Si hay una palabra para definir a Meritxell Batet es ordenada. Lo confirman los que la conocieron en su etapa como universitaria y los que comparten militancia con la expresidenta del Congreso. “Siempre fue una persona muy responsable, muy buena estudiante y con inquietudes políticas. La recuerdo como líder estudiantil en los primeros años de universidad”, recuerda Josep Mir, quien fuera su director de tesis.
Este año ha cumplido los 50 y ha decidido que ha llegado el momento de dejar la política. Las becas le permitieron pagar la carrera de Derecho en la Pompeu Fabra, una facultad en la que acabó siendo profesora de Constitucional. Unas ayudas para estudiar que, según recuerdan algunos compañeros de promoción, en aquel momento solo se daban a quien podía acreditar tanto buenos resultados académicos como una familia con pocos recursos económicos.
En su época de estudiante se sacaba un sueldo como camarera y aprendió a identificar a la gente en función de lo que pedía en las barras del Nick Habana y el Bikini. Algún mes fue el único ingreso que entró en casa. Hija de padres separados, su madre, administrativa, estuvo un tiempo en el paro. Batet sabe qué es, siendo una adolescente, llegar y no poder entrar porque hay un candado en la puerta por desahucio. En algunas entrevistas ha explicado que nunca olvidará la sensación de “desolación”.
Cuando Narcís Serra buscaba a alguien para reforzar el gabinete de la primera secretaría del PSC se lo comentó a Mir, amigo suyo y profesor de Batet. Él fue quien sondeó a Batet y así fue como empezó una carrera de tres décadas. Primero desde la vertiente únicamente profesional, como ayudante del político en labores jurídicas. Pero poco a poco Batet fue adquiriendo más responsabilidades. Unos años más tarde, en 2004, la jurista se convertiría en diputada en el Congreso por el PSC.
Batet tardó poco en integrarse en Madrid y, haciendo vida política en el Congreso, conoció a José María Lassalle, entonces un joven diputado del PP que se convertiría en su marido durante 11 años, hasta 2013, y con el que tuvo dos hijas.
Apasionada de la danza, quienes la conocieron de joven la recuerdan más responsable que fiestera y, sobre todo, muy trabajadora. Por eso a ninguno de sus conocidos en Barcelona le sorprendió que Pedro Sánchez se fijara en ella en el año 2015 como coordinadora de su programa electoral. En aquellos años, la catalana se convirtió en una persona muy cercana a Sánchez, hasta el punto de que en 2015 acudió como su número dos por Madrid, pese a ser militante del PSC.
Cuando el PSOE llegó al Gobierno, Sánchez la correspondió con el Ministerio de Política Territorial y, una año después, en 2019, fue elegida por fin presidenta del Congreso.
En la última legislatura, Batet ha sido la encargada de lidiar desde el Legislativo con algunas situaciones incómodas para el Gobierno de coalición o para la propia Cámara. La primera fue el cierre del Congreso por la pandemia, una medida inédita y sobre la que la derecha cargó pese a la alerta sanitaria, y que el Tribunal Constitucional acabó afeando. Poco después, Batet ejecutó la orden del Supremo para retirar los escaños de los políticos independentistas que se encontraban en prisión preventiva, como eran Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez.
Más complicada fue la situación que generó la condena del diputado de Podemos Alberto Rodríguez, cuyo escaño acabó siendo retirado entre fuertes presiones de los grupos de la derecha y tras una consulta al Supremo en la que este tribunal no aclaró si ordenaba la retirada. La presidenta, asesorada por los letrados, acabó retirando el acta, lo que supuso uno de los enfrentamientos más duros entre Batet y la formación de Pablo Iglesias.
También desde el independentismo ha recibido críticas por sus actuaciones. Durante la pasada legislatura, Batet sostuvo con mano de hierro la prohibición de utilizar en la Cámara lenguas diferentes al castellano, llegando a retirar la palabra en varias ocasiones a diputados catalanes. Una situación que en esta ocasión los grupos de izquierdas y soberanistas quieren evitar mediante una reforma del reglamento que han registrado este mismo martes.
Otra de las críticas fue el rechazo desde la Mesa de una proposición de ley de amnistía presentada por los independentistas. En aquel momento los letrados aseguraron que la propuesta era “manifiestamente inconstitucional”, una consideración con la que Batet la frenó. Sin embargo en los últimos meses diversos juristas han cuestionado ese punto de vista y hoy la posibilidad de que se tramite una ley de amnistía no es ni mucho menos remota.