, quien reconoció en el Congreso el espionaje a 18 independentistas, siempre con el aval del juez del Tribunal Supremo. Una crisis susceptible de reabrirse con las revelaciones que proporcione la causa judicial.
En su auto, los magistrados de la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona acuerdan casi todas las diligencias solicitadas por el abogado de Jové y Riba, Andreu Van den Eynde, y afean a la jueza instructora su decisión “incoherente” de admitir la querella de ambos dirigentes sin tomar ninguna otra decisión y dar a la Fiscalía “el control” de la investigación y “marginar” a los dos independentistas. Los jueces también avalan el análisis pericial de los móviles de ambos dirigentes solicitado por la Fiscalía.
Los magistrados acuerdan poner la directa en la investigación mediante dos vías. La primera, tomar declaración como imputada a la empresa israelí que comercializa el 'software' espía, NSO Group, algo que la Audiencia cree que la jueza debería de haber acordado ya en un primer momento.
También enfoca la Audiencia de Barcelona hacia al CNI. Considera “pertinente” la Sala pedir al centro de inteligencia si compró el 'software' espía y lo usó en Jové y Riba, así como la declaración como testigo de su actual directora “para que informe sobre estos aspectos”. Los testigos están obligados por ley a decir la verdad. Al contrario de lo que mantenía la Fiscalía, los jueces expresan que la comparecencia como testigo de Casteleiro no es “prospectiva”, sino “necesaria para determinar si el 'spyware' se usó conforme a la legalidad vigente”.
Eso sí, los jueces evitan dar por descontada que el uso de Pegasus sea delictivo, como sí hacen los independentistas. “El uso del programario no sería ilícito si se ha hecho conforme la ley, que prevé que el director del CNI pida autorización al magistrado del Supremo designado especificando la duración de la medida”, recoge el auto.