La Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos (ACDddhh), que está personada como acusación popular en el proceso judicial sobre la muerte de Juan Andrés Benítez durante una reducción de los Mossos, ha lamentado este jueves que la defensa de los agentes, la Fiscalía y la familia del difunto busquen cerrar un pacto que evitaría la entrada en prisión de los Mossos. Para que se produzca el pacto, sin embargo, la defensa de los Mossos ha pedido la expulsión de la asociación del procedimiento judicial, que a juicio de la entidad supone una “maniobra legal sin fundamento”. En un comunicado, la asociación ha anunciado que presentará un escrito oponiéndose a su expulsión de la causa.
La defensa de los Mossos procesados por la muerte de Juan Andrés Benítez en una reducción policial en el barrio barcelonés del Raval negocia con la Fiscalía y la acusación particular (la hermana del difunto) una condena pactada por homicidio imprudente, que los libraría de entrar en prisión, a cambio de reconocer los hechos. El abogado defensor de los agentes acusados es José María Fuster-Fabra, un letrado cercano a Fuerza Nueva en los inicios de la democracia y que ahora apoya a Ciudadanos, tal y como han explicado los digitales Vilaweb y Crític.
La ACDddhh ha denunciado que el intento de expulsarlos del caso supone “vaciar de contenido la figura de la acusación popular”, que, han recordado, está prevista en el artículo 125 de la Constitución y está concebida como una garantía democrática de participación ciudadana en la administración de justicia.
Además, han asegurado que la maniobra de Fuster-Fabra se basa en un artículo de la nueva Ley del Estatuto de la Víctima “que no es de aplicación a la acusación popular”. A juicio de la asociación, el acuerdo entre las partes supondría “una respuesta del todo insuficiente” en relación a la gravedad de la muerte de Benítez, y que sería “inasumible desde el punto de vista de los Derechos Humanos”.
Juicio inminente
El posible pacto entre los partes llega en un punto del proceso judicial en que seis agentes de los Mossos están a punto de sentarse ante un tribunal por la muerte de Juan Andrés Benítez, que murió la madrugada del 6 de octubre 2013 horas después de que fue detenido de forma “violenta y desproporcionada” a las puertas de su casa, según concluyó la juez al final de la instrucción.
La asociación considera que en el proceso judicial se debería tener en cuenta, además de la voluntad de la familia, el de la ciudadanía en general porque este tipo de delitos “afectan a la colectividad en cuanto se ponen en duda las bases de la convivencia”. “La respuesta que se dé a este caso debe comportar unas consecuencias que no supongan alimentar el círculo de impunidad ni la pérdida de confianza sobre la legalidad y el sistema policial”, valora la asociación.