La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha pedido al juez del caso Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, que revoque la petición a las autoridades suizas para localizar su domicilio en Suiza, país en el que la dirigente independentista reside desde 2018.
En un escrito, la defensa de Rovira, que ejerce el abogado Iñigo Iruín, ha comparecido en la causa tras asegurar haberse enterado por los medios de comunicación de la imputación de la política en el caso Tsunami por terrorismo y de la petición del juez a las autoridades policiales helvéticas para localizarla, en lo que podría ser un paso previo a reclamar su extradición.
Al haberse personado en la causa con abogado, la defensa de Rovira argumenta que se debe dejar sin efecto la petición a Suiza para localizarla.
La dirigente de ERC vive en Ginebra desde principios de 2018, cuando el Tribunal Supremo la citó como imputada por rebelión en la causa del procés. Ante la perspectiva de que fuera enviada a prisión, Rovira se trasladó a Suiza. Desde la derogación de la sedición, la causa del procés ya no entraña riesgo de cárcel para la dirigente republicana, quien no obstante demoró su vuelta a España ante la sospecha de que pudiera estar investigada en Tsunami.
El tiempo ha dado la razón a Rovira y, tras cuatro años con la causa abierta que estaba en vía muerta, el juez terminó por imputarla en noviembre de este año, coincidiendo con las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez y la ley de amnistía.
Sobre la petición de Rovira no hay respuesta. La magistrada que sustituye a García Castellón, María Tardón, ha pedido informe a la Fiscalía sobre si procede atender a la solicitud de Rovira.
El Ministerio Público mantiene una total discrepancia con el juez: el fiscal está en contra de la imputación por terrorismo (que rebaja a desórdenes públicos) así como de dirigir el caso contra Rovira y Puigdemont.
Recurso elevado
La jueza Tardón también ha decidido elevar a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el recurso del fiscal contra la decisión del juez de imputar por terrorismo a Puigdemont y Rovira después de las quejas del Ministerio Público a García Catellón por mantenerlos varados sus recursos sin elevarlos a la instancia superior.
La magistrada avala el freno a la tramitación de los recursos efectuado por el juzgado de García Castellón, que permitió a policías personados en el caso después del recurso del fiscal oponerse a su impugnación y defender que eran posibles víctimas del terrorismo, una maniobra dilatoria para no elevar los recursos, a juicio de la defensas del caso. Una vez finalice el último plazo dado a un policía por el juzgado esta semana, el recurso clave del fiscal ya viajará a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Alay reclama de nuevo el archivo
Las peticiones de los investigados se acumulan sobre la mesa del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional. El director de la oficina de expresident de Carles Puigdemont, Josep Lluís ha solicitado al juez “reconducir a un cauce de legalidad” el caso, lo que, a su juicio, implica archivarlo o derivarlo a juzgados catalanes para que investiguen posibles desórdenes públicos en las protestas de Tsunami, tal y como ya pidió la Fiscalía.
En un escrito, la defensa de Alay, que ejerce el penalista Gonzalo Boye, reitera la “inutilidad, impertinencia y ausencia de cualquier necesidad” de las diligencias solicitadas por el magistrado sobre la muerte por infarto del ciudadano francés en El Prat, que el juez insiste en vincular con las protestas de Tsunami en el Aeropuerto pese a los informes contrarios de los forenses, los servicios de emergencias y la jueza que examinó el fallecimiento en primer lugar.