Una nueva prueba puede marcar el juicio al agente de los Mossos d’Esquadra acusado de inventarse una agresión para justificar la detención de un manifestante. La Audiencia de Barcelona ha admitido un informe pericial de los propios Mossos, propuesto por la defensa del uniformado, sobre el vídeo clave del caso que desmintió al policía y lo llevó a juicio, y que según el agente puede estar “manipulado”. La defensa del activista ha solicitado que, por lo menos, ese dictamen lo elabore un experto distinto al cuerpo policial al que pertenece el acusado.
Se da la circunstancia que el mosso ya había pedido que la policía catalana realizara un informe sobre el contenido del vídeo y de sus metadatos. Lo solicitó después de que su condición procesal diera la vuelta y pasara de víctima de una agresión a imputado por inventarse haber recibido un codazo en la visera como pretexto para arrestar al joven. El juez desestimó su petición en fase de instrucción.
Ahora, a las puertas del juicio, el agente, al que representa el letrado José María Fuster-Fabra, realiza una petición en el mismo sentido. En su escrito, la defensa no pide que los Mossos elaboren un dictamen, sino que comunica al tribunal que “ha tenido conocimiento” de que la policía catalana ya hizo un “informe pericial” cuando sucedieron los hechos, esto es, en el año 2019 tras el desalojo de un centro okupado en el barrio del Fort Pienc de Barcelona.
El tribunal que juzgará el caso ha acordado requerir a los Mossos para que antes del juicio, señalado para el próximo mes de noviembre, remitan el informe pericial sobre “el análisis visual del contenido del vídeo y de los metadatos” del archivo de la grabación.
Cuestionar el vídeo es casi la única baza de la defensa del mosso, al que la Fiscalía y la acusación particular del manifestante, que ejerce el abogado Eduardo Cáliz, de Alerta Solidària, piden ocho años de inhabilitación y multa de 2.352 euros para el agente por un delito de detención ilegal y otro de lesiones leves.
El agente pasó de víctima a acusado en tiempo de descuento: el juez había dejado a un paso del banquillo al manifestante por una agresión que no cometió. En el último recurso de la defensa, la Audiencia de Barcelona constató que el vídeo de los hechos desmentía la versión del mosso y avalaba la del manifestante. Los jueces ordenaron dejar sin efecto el procesamiento del joven y que el mosso fuera imputado, ya que la agresión que denunció no existió.
En el caso de este manifestante del barrio del Fort Pienc de Barcelona, de no ser por el vídeo, el joven hubiera ido a juicio con una acusación basada en la versión del mosso que lo arrestó. Es queja habitual de las defensas de los detenidos en protestas la credibilidad excesiva que en ocasiones da la Justicia a la palabra del policía. A veces los jueces sí ven insuficiente para condenar el testimonio policial si no va unida a más pruebas, aunque también hay sentencias –como la del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez– basadas principalmente en la palabra del uniformado.
La defensa del mosso ya había pedido a los Mossos que realizan un informe tras su imputación, pero el juez lo consideró innecesario en fase de instrucción. El agente pretendía con esta prueba “poder determinar la validez” del vídeo y que no había sido editado.
Tanto el juez como la Audiencia de Barcelona rechazaron las sospechas “sin medios probatorios objetivos” de que el vídeo estuviera manipulado “a la vista de la nitidez” de las imágenes, en las que se observa al agente detener con contundencia al joven, sin que éste le propine el codazo en la visera denunciado por el policía.
El juez además alertó de que la defensa pretendía encargar el informe pericial a una unidad de los Mossos d’Esquadra a la que pertenece el investigado. “No se aprecia signo alguno de alteración en el vídeo”, apostillaron después los magistrados de la Audiencia de Barcelona.
Eso sí, los jueces dejaron la puerta abierta a que el mosso pudiera reiterar su petición de informe pericial de cara al juicio oral. Y eso es lo que hizo la defensa del agente con una petición que busca, si no anular el vídeo como prueba, al menos sembrar la duda al tribunal sobre una eventual edición de las imágenes.
En su escrito, la defensa del mosso justifica el informe pericial para “determinar si el vídeo ha sido manipulado o editado”. La supuesta edición de las imágenes, a juicio de la defensa, “puede evidenciar la ocultación de lo verdaderamente acontecido”. En fase de instrucción la defensa fue más allá y aseguró que se trataba de una grabación “editada” y que no constaba quién era su autor ni si se había respetado la cadena de custodia.
El origen del informe, cuestionado
Por su lado, la acusación particular del joven ha pedido al tribunal que aclare por qué ha autorizado que el informe de los Mossos propuesto por la defensa sea una prueba del juicio. Argumenta la acusación que en ningún momento de la investigación del caso, que se alargó casi dos años, se había tenido constancia de que la policía catalana había elaborado un informe sobre el vídeo.
Es más, la acusación aduce que el informe de los Mossos alegado por la defensa “no ha podido ser elaborado” porque el vídeo lo encontró y aportó directamente el abogado del joven al juzgado de instrucción. “Es materialmente imposible que la policía científica haya elaborado un informe sobre los metadatos de un archivo del que, por vías legales, no ha tenido acceso”, reza el escrito de Cáliz.
“La unidad frente de la que, sorpresivamente, ha aparecido un informe, es la misma unidad a la que ahora, pertenece el acusado”, recuerda la acusación, que afea a la defensa del mosso no concretar la fuente por la cual la defensa asegura “haber tenido conocimiento” del vídeo, en una velada referencia a que se trata de algún compañero del uniformado. Faltan ocho meses para el juicio y ya se ha producido el primer encontronazo entre acusación y defensa.