La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) ha concluido que los retiros dorados que el Parlament concedió a decenas de sus funcionarios, que les permitieron prejubilarse a los 60 años cobrando el sueldo íntegro a cuenta de los presupuestos de la Cámara, constituyen una “práctica irregular” en materia de personal.
Así lo expone la OAC en su informe que este jueves ha entregado al Parlament, en el que el organismo detecta otros nueve caso de irregularidades en la gestión del personal y afea a la Cámara falta de transparencia en garantizar el acceso a información pública. La OAC da un mes al Parlament.
Pese a que el Parlament suprimió los retiros dorados en 2022, la Cámara entonces presidida por Laura Borràs concedió otras 13 prejubilaciones privilegiadas, “muchas de ellas diferidas a un año vista”, según concreta Antifraude. La OAC ha examinado 14 retiros dorados concedidos entre 2021 y 2022 y ha constatado que no están “motivados” y que el Parlament no ha argumentado bajo qué necesidades de personal y servicio los otorgó.
A juicio de Antifraude, la falta de motivación del Parlament para otorgar los retiros es “particularmente relevante”, ya que en 10 de los casos en los que se difirió su entrada en vigor se ha permitido a los funcionarios “sumar más tiempo de cómputo”, lo que les ha permitido “incrementar significativamente los porcentajes de retribución”. En otras palabras, cobrar más por su retiro dorado.
“Es necesario que el Parlament revise las irregularidades señaladas y, en particular, la oportuna aplicación del régimen de revocación de las licencias de edad autorizadas y los efectos que se puedan derivar de la falta de motivación del aplazamiento de su entrada en vigor”, reza el informe.
Los retiros dorados no son la única irregularidad detectada por la OAC. Según detalla una nota de prensa de doce páginas del organismo, también se consideran malas prácticas las primas por jubilación del personal o la creación de “puestos instrumentales de trabajo” durante los procesos de estabilización de personal.
Asimismo, Antifraude no ve con buenos ojos la provisión de los puestos de vigilante de las cuentas del Parlament, la ampliación de plazas en el concurso de letrados y ujieres y el conflicto de interés de la exsecretaria general del Parlament Ester Andreu, quien dimitió en mayo del año pasado por no informar a la Mesa de la contratación de su hijo como ujier.
El informe de Antifraude, que dirige el expresidente del TSJ catalán Miguel Ángel Gimeno, ha sido recibido ya por la presidenta de la Cámara, Anna Erra, que ahora tiene un plazo de treinta días para informar de las medidas adoptadas para corregir las irregularidades o de los motivos que le impiden actuar.
Según han informado fuentes del Parlament, Erra ha encargado al secretario general de la Cámara otro informe “sobre el contenido y alcance” de las conclusiones de la OAC para dar respuesta a Antifraude.