Ha pasado más de una década desde que Itzíar González asumió el cargo de concejala de Ciutat Vella en Barcelona, una etapa que estuvo marcada por su oposición al Hotel del Palau de la Música. Aquella era una operación de recalificación urbanística por la que presionaba Fèlix Millet y que asumió como propia la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, gobernado entonces por el PSC. Esta semana, Ada Colau ha anunciado su veto definitivo al proyecto, pero González todavía no lo celebra, porque teme que los propietarios de la finca, Olivia Hotels, pidan una indemnización inasumible.
La noticia llegó además a pocas horas de que se conociera la sentencia del caso Palau, que prueba que CDC se financió vía comisiones de Ferrovial y que condena a Fèlix Millet a 9 años de prisión. La exconcejala lamenta ahora que los jueces no hayan conseguido demostrar cómo el partido favorecía a la empresa en contrataciones públicas.
¿Qué le parece la decisión de Ada Colau de vetar definitivamente el hotel del Palau de la Música?
La decisión se remonta en realidad al consistorio de Jordi Hereu. Aprovechando que los Mossos habían entrado ya en el Palau en 2009, que había inquietud porque se veía que el comportamiento de Millet no era precisamente virtuoso, y haciendo prevalecer mi intuición urbanística, le pedí que lo parara. Le escribí una carta al alcalde. Pero él consideró que ese proyecto no tenía nada que ver con la posible financiación de Convergència a través del Palau. Decidió tirar adelante y yo dimití en 2010. Pero justo tras mi denuncia, cuando el Fiscal empezó a investigar también el Hotel del Palau, el plenario del Ayuntamiento impulsó un acuerdo para pararlo. Me supo mal, porque podrían haberlo hecho antes de dimitir.
Desde entonces se ha llevado la paralización al plenario también en 2016, y ahora se volverá a hacer el próximo 26 de enero, de forma definitiva. ¿Confía que este sea el fin del proyecto de hotel?
No es tan sencillo. Antes de que el Ayuntamiento revirtiera el proyecto los vecinos pusimos un contencioso-administrativo, con todo el riesgo que esto supone, contra el consistorio, la Generalitat y Olivia Hotels. Si lo ganan ellos irán al Ayuntamiento a pedir indemnización, con el gasto de dinero público que esto supone, así que ya veremos… Valoro el paso hecho por el consistorio, pero soy prudente.
Usted esperaba que Barcelona en Comú tumbara el proyecto nada más llegar al gobierno municipal, pero habrá sido casi al final del mandato.
Es que los comuns lo marcaron como un elemento fundamental durante su campaña electoral, además estaba Jaume Asens, que siempre me apoyó mucho [el actual teniente de alcalde fue el abogado de la acusación popular]. Pensábamos que sería su primera acción simbólico-política. En 2016 los vecinos fuimos con ERC al plenario para que se cambiara la modificación del Plan General Metropolitano que había permitido la operación del hotel, y los ‘comuns’ dijeron que sí, pero matizado porque entonces ya gobernaban con el PSC. Y en septiembre ya me llamaron para decirme que se había desatascado definitivamente. Y así lo han hecho.
¿Cómo se enteró de que el Ayuntamiento había recalificado el inmueble anexo al Palau para que se abriera un hotel?
Cuando entré de concejal, en 2007, mi predecesor, Carles Martí, me lo puso sobre la mesa. Me dijo: “A ver cómo te apañas, es una cosa compleja y hace tiempo que insisten”. Me lo miré y me puse las manos a la cabeza. En la documentación había hasta un convenio de la Fundación del Palau con la Administración con el que esta se autoimponía facilitar el plan. ¡Es muy gordo! Millet había conseguido un compromiso político para impulsarlo. Y me dije que tenía que parar el plan.
¿Cómo?
Abriendo el proceso a la gente, porque así lo prevé la ley. Me sentí muy sola, porque era una estrategia de dilatación que no gustaba ni a mis compañeros del PSC ni a los vecinos. Propuse un debate sobre patrimonio para que no descatalogaran la finca, que no se hiciera el párking por temas de arqueología… Y así esperaba que al hotelero dejara de interesarle. Pero por su parte los vecinos se me echaban encima porque para ellos aquello no era frenarlo. Tengo que decir que todo lo que pedí al Ayuntamiento, desde un informe de impacto del entorno hasta la participación, se hizo. Nadie se opuso, pero había una mayor: el hotel debía hacerse.
El juez condenó a Millet y Montull por tráfico de influencias, pero el Supremo los absolvió. Lo mismo que había hecho ya la Audiencia con la cúpula de Urbanismo, encabezada por el concejal Ramón Garcia-Bragado. ¿Qué pensó al conocer la sentencia?
Perdimos la causa penal y no fueron a la cárcel, de eso me alegro porque había compañeros míos del Ayuntamiento. Pero los medios se quedan con eso y no recuerdan que la sentencia recogía que eran evidentes las prácticas de trato de favor. El problema es que si cogemos esa sentencia y la ponemos encima de la mesa de la alcaldesa, deberá revisar la forma como se trabaja en Urbanismo, sentar la maquinaria administrativa en el diván. Quizás se trabaja demasiado codo con codo con la iniciativa privada y se olvida que el urbanismo trabaja para el interés general.
¿A qué se refiere con esa mala praxis que denuncia?
