Toda la familia Pujol Ferrusola ha desfilado por los juzgados, con la excepción de Josep, el único de los hermanos que no está imputado, y este lunes completarán la procesión por la comisión de investigación del Parlament de Catalunya, ante la que sí declarará Josep Pujol Ferrusola, pero por videoconferencia desde Miami, ciudad donde se fue a trabajar hace unos meses como directivo de Indra.
Con la declaración este lunes de los hermanos Josep, Mireia y Oleguer, que será el plato fuerte de la sesión, se acabarán las comparecencias de la familia Pujol Ferrusola ante la comisión parlamentaria de investigación. Como de costumbre, la diputada convergente Meritxell Borràs recalcará que CiU no ha pedido estas intervenciones, pero, como siempre, el resto de grupos parlamentarios los interrogará a fondo para poner luz en el “relato” sobre el pujolismo, en expresión del ecosocialista Marc Vidal.
Oleguer Pujol, de 43 años, el menor de los hermanos, tendrá que explicar porque se acogió en 2012 a la amnistía fiscal decretada por el ministro Cristóbal Montoro para aflorar 3,2 millones de euros mientras mantenía ocultos en Andorra 750.000 euros más del supuesto legado del abuelo Florenci. Cuando transcendieron las cuentas de la familia en este pequeño país de los Pirineos en julio del año pasado, Oleguer corrió a regularizar su situación con Hacienda, con la consiguiente sanción.
El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha imputado Oleguer Pujol por los presuntos delitos de blanqueo de dinero y fraude fiscal. El pasado octubre, agentes de la policía lo detuvieron y registraron su residencia de la calle Teodor Roviralta de Barcelona, una torre modernista que, como ocurre con otros de sus hermanos, no figura a su nombre en el registro de la propiedad .
La investigación del juez Pedraz, todavía en sus inicios, se centra en las operaciones inmobiliarias que Oleguer Pujol y Luis Iglesias, su socio de aventuras, hicieron a través del fondo de inversión Drago Capital. Las sospechas de blanqueo surgen porque el dinero se mueven por paraísos fiscales. Santiago Pedraz investiga siete operaciones por un importe de cerca de 3.000 millones de euros, entre las que destaca la compra de la red de oficinas de Banco Santander. En declaraciones a la prensa, Oleguer siempre ha mantenido que, de este dinero, sólo es suyo 1,1 millones de euros.
En la declaración de esta tarde ante la comisión parlamentaria de investigación, seguramente Oleguer se mantendrá fiel a su argumentario: nunca ha hecho ninguna operación en Catalunya, ni para la Generalitat ni con alguno de sus hermanos. Insistirá en que nadie de su familia ha hecho inversiones a través de los fondos de inversión que controla. Eso sí, como sus hermanos, también obtuvo su parte del supuesto legado del abuelo que tuvo a buen recaudo en Andorra hasta que le pillaron.
Operaciones ruinosas
Respecto a la cuenta de Andorra, probablemente repetirá el mismo guión que sus hermanos, por lo que no aportará nada al respecto; pero los grupos parlamentarios lo apretarán por las operaciones de Drago Capital y de Drago Real Estate Partners, creada en 2006 y con sede en el paraíso fiscal de la isla de Guernsey, mediante la cual se han comprado edificios hoteleros en Portugal, Melilla y las Canarias. La mayoría de estas operaciones han sido ruinosas, al igual que sus inversiones personales en Panamá: el edificio de oficinas Quartz y el rascacielos Balboa Blue Spa, que han acabado como el rosario de la aurora, con los socios peleados y con una avalancha de demandas judiciales. Por cierto, en esta aventura panameña tomaron parte jóvenes de acaudaladas familias barcelonesas como Bruno Vilarasau, hijo del ex presidente de La Caixa.
Seguramente, los grupos parlamentarios intentarán aclarar su patrimonio personal –él sólo reconoce unos 10 millones de euros–, las operaciones inmobiliarias y los movimientos desde paraísos fiscales. Por cierto, Oleguer exhibe un peculiar sentido del humor al bautizar sociedades con nombres como Molamolt Headquarters Corporation (traducido significa Molamucho Sede Corporativa) o Itaca Investment Trust.
Desde Miami
Por videoconferencia desde Miami, Josep Pujol, el tercer hijo del ex presidente de la Generalitat, deberá responder por los trabajos que hizo la consultora Europraxis –de la que es fundador, socio y directivo– para la Generalitat y, una vez vendida a Indra, las contrataciones que obtuvo esta última multinacional por parte del gobierno catalán. En el año 2002, esta cuestión ya se debatió en el Parlament a raíz del cierre de la fábrica de Lear en Cervera (Lleida), que dejó cientos de trabajadores sin trabajo: por un lado, Europraxis, la consultora de Josep Pujol, asesoraba Lear en el proceso de deslocalización y, por otra, su hermano Oriol Pujol, como secretario general del departamento de Industria de la Generalitat, tenía que velar por el mantenimiento de los puestos de trabajo.
A Josep también le caerán preguntas sobre algunas operaciones inmobiliarias relacionadas con Life Marina Ibiza, con la que también participó su hermano Jordi; con Máxima Grupo Inmobiliario, con la cual ha operado su cuñada Anna Vidal –esposa de Oriol Pujol– y con MT Tahat, una empresa tenedora de acciones empresariales e inmuebles administrada por su amigo Jaume Ferrer Graupera, extesorero de la junta del Barça en tiempos de Joan Laporta. Respecto al dinero de Andorra, Josep ya aprovechó una amnistía fiscal para regularizarlo.
La cuenta más hinchada
Mireia Pujol, de 45 años, probablemente tendrá que explicar cómo consiguió convertir los 62 millones de pesetas (unos 372.000 euros) del legado del abuelo Florenci en 1.072.000 euros, que es el importe que regularizó en julio de 2014. En su declaración judicial del 27 de enero pasado, Mireia atribuyó los méritos de este incremento a la persona que le había gestionado la cuenta, Marta Pallerola, empleada de Banca Privada de Andorra (BPA). La juez ya ha llamado Pallerola para que explique este milagro de la multiplicación de los panes y los peces. A Mireia también le preguntarán por el piso de 127 metros cuadrados de la calle Taulat de Barcelona que adquirió en 2002, que obtuvo la calificación de vivienda de Protección Oficial expedida por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Generalitat. Mireia traspasó recientemente el gabinete de fisioterapia que tenía en el barrio de Gracia.