La declaración la semana pasada ante la Policía Nacional de la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, provocó una réplica del terremoto en la agrupación local del PSC que causó el estallido del caso antes del verano. En una tensa asamblea, a cuya grabación ha tenido acceso elDiario.es, las dos partes enfrentadas solo llegaron a una conclusión: la alcaldesa no puso trabas a que el concejal de Educación, el socialista Jaume Graells, denunciara las irregularidades presuntamente cometidas por dos compañeros de partido y de consistorio, el segundo teniente de alcalde y primer secretario del PSC de L'Hospitalet, Cristian Alcázar, y el concejal adjunto de Deportes, Cristóbal Plaza.
Una jueza de L'Hospitalet investiga si Plaza, Alcázar y otros representantes de la entidad ocultaron 400.000 euros a la asamblea del Consell Esportiu en sus cuentas de 2019 para pagar gastos personales. El caso del Consell Esportiu, destapado por Nació Digital, llegó a los tribunales tras una denuncia de Graells, y acumula de momento trece investigados por malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
La jueza ha permitido a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Barcelona a llevar a cabo varias pesquisas, entre ellas el interrogatorio en comisaría de Marín, y espera recibir un informe de la Policía antes de decidir los próximos pasos. En la declaración, que se alargó tres horas, los agentes insistieron en saber si Marín conocía las irregularidades investigadas. La jueza todavía no ha imputado formalmente a la alcaldesa, que también es presidenta de la Diputación de Barcelona.
A la espera de la evolución judicial de la causa, el vídeo de la asamblea telemática del PSC de L'Hospitalet del pasado martes constata el enfrentamiento entre Graells y Alcázar. Éste último llega a tildar a su compañero de partido de “impresentable”.
La asamblea empieza con una cronología de Marín sobre el caso. Tras recibir en febrero versiones “contradictorias” de denunciantes y denunciados y constatar que el Ayuntamiento no puede intervenir directamente porque el Consell es un ente privado, Marín explica que a finales de febrero decidió que sería la propia entidad la que encargaría una auditoría. Unos días después, continúa la alcaldesa, Graells fue a verla a su despacho y le trasladó que, por recomendación de su abogado, iba a denunciar las irregularidades detectadas.
“Tú haz lo que consideres que tienes que hacer”, fue la respuesta de Marín a Graells, según la alcaldesa, una versión que el concejal corrobora en la asamblea minutos después. “Lo que ha apuntado la alcaldesa responde plenamente a la realidad”, indica Graells en dos ocasiones, para a renglón seguido justificar a sus compañeros de partido la denuncia ante la Policía que interpuso el mes de mayo: “Si no denunciaba podría entrar en delitos de prevaricación y tal, cualquier cargo público que detecta irregularidades tiene la obligación de denunciarlo, que es lo que yo he hecho”. La alcaldesa también explica a la militancia que remitió “a la autoridad judicial” un correo con documentación del Consell que le envió Graells.
La auditoría encargada por el Consell quedó frenada por la judicialización del caso. Graells no esconde su enfado y decepción con el PSC, que considera que no le ha apoyado en su denuncia contra la corrupción de sus compañeros. “A mí no se me ha dado credibilidad y en muchos ámbitos se ha tomado en broma el tema”, lamenta el concejal. Las irregularidades en el Consell que denunció, abunda Graells en la asamblea, son “inadmisibles políticamente y éticamente”. “Tendrían que tener ya unas responsabilidades políticas evidentes”, apostilla, sin mencionar a los otros dos concejales.
Tras la publicación de esta información, Graells se ha puesto en contacto con elDiario.es para indicar que, además de por recomendación de su abogado, informó a Marín de que iba a denunciar porque el Consell no arrancaba la auditoría, y que finalmente sí denunció los hechos unas semanas después. El concejal ha agregado que dio la misma versión ante la Policía.
La asamblea continúa con alusiones veladas a que la denuncia de Graells se explica por el proceso de primarias para liderar el PSC de L'Hospitalet, que venció Alcázar el pasado mes de febrero por un estrecho margen frente a su suegro, Fran Belver, y por cuestiones “personales” que afectan a la familia del concejal denunciante. Graells ha dimitido como teniente de alcaldía pero no ha dejado su acta de concejal. Quien sí dimitió el pasado fin de semana fue Cris Plaza, investigado por supuestamente cobrar una indemnización de 47.147 euros en concepto de despido del Consell Esportiu cuando en realidad su salida ya estaba pactada con anterioridad.
Graells desmiente todas las tesis alternativas y remarca que la denuncia solo tiene que ver con las “irregularidades” que observó cuando entró durante el actual mandato en la dirección del Consell, una entidad privada pero que se nutre de subvenciones públicas y cuya comisión directiva está formada por seis personas designadas por el consistorio y otras seis elegidas por las escuelas y clubes deportivos de la ciudad.
La caja de los truenos se destapa definitivamente con la intervención de Alcázar. “No voy a dimitir porque no hay motivos”, empieza Alcázar, quien afirma que se apeará del cargo si observa que es un “obstáculo” para que el PSC mantenga la alcaldía de L'Hospitalet y obtenga un buen resultado en las elecciones catalanas de febrero. Alcázar llega a valorar su eventual dimisión como “una herencia del 'podemismo' que ahora gobierna con nosotros en España” consistente, a su juicio, en “pagar una parte de la culpa antes de saber si eres culpable o no”. “No estoy de acuerdo con esa presunción de inocencia”, remacha.
“Pues tienes muy poca visión política porque te tienes que ir”, replica Graells, a lo que Alcázar responde tildando a su compañero de partido de “impresentable” y pidiéndole que corte el micrófono. “Estoy hablando yo, esto no es Telecinco”, lanza Alcázar.
Alcázar tilda las razones expuestas por Graells para denunciar el caso de “excusa”. Ante la interpelación, Graells quiere replicar, pero Alcázar prosigue con su intervención y asegura que la segunda denuncia ante los tribunales del caso, que presentó ERC, eran “fotocopias guarrillas y seleccionadas” de papeles del ente y “una carta de supuestos familiares del Consell con distintas tipologías de letras como si estuviéramos en una película de la mafia”.
Graells se queja de que le están cerrando el micrófono, a lo que Alcázar agrega: “Sí, es que hay un orden de palabras y esto es un partido político”. El teniente de alcalde acaba su intervención apelando a la “unidad” del PSC y con un llamamiento a “desterrar los temas que nos han tenido entretenidos este año” y centrarse en ganar las elecciones catalanas y reeditar la alcaldía de Marín en 2023. La asamblea finaliza sin que Graells pueda volver a intervenir.