Consiste en mirarse las propuestas urbanísticas de un privado como si fueran de interés público, sin ningún análisis crítico. El Palau quería una actividad hotelera anexa a su equipamiento para tener a los músicos alojados, y que eso era de interés general porque la misión del Palau es la cultura. Este era su relato y lo asumían desde el Consistorio. Ante esto, la mala praxis es no mirar qué aporta esa operación al barrio -que tenía proyectado allí un equipamiento educativo-, no preguntar a los vecinos… Sólo se hizo porque yo era del gremio y sabía que debía hacerse. Se impulsó y facilitó una recalificación, movimientos de edificabilidad, modificaciones puntuales del Plan General Metropolitano… para asumir una iniciativa privada.
¿Cómo debería progresar el urbanismo, según su opinión?
El urbanismo es una disciplina que busca mejorar la calidad de vida de todos, no solo para desarrollar negocios. Necesitamos que la actividad económica funcione, y eso el urbanismo puede promoverlo, pero no puede ser que toda la industria de la construcción y de la especulación inmobiliaria encuentre su apoyo y impulso en la Administración pública. Porque este debe velar por una distribución de beneficios y cargas, es decir, que para que un privado obtenga ganancias gracias a mejoras de le ley, esto debe revertir al interés público. ¿Veló el Ayuntamiento para preservar en aquella finca el equipamiento que debía ser para mejorar una escuela? No. ¿Consultó alguien a la ciudadanía si consideraban que la operación mejoraba el barrio? Claro que no.
Aparte del caso del hotel, ¿está satisfecha con el resultado de la sentencia del caso Palau de esta semana, que condena a Millet y Montull y prueba los cobros de comisiones de Convergència?
Me preocupa una cosa que dijo el abogado de Convergència, y es que no se ha probado que el partido influyera en la adjudicación de los concursos públicos. Creo que no se han acabado de demostrar bien las cosas. La clave del caso Palau habría sido descubrir cómo se adjudican a empresas los contratos, con qué mecanismo. Puede que sin ello CDC gane el recurso al Supremo y se libren de la cárcel. Para mi, la reforma institucional pasa por encontrar qué mecanismos de presión y tráfico de influencias se dan y cómo se pueden evitar. Así que no estoy contenta. La presión ciudadana y judicial debe profundizarse y perseverar.
El abogado de la acusación popular, Àlex Solà, aseguraba que se trata de una sentencia “catártica” para la sociedad catalana. ¿Usted no lo ve así?aseguraba que se trata de una sentencia “catártica” para la sociedad catalana
Me parece que en la justicia siempre hay una escenificación con la que la gente se relaja, pero luego vienen los recursos y se resuelven cuando la uno ya se ha olvidado. Para mi sería fundamental investigar cómo se redactan los pliegos de condiciones en los concursos públicos. En los concursos a veces se puntúan más los conceptos en los que una empresa determinada tiene mejor currículum. Es muy fácil para el poder político hacer que los técnicos sigan este juego. A los que nos preocupa la corrupción sabemos que el diseño de los concursos requieren más fiscalización.
Ahora usted encabeza desde septiembre el proyecto que ganó el concurso para reformar La Rambla. ¿Cómo avanzan su propuesta?
¡No es solo una reforma, es un rescate! Su potencial paisajístico, de relaciones personales, de cultura… ha ido menguando con el monocultivo turístico. Además está el pasadizo central, con quioscos a un lado y otro, que da la espalda a las fachadas. Esto genera genera un efecto de pasillo central que impide el paso a los vecinos que queremos atravesarla. Durante años se han ido haciendo arreglos en el mobiliario, en los servicios, pero nada integral. Por eso trabajamos con unas 80 personas en grupos cooperativos en los que se encuentran ciudadanos y vecinos.
¿Cómo trabajan?
Hacer una calle es una tarea colaborativa, que debe construirse con la comunidad que vela por ella. Hay que hacer un relato de la Rambla que no excluya a nadie, porque si entramos en el juego de confrontación, entre vecinos y turistas o comerciantes, esto fomenta la aparición de los lobbies y la inacción de los partidos políticos. Los grupos cooperativos que tenemos son de cultura, economía, turismo y movimiento. En ellos está la ciudadanía experta, las asociaciones y entidades que han dedicado años a ordenar conocimiento, que generan las propuestas.
¿Tendrá en cuenta la reforma el atentado del 17 de agosto?
Este encargo lo llevan desde Programas de Memoria del Ayuntamiento. En este sentido haremos lo que nos digan. Pero es cierto que tampoc hay que hacer prevalecer un atentado sobre otros que han golpeado la ciudad y que se han vivido en La Rambla. Cuando ocurrió el atentado de Hipercor, la gente venía con bolsas del Corte Inglés a grabar su nombre en tiza en la Rambla. Muchos duelos se han vivido aquí.
Echando la vista atrás, ¿diría que las instituciones han mejorado su forma de relacionarse con la ciudadanía?
Ha habido un cambio de discurso que de entrada se agradece. Nos estamos poniendo al día poco a poco. En Barcelona han aprobado ahora un nuevo reglamento de participación ciudadana. Y prevén celebrar pronto la primera multiconsulta [una consulta a los barceloneses para decidir sobre tres cuestiones, entre ellas la municipalización del agua]. Pero sobre ello, no hay que olvidar el tiempo de capacitación de la ciudadanía antes de votar. Si no prevés espacios de aprendizaje y debate previo, la consulta no sirve en términos de calidad democrática.