Un vídeo puede cambiarlo todo. Así se ha puesto de manifiesto este martes en el juicio que ha sentado en el banquillo a un mosso d'esquadra, acusado de inventarse una agresión de un manifestante para justificar la detención. La grabación que muestra al agente arrestando con contundencia al hombre sin que antes haya golpe alguno por parte del joven ha sido la protagonista de la vista.
Pese a la claridad del vídeo, el agente ha insistido en que “percibió” que el joven le propinó un codazo en el casco, algo que no se observa en la grabación que encabeza esta información y se ha visionado en la vista. Para justificar su actuación, el uniformado ha alegado que empleó la mínima fuerza para reducir al hombre, zancadilla mediante, “sin hacerle daño”.
Ante la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona se ha celebrado el juicio contra un agente de los Mossos d'Esquadra acusado de detención ilegal y lesiones leves por inventarse una agresión de un manifestante como excusa para arrestarle. La Fiscalía y la acusación particular, que ejerce el penalista Eduardo Cáliz, se han reafirmado en su petición de ocho años de inhabilitación, que implican la expulsión del cuerpo del uniformado.
El caso puso de manifiesto las dificultades con las que se encuentran los acusados de atentado a los agentes de la autoridad para desmentir la palabra de los agentes y la excesiva confianza que, en ocasiones, atribuyen los jueces a la versión policial. Solo la aparición del vídeo permitió que el joven fuera exculpado y que el mosso pasara de víctima a acusado.
Los hechos se remontan al 19 de diciembre del año 2019. En esa fecha los Mossos d'Esquadra desalojaron el centro social ocupado El Rec, en el barrio del Fort Pienc de Barcelona. En el operativo el antidisturbios arrestó al joven por un supuesto atentado a los agentes de la autoridad al haber recibido un codazo. El vídeo demostró que el detenido no había agredido al policía.
Además de la expulsión del cuerpo y su inhabilitación absoluta durante ocho años, las acusaciones solicitan una pena de multa de 2.352 euros para el agente. El Ministerio Público solicita además que el mosso indemnice a la víctima con 3.175 euros por las lesiones y los daños morales sufridos, cantidad que la acusación particular pide elevar a 5.175 euros.
En su declaración, el agente, que ha reconocido que obtuvo un cinturón negro en artes marciales en sus “años mozos”, ha justificado su actuación sobre dos patas. Ha insistido en que “percibió” que el joven le dio un codazo en el casco, aunque ha admitido que no le causó daños ni lesiones, y ha alegado que, pese a la contundencia de la detención, no provocó daños al arrestado.
Es más, el agente ha culpado al joven de “animar a los manifestantes” que se resistían en la puerta del local que estaba siendo desalojado por los Mossos. “En el suelo lo tuve que retener para que no me pegara o huyera”, ha agregado. La conselleria de Interior decidió no tomar ninguna medida cautelar ni suspender de funciones al agente hasta que el caso tuviera sentencia.
El joven fue arrestado durante unas 12 horas y su detención fue dejada sin efecto en la comisaría de Les Corts de Barcelona, sin pasar siquiera a disposición judicial. Ante el tribunal, la víctima ha explicado que el arresto le produjo “mucha angustia y miedo”, y que teme tener un encontronazo con la policía cada vez que va a una manifestación o a un evento deportivo.
“Yo no quería problemas y ya me puse donde estaba la prensa, pensé que el mosso me iba a decir que me apartara más, pero me cogió del cuello y me tiró al suelo”, ha relatado el joven sobre lo ocurrido. El resto de testigos (la expareja del joven y el hombre que grabó el vídeo) han respaldado las tesis acusatorias.
La defensa no ha encontrado a ningún agente de los Mossos que acudiera a corroborar la versión del agente de que el joven le había dado antes un codazo. Solo ha comparecido el superior del acusado, que le acompañaba durante el desalojo, y ha dicho que no vio nada.
Ante la falta de testigos, la defensa del agente, que ejerce el penalista José María Fuster Fabra, ha intentado en el trámite de cuestiones previas suspender el juicio. El abogado ha alegado que el vídeo se aportó hasta en tres ocasiones y que los CDs están dañados, por lo que no ha podido realizar una prueba pericial para argumentar que la grabación está manipulada. El tribunal ha desestimado la petición y el juicio se ha celebrado y ha quedado visto para sentencia.