Movimiento de la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, en el caso Consell Esportiu. La dirigente socialista ha pedido a la jueza el archivo del caso en un escrito en el que carga contra los “equívocos” y la “infundada y genérica” atribución de delitos que, a su juicio, realiza contra ella la Policía Nacional.
El escrito del letrado de Marín, Fermín Morales, ofrece la misma versión de los hechos que la alcaldesa, cuando fue imputada, trasladó a los medios y a la militancia del PSC de su ciudad en un vídeo desvelado por este diario. Marín defiende que cuando el concejal Jaume Graells le informó de las irregularidades en el Consell llevó a cabo “numerosas actuaciones preventivas” para esclarecer los hechos, y que en ningún momento privó al edil de presentar una denuncia si así lo consideraba oportuno.
Marín no está imputada por el desvío de fondos del Consell como sí lo están otros concejales y dirigentes del PSC de L'Hospitalet, sino por encubrir las supuestas irregularidades. Pero la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía además mantiene que Marín participó de la malversación investigada ya que como alcaldesa “es quien autoriza” las subvenciones del consistorio al Consell.
La defensa de Marín alega que esta conclusión de la Policía es “errónea” y está basada en “equívocos”, por lo que resulta “infundada” y “genérica”. Aporta la defensa documentos y un dictamen pericial para demostrar que Marín “no ostenta competencias en relación con el control de las subvenciones” y que su relación con el Consell –formalmente una entidad privada, pero que se nutre de subvenciones públicas– es “estrictamente institucional”. Marín, recalca la defensa, no tiene competencias para “intervenir en el otorgamiento de subvenciones”, ni al Consell ni a ninguna otra entidad.
Respecto a sus gestiones tras conocer las irregularidades, Marín subraya que se reunió con Graells el mismo día –3 de febrero del 2020– que el edil le pidió verse a través de un whatsapp. Al contrario de lo que mantiene Graells, que acusa a la alcaldesa de hacer caso omiso a sus denuncias, Marín expone que siempre se puso “a su disposición”, y que siempre quiso contar en las reuniones con la presencia de la secretaria municipal, máxima autoridad legal del Ayuntamiento, al tratarse de “cuestiones de orden legal”.
Relata también el escrito que tras reunirse con los otros concejales implicados –Cristian Alcázar, que sigue en el cargo, y Cris Plaza, quien dimitió– Marín obtuvo una “versión contradictoria” de los hechos de la realizada por Graells. Ambos concejales aseguraron que las denuncias de Graells respondían a “conflictos de índole personal y sentimental” y no de gestión del Consell.
En suma, ante las dos versiones contradictorias “y sin capacidad para operar desde la alcaldía” en esta cuestión al tratarse de una entidad privada, Marín resolvió que debía encargarse una auditoría en el Consell y una revisión de todas las subvenciones municipales. La intervención municipal respondió que “todo estaba correcto”, remarca el escrito.