La dupla saqueadora que formaron durante por lo menos una década Fèlix Millet y Jordi Montull al frente del Palau de la Música afronta el momento de devolver lo robado. Al igual que ocurrió con su ingreso en prisión, Montull se ha adelantado al que fuera su jefe y ha presentado ante el tribunal una “propuesta de plan de pago” para devolver su parte de los 23 millones saqueados junto a Millet. Al margen de las propiedades que tiene embargadas, Montull asegura que quiere abonar 500 euros al mes al Palau y que negocia con el auditorio un “calendario de pagos” del monto de indemnizaciones que debe afrontar.
No consta que Millet, condenado a devolver las indemnizaciones de forma solidaria con Montull, haya dirigido a la Audiencia de Barcelona una propuesta similar a la de su antiguo número 2. Más allá de la voluntad de resarcir al Palau declarada por Montull, el pago de las responsabilidades civiles es un aspecto clave para obtener el tercer grado, es decir, la semilibertad. De no pagar su parte de los 23 millones saqueados, Montull, condenado a siete años y medio de prisión, pasará más tiempo en la cárcel de Brians 2, donde permanece desde el pasado 22 de junio.
En su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, Montull muestra su “compromiso” de abonar las responsabilidades civiles a las que fue condenado así como su “voluntad de cumplir condena y saldar su deuda con la Justicia”. Asegura además que está negociando con el Palau de la Música para “llegar a un acuerdo transaccional” sobre el pago de las indemnizaciones.
Montull, que tiene 77 años, expresa que su objetivo es “resarcir a la mayor prontitud posible” al auditorio del expolio “en unos términos y 'tempos' satisfactorios y razonables”. Muestra de ello, a juicio de Montull, es su compromiso de pagar 500 euros al mes al Palau “a pesar de la existencia de múltiples bienes embargados”.
El exdirector administrativo del Palau argumenta que si bien pueden parecer “irrisorios” en comparación con el volumen total del saqueo, los 500 euros suponen una cuarta parte de sus únicos ingresos mensuales, una pensión de 2.000 euros con los que “mantiene” a su esposa Mercè Mir, quien carece de “ingresos o ahorros propios”. Mir también tiene que devolver casi medio millón de euros por los viajes que disfrutó junto a su marido y la familia Millet a costa de los fondos del Palau.
Para reafirmar su voluntad de devolver el dinero, Montull expone en su escrito todos los bienes y propiedades que tiene embargadas. La impunidad con la que perpetraron el saqueo del Palau Millet y Montull permitió a la Justicia localizar y embargar todos sus bienes, que seguían a su nombre y no estaban ocultos, como ocurre en otras causas de corrupción.
Así, Montull tiene embargados cuatro inmuebles, entre ellos su residencia habitual en Teià (Barcelona), de la que es propietario al 50% y está valorada en 3 millones. Sus otras tres propiedades en pueblos del Maresme ascienden a 658.000 euros, y además tiene un amarre en el puerto olímpico de Barcelona valorado en 30.050 euros.
También están bajo control judicial todas sus cuentas bancarias en España y el extranjero, varios productos financieros, un barco tasado en 22.000 euros, una lancha, una moto de agua, una moto, un quad y 108 objetos entre cuadros, relojes, televisores, espejos y estatuas que fueron incautados en el registro de su domicilio.
De los 23 millones en los que la Audiencia de Barcelona cifró el expolio, los saqueadores del Palau devolvieron 5,9 millones cuando estalló el caso en 2009, en un intento (exitoso) para evitar la prisión preventiva confesando el crimen y reparando parte del daño. A lo largo de la década que pasó hasta que el Supremo sentenció definitivamente el caso el pasado 30 de abril, Montull abonó otros 370.000 euros correspondientes a la venta de dos pisos de su propiedad, un apartamento en Menorca y el piso de la calle Verdaguer i Callís de Barcelona, junto al Palau de la Música.
Montull fue condenado a siete años y medio de cárcel por los delitos de malversación, apropiación indebida, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda pública. Por los mismos delitos fue condenado Millet a una pena de 9 años y 8 meses. Ambos usaron el dinero del Palau para pagar viajes, obras en sus casas, gastos ordinarios como tabaco o incluso las bodas de las hijas de Millet.
Por su lado, el extesorero de Convergència Daniel Osàcar fue sentenciado a tres años y medio de prisión por blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y falsedad contable en las comisiones ilegales que el partido cobró de Ferrovial a través del auditorio. A diferencia de Millet y Osàcar, Montull no intentó frenar su ingreso en prisión mediante una petición de indulto.
Millet, Montull y Osàcar permanecen en prisión desde finales de junio. A diferencia de los exresponsables del Palau, Osàcar no fue condenado a indemnizar al auditorio ya que no se apropió de parte de los fondos, sino que solo vehiculó las comisiones ilegales que Ferrovial pagó al partido a cambio de obra pública. El extesorero sí debe pagar una multa de tres millones, mientras que Convergència deberá vender las sedes que tiene embargadas para afrontar el decomiso de los 6,6 millones de euros que cobró ilegalmente.
En esta fase de ejecución de la sentencia, antes de que Millet y Montull devuelvan el saqueo se deberá concretar la cantidad que saquearon mediante la retirada de efectivo y cobro de cheques de las cuentas del auditorio, así como a qué entidad del Palau deben resarcir los fondos. Y es que el sistema de latrocinio implantado por Millet y Montull no distinguió entre la parte pública del Palau –el Consorcio– de las privadas –la Fundación y el Orfeó Català–. Los dos exmandamases confundían, transferían y saqueaban el dinero de las cuentas de las tres patas del Palau, pero tienen que devolverlo igual.