Pocas realidades educativas han suscitado tanto revuelo político y mediático, y durante tanto tiempo, como el modelo lingüístico de las escuelas catalanas. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que obliga a todos los centros a impartir un mínimo de un 25% de clases en castellano, lo ha vuelto a poner en el foco.
A la espera del recurso al Tribunal Supremo, y de si la 'ley Celaá' acaba protegiendo o no el modelo catalán, cabe preguntarse en qué consiste exactamente en pleno 2020 la conocida como inmersión lingüística. ¿Cómo se originó y cómo ha evolucionado el consenso en torno a ella? ¿Qué datos la avalan? ¿Es la escuela realmente monolingüe en catalán? ¿Acaso debería serlo?
A día de hoy, el catalán es la lengua vehicular de todas las enseñanzas obligatorias, aunque cada centro tiene potestad para adaptar su proyecto lingüístico a sus necesidades. Algunos han incorporado el inglés como lengua de docencia, para mejorar el dominio del idioma. Otros, el castellano, aunque estos últimos son pocos, puesto que a menudo los claustros no creen necesario reforzar una lengua que, por su propio peso en la sociedad, se acaba colando en las aulas, patios y pasillos de forma natural.
El gran consenso fundacional
El modelo de escuela en catalán no se entiende sin sus orígenes, cuando a principios de los 80 algunas familias de zonas castellanoparlantes lo defendieron para sus hijos y acabó derivando en una ley que obtuvo un consenso total. Padres y madres de Santa Coloma de Gramenet reclamaron escuelas públicas íntegramente en catalán para que sus hijos pudieran ser realmente bilingües. Un movimiento al principio minoritario pero que acabó consolidándose y que tenía como origen hogares de clase obrera.
El nombre de inmersión lingüística viene de esa iniciativa, puesto que se trataba de un método pedagógico y lingüístico que consistía en sumergir a los niños y niñas castellanohablantes en un idioma que no era el suyo, el catalán, para poder dominarlo bien. Esa metodología, implantada en algunas escuelas de Quebec para niños y niñas angloparlantes, es la que ha acabado dando nombre, de forma popular pero imprecisa, al actual modelo catalán.
Durante el debate político sobre la normalización lingüística en Catalunya, fueron las fuerzas de izquierdas las que apostaron por un modelo de enseñanza único, no segregado por lenguas como el que inicialmente planteaba CiU y que se desplegó en comunidades como el País Vasco. Ese planteamiento acabó siendo consensuado por todos los partidos, que en 1983 aprobaron en el Parlament la Ley de Normalización Lingüística. Solo hubo una abstención. En ese texto, se fijaba el catalán como lengua de uso normal en la escuela (a excepción de la primera enseñanza) con un doble objetivo: que no se separen alumnos por razón de lengua y que todos acaben dominando ambas.
Estos dos pilares se han mantenido inalterables hasta hoy como argumentos a favor del catalán como lengua vehicular, aunque con el tiempo el consenso se ha ido resquebrajando. Ya en los 90 el PP empezó a criticar esta política lingüística, un discurso que se intensificó a favor del bilingüismo en las aulas con la llegada de Ciudadanos al Parlament, por un lado, y con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, por el otro. Esta última fijó que el castellano no puede ser excluido como lengua vehicular, lo que en sucesivas sentencias se tradujo como instaurar un mínimo de un 25% de clases en esta lengua.
En estos momentos, el 30% de las fuerzas con representación en el Parlament (PP y Ciudadanos) se oponen frontalmente al modelo de escuela en catalán, mientras que partidos como el PSC e incluso ERC se han abierto a actualizarlo.
Hasta ahora, los partidarios del modelo esgrimen además que la demanda real de más castellano en las aulas ha sido residual. Bien sea porque las familias que han recurrido a la justicia para reclamarlo son escasas decenas (ocho desde 2019, según Educación), o bien porque también fueron muy pocas, apenas 50, las que pidieron ir a una privada en castellano y que pagase la Generalitat gracias a la ‘ley Wert’.
Las entidades como la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB), sin embargo, defienden que la demanda de más castellano en las aulas no se puede medir solo por aquellas familias que dan el paso de denunciar. Y esgrimen datos como los que arrojó el GESOP en una encuesta para Societat Civil Catalana (SCC), donde el 75% de las familias decían querer un modelo escolar trilingüe.
Los datos académicos la avalan
El modelo tiene a su favor unos resultados académicos que avalan ese principio según el cual todos los alumnos deben salir competentes en el uso de ambas lenguas. De acuerdo con las evaluaciones externas de Cuarto de la ESO que realiza cada año el Consejo Superior de Evaluación de Catalunya –que depende de la Generalitat–, el nivel de catalán y castellano de los alumnos es equivalente. El curso pasado, 74 y 77,9 sobre 100, respectivamente.
También esgrimen sus defensores los resultados de la Selectividad para demostrar que el nivel de castellano en Catalunya es parecido al de las demás comunidades aunque la mayoría de materias no se imparten en esa lengua. Lo hizo recientemente la ministra de Educación, Isabel Celaá. En esas pruebas, los alumnos catalanes sacaron de media un 6,61 en Lengua Castellana y Literatura en 2019, ligeramente por encima de la media española.
