El Ayuntamiento de Barcelona ha sido pionero a la hora de aprobar una medida que pretende forzar a las promotoras inmobiliarias a destinar un 30% de las nuevas viviendas a uso protegido. Pero no es el único consistorio que lo ha tenido sobre la mesa. Algunas ciudades del cinturón metropolitano barcelonés lo están estudiando desde hace unos meses, y otras lo han votado en el pleno en forma de mociones, aunque de momento ninguna de ellas ha llegado a recogerlo todavía en su normativa.
En Badalona, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Cornellà, Santa Coloma o Montcada i Reixach, ciudades gobernadas por distintos partidos políticos, se ha debatido ya la medida. Además, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), organismo supramunicipal que integra a 36 municipios, deberá pronunciarse sobre ello en las próximas semanas. En primer lugar, porque algunos de estos consistorios le piden un informe de viabilidad, y en segundo lugar, porque el PDeCAT, que a última hora dio el sí a la votación en Barcelona, lo llevará a debate en el pleno de octubre del ente.
Barcelona sacó adelante la medida, que consiste en una modificación del Plan General Metropolitano (PGM), con los votos del gobierno, PSC, ERC, la CUP y el PDeCAT. Ahora sólo queda que la Generalitat le de el visto bueno en una comisión de carácter técnico. El origen de la propuesta es una moción que redactaron en febrero las entidades por el derecho a la vivienda, como la PAH o el Sindicato de Inquilinos, y que ahora trasladarán en forma de manual a sus asambleas por toda Catalunya.
A grandes rasgos, lo que establece la propuesta en Barcelona es que todas las promociones de al menos 600 m2 destinen uno de cada tres de sus pisos a Vivienda de Uso Protegido (VPO) o, si lo prefieren, a alquileres sociales. La medida afecta también a grandes rehabilitaciones y cambios de uso de inmuebles enteros. Con ello esperan sumar más de 300 viviendas al año de precio asequible para los barceloneses. Quedarán exentas de esta 'cuota social' las promociones que hayan tramitado la licencia antes de la aprobación definitiva de la medida.
Si aparte de la capital catalana esta medida se puede plantear en otros municipios es porque está prevista en la ley catalana de Vivienda de 200. “Vamos tarde en todos los municipios, en los que hay un problema gravísimo porque no disponemos de un parque adecuado para dar respuesta ni a la gente en situación de emergencia ni a la población en general”, lamenta Guillem Domingo, portavoz de la PAH.
Mociones en varios municipios
En algunos municipios, como Badalona, Santa Coloma de Gramenet o Cornellà -tres de los más poblados del cinturón-, la oposición ha llevado a votación la propuesta en forma de moción. En los tres casos, han sido aprobadas finalmente con el voto del partido de gobierno, el PSC, que tiene el compromiso ahora de empezar las modificaciones legales. En las mociones, además de pedir que se reserve este 30% de vivienda a uso social, piden también que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) elabore un estudio sobre su viabilidad.
En el caso de Sabadell, se han reunido recientemente con el Ayuntamiento de Barcelona. “Estamos estudiando la iniciativa aunque nos gustaría que fuera más atrevida, aumentando el porcentaje de vivienda asequible o planteando medidas complementarias como una moratoria de licencias”, explica la concejal de Vivienda de la ciudad, Glòria Rubio (CUP). La moratoria a la que se refiere serviría para evitar que entre el anuncio de la medida y su aprobación, las promotoras aprovechen para tramitar sus licencias y queden exentas de la cuota. Esto se planteó también Barcelona, pero Colau acabó descartando el pasado junio para recabar los apoyos en el plenario de ERC y el PSC.
En el grupo de los consistorios que también lo están analizando desde el equipo de gobierno está Montcada i Reixach (ICV y ERC) y Sant Cugat del Vallès (PDeCAT). Este último es quizás el que está más cerca de seguir los pasos de la capital catalana. En el pleno de este octubre tienen previsto someter a aprobación la propuesta inicial del plan, según confirma la alcaldesa Carmela Fortuny a eldiario.es, después de consensuarlo con ERC.
Como en el caso de Barcelona, Sant Cugat prevé también la medida complementaria de ampliar el derecho de tanteo y retracto a toda la ciudad, precisamente para poder adquirir los pisos VPO de las nuevas promociones que se encuentren en barrios en los que le interesa tener más vivienda pública para alquiler.