El reciente registro en Holanda de una empresa investigada por supuestamente ayudar a Oleguer Pujol a ocultar comisiones de operaciones inmobiliarias ha engrandecido todavía más los interrogantes sobre la privatización de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), la mayor de la historia de la Generalitat y también la más polémica: el registro policial ha puesto la lupa sobre International Tax Planning Services (ITPS), la empresa investigada con sede en La Haya que creó las supuestas empresas pantalla utilizadas por Oleguer Pujol (ARD-Choille BV y Marway). Pero ITPS también ha gestionado Aliada Investments BV, la empresa que controla el 100% del vehículo financiero utilizado por la familia Rodés en el consorcio beneficiario de la privatización de la gestión de ATLL, que el Gobierno de Artur Mas mantiene pese a que los tribunales la han anulado por irregularidades.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó para el pasado 18 de diciembre el registro de ITPS siguiendo el rastro de las operaciones de Oleguer Pujol. La investigación del caso Pujol sospecha que la firma ITPS ingresó 11,5 millones de euros relacionadas con intermediaciones inmobiliarias del hijo del expresident, que luego supuestamente se repartieron entre ARD-Choille BV y Marway, dos sociedades pantalla creadas por la misma ITPS. El conglomerado ITPS, con sede en La Haya, está especializado en servicios a la carta para las corporaciones internacionales que buscan sacar provecho de las ventajas que ofrece Holanda para el capital: baja tributación, puerta de entrada a los paraísos fiscales, creación de madejas societarias opacas, etcétera.
Las sociedades creadas por ITPS siguen formalmente administradas por el propio conglomerado, lo que dificulta conocer la identidad de los dueños reales. Además, estas empresas pantalla cuentan también a menudo con filiales en paraísos fiscales, con lo que es todavía más difícil seguir el rastro del dinero.
ARD-Choille BV y Marway no son los únicos artefactos financieros que ITPS supuestamente gestiona para clientes catalanes. Según el registro mercantil holandés, ITPS también empezó a administrar desde marzo de 2010 la empresa Aliada Investments BV, la matriz que controla el 100% de Acacia ISP, el vehículo que la familia Rodés utilizó para sumarse al consorcio que se hizo con el control de Aigües Ter Llobregat (ATLL) en noviembre de 2012. Aliada Investments BV, con el número de registro 34107033 y coadministrada hasta entonces por Alicia Rodés, declaró a las autoridades holandesas unos activos de 33 millones de euros en 2012, según la documentación aportada a la Cámara de Comercio de ese país.
Acacia ISP, controlada desde Holanda por Aliada Investments BV e ITPS, cuenta con el 5% del consorcio ganador en el concurso de ATLL, pero la importancia de la familia Rodés en la operación va bastante más allá: Ferran Rodés, accionista de referencia del diario Ara y vicepresidente de Havas Media -nodo clave por el que circula buena parte de la publicidad hacia los medios-, es también consejero de Acciona, que lideró la plataforma con el 51% del grupo que se hizo con la gestión de ATLL. Los otros socios que se implicaron son el banco brasileño BTG Pactual (39%) y la familia Godia (5%).
Además, Rodés había sido nombrado ese mismo 2012 asesor de Artur Mas, que lo colocó al frente del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible (CADS) unos meses antes de la privatización. Por tanto, el influyente empresario -hijo del recientemente fallecido Leopoldo Rodés, exconsejero de La Caixa y del grupo Godó- aparecía en tres vértices de la polémica operación: asesor del presidente que impulsó la privatización, consejero de la empresa líder del consorcio ganador -Acciona- e inversor personal a través de un vehículo financiero controlado desde La Haya por la misma boutique utilizada por Oleguer Pujol para supuestamente cobrar comisiones en sus operaciones inmobiliarias.
La concesión de ATLL, a la que también optaba Agbar, fue polémica desde el primer día al materializarse justo antes de las elecciones autonómicas de 2012. El Gobierno de Mas optó por la opción liderada por Acciona y la familia Rodés en contra del criterio del organismo público que supervisa la contratación pública (OARCC), vinculado a Presidència, que dictaminó que el consorcio ganador en realidad debía haber sido excluido porque no cumplía las bases. Pese a ello, la Generalitat mantuvo contra viento y marea la concesión y luego ha hecho oídos sordos a la concatenación de reveses judiciales, incluyendo el del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el pasado junio, que anuló la concesión.
El Gobierno de Artur Mas ha mantenido una defensa numantina del proceso, pese a las sucesivas sentencias contrarias, a las críticas de todos los demás partidos -la CUP incluso ha exigido la renacionalización de ATLL entre las condiciones para la investidura- y a la azarosa trayectoria de varios socios integrados en el consorcio ganador, como la investigación a la familia Godia por delito fiscal y la detención en Brasil de André Esteves, el jefe de BTG Pactual, en la mayor causa de la historia sobre el pago de sobornos a políticos en el país suramericano. Esteve estuvo tres semanas en prisión y ahora tiene retirado el pasaporte y los movimientos muy limitados, con obligación de personarse en el juzgado cada 15 días.
La detención de Esteves ha puesto contra las cuerdas a BTG Pactual, que se vio obligado a poner a la venta su participación en ATLL. Según avanzó Expansión, la propia Acciona se quedará con sus participaciones, con lo que pasará a controlar el 90% de la empresa. En 2012, la entrada misma del banco brasileño en el consorcio para ATLL fue también polémica por sí misma al beneficiarse simultáneamente de otra privatización de la Generalitat con resultados insólitos: los túneles de Vallvidrera y del Cadí. Esta operación reportó al banco una plusvalía de 89 millones de euros en apenas dos años, un negocio privado extraordinario a costa del erario público. Esta plusvalía supuso para BTG Pactual un ingreso equivalente al 75% de su teórica aportación para el consorcio de ATLL.