El subinspector Jordi Arasa del Area Regional de Recursos Operativos (ARRO) de los Mossos d'Esquadra es conocido entre los movimientos sociales de Barcelona por su contundente actuación en actos de protesta. Ahora la Audiencia de Barcelona lo condena por una falta de lesiones dolosas por los repetidos golpes de porra que propinó a David Fernàndez, ahora diputado de la CUP en el Parlamento, durante el desalojo de la acampada de Plaça Catalunya el 27 de mayo del 2011 .
Fernández recurrió la primera sentencia en la que el agente quedaba absuelto porque el juez consideró que actuaba cumpliendo órdenes. No obstante, la Audiencia de Barcelona valora la actuación del subinspector como “desproporcionada” y añade que incumple los protocolos de actuación policial, por lo que lo condena a pagar una multa de 210 euros al denunciante.
La sentencia considera que Arasa actuó contra Fernández cuando éste, como se puede ver en un vídeo colgado en internet al que alude el juez, no oponía ningún tipo de resistencia, ni siquiera pasiva, y de hecho se levanta sin ninguna resistencia cuando el agente deja de golpearlo y le tira del brazo. El mosso no hizo un “uso progresivo de la fuerza” sino que llegó por detrás de los manifestantes clavando porrazos.
Jaume Asens, abogado del diputado, considera que la sentencia es un paso adelante contra la impunidad policial, pero que queda mucho camino por recorrer. “Este caso sólo ha podido prosperar porque el sr. Fernàndez, que en aquel momento era periodista, conocía a su agresor y lo pudo identificar, pero hay un centenar de personas que también resultaron heridas ese día y no se ha hecho justicia”, destaca.
Exigencia de responsabilidades
Para Asens, que también era uno de los abogados de los imputados por Aturem el Parlament, “deberían saltar todas las alarmas cuando en tan poco tiempo dos tribunales señalan la actuación de los Mossos”. En la sentencia en la que absuelve a los manifestantes la Audiencia Nacional apunta el dispositivo policial como parte responsable de los conflictos que tuvieron lugar en la protesta con la llegada de los parlamentarios.
“Esta sentencia no se puede quedar en papel mojado, interpela directamente al conseller de interior y al director general de los Mossos”, reivindica David Fernández. “Siempre hemos dicho que tenemos un problema de orden público en este país que es la BRIMO”, añade. No obstante, matiza que su denuncia a los Mossos “es contra un 5% del cuerpo, que es una cloaca de estado que actúa al margen de la legalidad: la BRIMO y la división general de información”.
La Audiencia de Barcelona remarca “la profunda alarma social que provocan actuaciones policiales desproporcionadas” y añade que son más rechazables en tanto que se producen “contra ciudadanos indefensos que protestan de forma pacífica” y por parte de “aquel que está llamado por Ley a proteger a los ciudadanos y no a maltratarlos ”.
La pena mínima
En cuanto a la pena, Asens aclara que pidieron la más leve: “Lo importante era que los hechos quedaran probados, no queríamos exacerbar la penalidad sino enviar un mensaje, porque la impunidad favorece que se produzcan casos como este”. Por otro lado, también apunta que se trataba de un juicio de faltas, porque sólo se podría haber considerado delito en caso de que las lesiones hubieran requerido hospitalización.
“El código penal no da suficiente protección a la integridad de los ciudadanos, porque una paliza como ésta se considera una falta, y el atentado a la autoridad puede tener una pena de hasta cuatro años”, concluye.
Por otra parte, lo que reclama Fernández es que el agente sea, “como mínimo apartado de las tareas de orden público”. Asegura que la sentencia debería ir a asuntos internos del cuerpo de Mossos y asumir responsabilidades, “porque además no es un caso puntual, sino que es un hecho habitual en este mando, que se ha significado con el ensañamiento”.