Pero de nuevo, los que se oponen a la inmersión ponen en duda estos resultados. El primero, porque lo elabora la propia Generalitat, de quien desconfían. Y el segundo, porque los exámenes de la Selectividad son distintos en cada comunidad, con lo que argumentan que la comparación no es válida. En el caso de las Pruebas de Acceso a la Universidad, sea como sea, son profesores universitarios los encargados de elaborarlas.
A esa disputa se le añadió en 2019 un informe, Efectos de la inmersión sobre el alumnado castellanoparlante en Cataluña, que señalaba a partir de datos de PISA que los niños y niñas con el castellano como lengua materna obtenían peores resultados en esas pruebas, concretamente unos 10 puntos de 500. El estudio concluía, de esa forma, que el modelo de escuela en catalán perjudicaba a los castellanoparlantes. El problema que presentaba el informe, y que varios académicos hicieron notar, es que esa diferencia se observaba solamente en los chicos –no en las chicas– y en la pública –no en la concertada–, con lo que cuestionaban abiertamente que con un resultado así se quisieran sacar conclusiones tan tajantes.
De hecho, según datos recabados por la Fundació Jaume Bofill también a partir de PISA, aunque de 2009, las diferencias de resultados entre catalanohablantes y castellanohablantes en cualquier materia eran imperceptibles. Sobre todo cuando se elimina el factor socioeconómico.
Una escuela algo más que monolingüe
En el sistema educativo catalán se da la paradoja que recibe acusaciones de ser monolingüe pese a que la Generalitat ha puesto en marcha planes de plurilingüismo al menos desde 2013. El problema es que no fija porcentajes por decreto, como hacen otras comunidades autónomas, sino que deja libertad a los centros para que elaboren sus proyectos educativos. El propio Departamento de Educación reconoció en 2018 que el modelo lingüístico escolar debe ser actualizado en pleno siglo XXI para perder rigidez y aumentar el uso del castellano o del inglés si se detecta que hay que reforzarlos.
Una suerte de plurilingüismo a la carta que mantenga el catalán como lengua de uso básica, pero que permita a un colegio de una zona catalanohablante aumentar las horas de docencia en castellano si lo considera académicamente justificado. Aun así, el sociolingüista Avel·lí Flors recuerda que pese a la inmersión, es mucho más fácil encontrar jóvenes castellanohablantes con problemas de expresión en catalán que a la inversa. De hecho, el conocimiento del castellano –en términos no académicos– sigue hoy siendo total en Catalunya, mientras que el catalán, no. También entre la generación que ha crecido con una escuela enteramente en catalán. Entre los jóvenes que tienen hoy entre 25 y 30 años, por ejemplo, más del 98% dicen hablar y escribir bien el castellano. El catalán se reduce al 84% y 80%, respectivamente.
A lo que la Generalitat y buena parte de la comunidad educativa –sindicatos y federaciones de AMPA, por ejemplo– no están dispuestos a ceder es a que sea la justicia la que fije cuotas estables de un idioma, como el 25% de castellano. Ni que sean las familias que exigen bilingüismo en el aula las que acaben determinándolo.
Por ahora, resulta imposible hacer una radiografía de los usos lingüísticos en las aulas catalanas en base a los proyectos de cada centro, puesto que no están sistematizados. Es decir, que no se sabe a ciencia cierta cuántos dan algunas clases en castellano o en inglés y qué peso tienen estas en el horario. De hecho, el TSJC se lo pidió para fundamentar su sentencia a Educación, que le remitió una información en forma de muestreo. Esos datos muestran que solo un 2,7% imparten un 25% de clases en castellano, un porcentaje que sube al 12% en Bachillerato.
A partir del análisis de distintos estudios, Flors asegura que, a nivel de docencia, el catalán es hoy por hoy la lengua central de la educación, aunque no es la única. Una encuesta del Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo evidenció que, en Secundaria, el 61% de los alumnos decían recibir clases “siempre” en catalán, mientras que el 19,7% “a menudo” e incluso un 7,4% “poco o casi nunca”.
Como suele ocurrir en el terreno educativo, la realidad del aula no siempre se corresponde a la norma, y eso es lo que ocurre con los usos lingüísticos en los centros. El supuesto monolingüismo catalán se resquebraja no solo por el empleo del castellano por parte de algunos profesores. “Detrás de la noción de lengua vehicular, que es el catalán, hay toda una cantidad de actividades vinculadas al aprendizaje en las que interviene la lengua: la explicación del docente, el libro de texto, las diapositivas, internet, la interacción entre los alumnos…”, apunta Flors. Si bien la docencia suele ser en catalán, está más que aceptado que el castellano sea la lengua de comunicación entre los alumnos si es lo que ellos quieren, o de ellos hacia el profesor, a excepción de los trabajos o exámenes, donde se suele ser más estricto en el uso del catalán.