Juan Andrés Benítez murió en una reducción policial la noche del 5 de octubre de 2013. El juicio contra seis Mossos d'Esquadra acusados de un delito de homicidio y otro contra la integridad moral por la muerte de este vecino del Raval está fechado para este lunes, aunque es posible que no llegue a celebrarse. El motivo es que el TSJC debe decidir, el mismo lunes, si atiende la petición de las defensas de los agentes y expulsa de la causa a la acusación popular, el único escollo que impide un pacto para librar de la cárcel a los Mossos acusados.
La Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos (ACDH), representada por la letrada Laia Serra, ejerce la acusación popular del caso. Las defensas de los Mossos quieren expulsar a la Asociación del caso para allanar el pacto con la Fiscalía y la acusación particular (la hermana de Benítez). Ambas acusaciones aceptarían una condena pactada por homicidio imprudente, que libraría a los agentes de entrar en prisión, a cambio de reconocer los hechos.
La acusación popular se opone a este pacto al considerarlo una respuesta insuficiente en relación a la gravedad de la muerte de Benítez e “inasumible desde el punto de vista de los Derechos Humanos”, ya que contribuiría a ensanchar la impunidad policial. La campaña Justicia Juan Andrés se mostró este viernes en contra del pacto que impida el inicio del juicio y reiteró su “compromiso irrenunciable por la verdad y la justicia”.
La Audiencia de Barcelona ya rechazó expulsar a la ACDH, pero la defensa de los mossos lo ha llevado 'in extremis' al TSJC. La decisión que tome el alto tribunal catalán trascenderá de este caso, ya que podría suponer un precedente para limitar la actuación de la acusación popular en otras causas.
La defensa de los Mossos, ejercida, entre otros letrados, por Josep Maria Fuster-Fabra –que tuvo vínculos con Fuerza Nueva durante la Transición, es tertuliano en Catalunya Ràdio y que ha dado apoyo a Ciudadanos– usa la última reforma de la ley de enjuiciamiento criminal aprobada el pasado diciembre para echar a la ACDH del caso. Argumenta que la acusación popular solo puede personarse si lo acepta la acusación particular ejercida por los perjudicados.
El abogado de la hermana de Benítez, David Aineto, se ha sumado a la tesis de Fuster-Fabra y dice que la familia ya se siente suficientemente representada por sus letrados, por lo que avala la expulsión de la acusación popular. La Fiscalía también apoya el pacto. El TSJC decidirá este lunes.
Recuerdo en el Raval
Este caso, sin embargo, trasciende del ámbito judicial, y ha dejado huella en el barrio del Raval de Barcelona. Todos los días 5 de cada mes la campaña Justicia Juan Andrés se concentran en un solar que recuperaron para el barrio y encienden velas en la calle Aurora, donde los Mossos redujeron a Benítez. “Era un solar sucio, donde iba a ir un hotel pero que con la crisis se paralizó”, explica Gerardo Ariza, miembro de la campaña.
Con el tiempo, el solar se ha convertido en un espacio de reunión de vecinos, asociaciones y colectivos del barrio, y también en un espacio simbólico donde combatir la discriminación que sufren los colectivos inmigrante o LGTBI por parte de la policía. La concentración del pasado jueves, día 5, fue especial ya que, además de la cercanía del juicio, se recordó a Kevin, un conocido activista LGTBI de Barcelona recientemente fallecido.
“La campaña Justicia Juan Andrés ha logrado una confluencia muy positiva de personas de ámbitos distintos, desde la lucha LGTBI al vecino del Raval de toda la vida. Los tribunales pueden hacer un tipo de justicia, nosotros hemos peleado y seguiremos con nuestro trabajo para hacer justicia en la calle”, reflexiona Ariza.
El juez prohíbe las cámaras de televisión
Las imágenes de la reducción de Benítez gravadas por los vecinos de la calle Aurora mermaron la imagen de los Mossos d'Esquadra, que ya venía tocada por la actuación policial que reventó un ojo a Ester Quintana un año antes. Llegado el juicio, no obstante, las televisiones no podrán emitir las imágenes de los Mossos acusados de matar a Juan Andrés Benítez declarando ante el tribunal, como sí pudieron hacer en el caso Quintana.
En una decisión inédita, el magistrado José Luis Ramírez ha decidido limitar a radios y medios escritos la cobertura mediática del juicio –cuando todavía no se sabe si se llegará a celebrar. El juez ha impedido a los medios grabar y captar imágenes de la declaración de los acusados, con lo que sólo se podrá oír su voz, a pesar de tratarse de un juicio público. Su argumento es no contribuir a hacer del juicio un espectáculo.
En todo el juicio sólo se podrán grabar imágenes del trámite de alegaciones iniciales y de los informes finales de las partes, lo que supone un menoscabo de la libertad para informar de los periodistas que habitualmente cubren los temas judiciales, en especial de los que trabajan en las televisiones. Para el juez ha pesado más el derecho de imagen de los Mossos. Si empieza, el juicio con jurado popular está previsto que se prolongue un mes.