Los Mossos admiten que guardan un archivo de imágenes para identificar a estudiantes en protestas

“De Irene disponíamos de imágenes previas y por eso yo mismo la voy a detener”. Con esta naturalidad se ha expresado un agente de los Mossos d'Esquadra en el juicio contra 13 estudiantes universitarios acusados de provocar altercados en una manifestación para reclamar la rebaja de las tasas universitarias. El agente ha explicado al tribunal que la policía autonómica dispone de un archivo y de un banco de imágenes de protestas de estudiantes –no ha aclarado si se trata de un archivo meramente policial o que forma parte de investigaciones judiciales– que le sirve para cotejar a eventuales implicados en desórdenes.

La identificación de los responsables de altercados suele ser una de las cuestiones controvertidas en los juicios entre acusaciones y defensas. Más en uno en el que la Fiscalía pide penas muy altas –hasta ocho años y medio de cárcel– si se tiene en cuenta que ningún agente resultó atacado o herido. En el caso de los 13 estudiantes acusados en el juicio que ha arrancado este jueves en la Audiencia de Barcelona se ha sumado el elemento del archivo policial de protestas.

La forma más sencilla de establecer si un acusado participó en un altercado es seguirle e identificarle, para después compararlo con las imágenes del momento de los disturbios. Pero según ha explicado el agente instructor de los atestados, respecto a algunos de los 13 estudiantes los Mossos ya disponían de imágenes previas a la manifestación de marzo de 2017 en Barcelona, pues algunos de los universitarios acusados habían participado unos meses antes en el encierro en la Secretaría de Universidades para protestar también contra las tasas. Una protesta que, según fuentes jurídicas, no ha sido judicializada.

“El encierro había sido grabado y esto nos sirvió de base”, ha explicado el agente al tribunal, que ha detallado que algunos de los acusados por quemar un contenedor y destrozar una sucursal bancaria “aparecieron” en los archivos de vídeo que ya tenían los Mossos de protestas anteriores, como la ocurrida en la Secretaría de Universidades. En el caso de una de las acusadas ello permitió situarla en los disturbios de los que se la acusa sin identificarla el día de los hechos.

Lo mismo ocurrió con un segundo acusado, a quien los Mossos no identificaron el mismo día de los altercados sino comparando los vídeos de un grupo de estudiantes que se manifestó con la cara tapada y otra protesta anterior convocada por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), al que pertenecen la mayor parte de los acusados. “Participó en un acto de de reivindicación, lo colgaron en redes sociales y lo reconocí”, ha dicho otro mosso que ha testificado.

Según el mosso instructor de los atestados, existe una unidad de la policía autonómica, llamado grupo de obtención y aseguramiento de la prueba, que graba las protestas y sus archivos son los que permitieron cotejar las imágenes e identificar a los acusados. Además de los vídeos previos, los Mossos usaron imágenes de redes sociales y seguimientos y vigilancias posteriores para determinar que los estudiantes participaron en los disturbios. La única testigo que no era policía, una empleada del banco cuyo escaparate fue destrozado, tampoco ha servido para esclarecer los hechos. Ha explicado que tres personas encapuchadas golpearon con martillos la sucursal, pero como iban tapados “era imposible saber quiénes eran”.

Además de cuestionar el método por el que fueron identificados los acusados, las defensas critican que la Fiscalía y los Mossos atribuyen una participación “genérica” de los acusados en los disturbios, sin determinar cuál de ellos prendió fuego al contenedor o golpeó a martillazos la sucursal bancaria. La declaración testifical de un mosso propuesto por la Fiscalía que participó en la investigación ha servido, paradójicamente, para corroborar la tesis de la defensa: el agente ha reconocido que respecto a una acusada no podía concretar “qué tipo de acción realizó”, mientras que de otro acusado ha limitado su participación en los hechos a “aguantar una mochila”.

El Ministerio Público considera a todos los acusados bien autores bien cooperadores necesarios de los delitos de desórdenes públicos y daños, al entender que actuaron conjuntamente para cometer los altercados. Los jóvenes, según la Fiscalía, movieron un contenedor a la calzada de la calle Pelai y le prendieron fuego, quedando “totalmente calcinado”. Después, en la plaza Catalunya, la fiscal relata que los acusados lanzaron globos de pintura contra la tienda Movistar y contra los agentes de los Mossos d'Esquadra. Ya en Via Laietana, continúa la Fiscalía, los jóvenes “golpearon con martillos y otros objetos contundentes” los vidrios y el cajero automático de una oficina bancaria “causando el deterioro de los mismos”. También habrían lanzado huevos y pintura contra la fachada. Ninguno de los altercados dejó heridos.

Antes de arrancar el juicio, el abogado de algunos acusados, Eduardo Cáliz, ha denunciado el “seguimiento” de los Mossos a miembros del sindicato universitario independentista SEPC y “la orgía punitiva” de la Fiscalía contra, según ha opinado, “la sociedad organizada y el derecho a la protesta”. A las puertas del Palacio de Justicia de Barcelona se han concentrado decenas de estudiantes en apoyo a los acusados así como los vicerrectores de varias universidades catalanas y representantes de Òmnium Cultural y la ANC. El juicio quedará visto para sentencia este viernes.