La polémica misión de eurodiputados para analizar la inmersión lingüística en Catalunya, acusada de falta de pluralidad, ha servido para que los contrarios al modelo de escuela en catalán vuelvan a arremeter contra las políticas de la Generalitat. PP y Vox, integrantes de los grupos parlamentarios que conformaban la delegación –de la que se borraron los partidos progresistas– han aprovechado la visita de tres días que concluye este miércoles para tachar el modelo de fracaso vinculándolo incluso a los recientes malos resultados de la comunidad en PISA.
A la espera de elaborar un informe con sus conclusiones, que se prevé para dentro de tres meses, la delegación de eurodiputados ha ofrecido una primera valoración tras tres días de entrevistas. Los eurodiputados han acusado a la Generalitat de haber coartado la libertad de las escuelas e institutos analizados. Por su parte, el Govern y asociaciones mayoritarias de profesores y familias de alumnos han tachado la iniciativa de sesgada políticamente y de tener ya las ideas predeterminadas.
La presidenta de la delegación, la estonia Yana Toom, pertenece al grupo liberal Renew, al que está afiliado Ciudadanos y del que parte la petición; el alemán Peter Jahr, de los populares (PPE); el polaco Kosma Zlotowski, de los ultras Ley y Justicia (del grupo ECR en Bruselas) y la italiana Maria Angela Danzi, del Movimiento 5 Estrellas. El equipo ha estado acompañado por los eurodiputados españoles Dolors Montserrat y Rosa Estaràs (PP), Jorge Buxadé (Vox), Maite Pagazaurtundúa (Cs) y Diana Riba (ERC).
PP y Vox han tratado de sacar partido de la visita para devolver al primer plano de la actualidad la polémica que rodea la inmersión lingüística, y que ha permanecido en los últimos meses en segundo plano debido a que la Justicia está pendiente del pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la nueva legislación catalana que busca esquivar el 25% de castellano en las aulas. Los populares han pedido a la Generalitat “reconocer el fracaso de la inmersión” y han argumentado que el modelo no responde a “criterios pedagógicos”.
En una declaración consensuada, los eurodiputados que integran la misión han acusado a la Generalitat de obstaculizar su trabajo en los colegios catalanes. La delegación visitó dos centros educativos de El Prat de Llobregat, uno de educación especial y otro en el que se aplica el 25% de castellano, lo que desató también críticas de la comunidad educativa por no ser representativos del conjunto del sistema. Sobre esos encuentros, sin embargo, la jefa de la misión, Yana Toom, ha destacado la presencia de representantes de la Generalitat, a quienes ha acusado de coartar la opinión de los docentes.
“No fue un intercambio libre de puntos de vista”, ha lamentado en una rueda de prensa en las oficinas del Parlamento Europeo en Barcelona. Al finalizar esa visita, también el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé cargó contra el Govern por lo que consideró una presencia de “comisarios políticos” con el “objetivo de controlar lo que decían los directores de los centros”.
Toom, además, ha acusado este miércoles a la Generalitat de ocultarles datos necesarios para su informe, como por ejemplo el número de alumnos que reciben ese 25% de docencia en castellano. “Saben que viene una delegación y dicen que no hay datos. Cero”, se ha extrañado.
A pesar de que ha insistido en que hay que esperar a las conclusiones del informe, en su primera valoración la misión ha mostrado su cercanía con las familias peticionarias, que son las que reclaman una enseñanza bilingüe en los tribunales. “Los padres que quieren una educación para sus hijos en castellano tienen que dirigirse a los tribunales para que se aplique, y esto hemos escuchado que tienen un efecto que hace que haya exclusión social, intimidación y bullying en algunos casos contra ellos”, ha declarado Toom en nombre de su equipo.
Ante las preguntas de la prensa sobre si se opone o no abiertamente al modelo de inmersión, Toom ha expresado que ha recibido datos “contradictorios” en sus entrevistas, pero ha insistido en que nadie le ha aportado evidencias de que el sistema sea más beneficioso. A título personal, sí ha dado a entender su rechazo al modelo catalán y su crítica a que no se hayan buscado alternativas que acomoden las demandas de las familias contrarias. “No creo que la integración sea un camino en un sentido, sino que cada parte de la sociedad camina hacia la otra y se encuentra en el medio. La integración forzada la llamaría asimilación”, ha valorado.
Toom se ha defendido de las críticas asegurando que su misión ha sido aprobada por la Mesa del Parlamento Europeo y con una agenda de encuentros “equilibrada”. Pero lo cierto es que por parte de las familias, por ejemplo, se ha reunido con las llamadas peticionarias y la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), pero no con las asociaciones mayoritarias de padres y madres de alumnos. También le han reprochado la selección de dos centros educativos que no son representativos del conjunto del sistema.
Además de esas entrevistas, la misión ha recabado la opinión de la Administración educativa, que es la Generalitat, el sindicato mayoritario de profesores USTEC, la asociación contraria a la inmersión Docentes Libres, la Fundació Jaume Bofill, el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).