¿Error o mala fe? A esta pregunta deberá responder el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que el próximo 14 de diciembre recibirá como imputada a otra togada, la titular del juzgado de instrucción 26 de Barcelona, María del Carmen Suárez. La jueza está investigada por ordenar la detención de un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) por no pagar una multa de 150 euros. El funcionario estaba de vacaciones cuando la Guardia Civil lo arrestó.
No es habitual que los jueces sean imputados, y menos por un conflicto con otro actor fundamental en un juzgado como es un letrado, el antiguo secretario judicial. Pero eso es lo que ha ocurrido con la magistrada, en cuyo historial figura una sanción de relevancia: en 2003 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la suspendió de funciones por tres años por una falta muy grave de retraso injustificado en la tramitación de las causas.
Casi 20 años después, la jueza Suárez se enfrenta a un caso penal que, en caso de ser condenada por prevaricación, comportaría su inhabilitación para ejercer de magistrada. Paradójicamente, el caso penal se ha abierto después de cerrarse la vía disciplinaria: el CGPJ acordó archivar la queja del letrado al no apreciar la existencia de “responsabilidad disciplinaria” en la jueza, pese a que fue remitida desde la propia Sala de Gobierno del TSJC.
Todo empezó con una multa de 150 euros. Fue la sanción que Suárez impuso al letrado por un delito leve de coacciones fruto de un conflicto vecinal. La sentencia de Suárez le fue notificada al funcionario el 2 de febrero de 2021 a través del correo electrónico que había facilitado al juzgado. El letrado recurrió la sentencia, pero según expone en su querella, nunca supo nada más de la Justicia hasta que dos agentes de la Guardia Civil lo arrestaron por orden de la jueza Suárez el 24 de agosto en la isla de La Palma mientras estaba de vacaciones.
¿Qué ocurrió entre febrero y agosto? El letrado, representado por el bufete Lealta Abogados, mantiene que no le fue notificada la resolución de la Audiencia de Barcelona que confirmó el fallo en primera instancia, ni tampoco la ejecución de la sentencia por parte de la magistrada. Todo ello pese a que el juzgado de Suárez tenía no uno sino dos correos electrónicos proporcionados por el funcionario.
Durante estos meses, indica la querella, la jueza declaró primero insolvente y luego en paradero desconocido al secretario, pese a que este había facilitado dos correos electrónicos para que le enviaran las comunicaciones relacionadas con la multa impuesta y había entregado la dirección de su domicilio habitual. Para notificarle en mano tampoco había que caminar mucho: al contrario que otros condenados que resultan imposibles de localizar, el letrado trabaja en un juzgado de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, apenas a 50 metros de la oficina de la magistrada.
La jueza se corrige
La querella sostiene que las afirmaciones de la jueza para declararle insolvente y en paradero desconocido eran “totalmente falsas”: el letrado residía en el domicilio designado en el juzgado, se le podía localizar fácilmente en el juzgado donde trabaja y mantenía abiertos los correos electrónicos. En suma, el funcionario desconoce los motivos por los que no recibió las notificaciones sobre la sentencia como las anteriores diligencias.
La denuncia incide en que no se le puede considerar insolvente porque cuenta con suficientes ingresos. Para aplicar la responsabilidad penal subsidiaria (el ingreso en la cárcel de los condenados que no paguen su multa) “es necesario agotar las vías de cobro”, investigar el patrimonio y utilizar la “vía de apremio” y embargo de cuentas y bienes, algo que la jueza no hizo, remarca el letrado.
En un movimiento para ayudar a su defensa, la jueza, en un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, ha expresado que la declaración de insolvencia económica del letrado previa a su orden de detención se trató de “un error material que conlleva su aclaración”. La magistrada se corrige a sí misma y fija “no tener por realizada” la declaración de insolvencia.
El auto de corrección de Suárez lleva por fecha el pasado 5 de noviembre, un año después de la declaración de insolvencia, pero solo cinco días después de que la jueza fuera imputada por el TSJC. Si con esto será suficiente para evitar el banquillo lo decidirá la magistrada del alto tribunal catalán María Eugenia Alegret.