La mayor privatización de la historia de Catalunya -la empresa Aigües Tell Llobregat (ATLL), clave para el suministro de un servicio tan esencial como el agua- lleva camino de convertirse también en uno de los episodios más rocambolescos. A todo el vodevil judicial provocado por la polémica concesión a un consorcio liderado por Acciona y el banco BTG Pactual -desautorizada por el propio organismo de contratación pública de la Generalitat y anulada por sucesivas sentencias en los tribunales- se suma ahora el escándalo que ha salpicado en Brasil al máximo ejecutivo de BTG Pactual, André Esteves, encarcelado desde el día 25 acusado de sobornos. En un plan de emergencia para evitar el hundimiento, el banco ha puesto a la venta “todas las participaciones empresariales que no forman parte de su actividad financiera”, entre las que se incluye ATLL, de la que controla el 39% a través de la filial Aigües de Catalunya LTD.
El encarcelamiento de Esteves, agresivo y mediático banquero que convirtió BTG Pactual en la séptima entidad financiera de Brasil, ha conmocionado el país suramericano y ha puesto contra las cuerdas al banco. Esteves fue detenido el pasado 25 de noviembre junto con el líder de la mayoría gubernamental en el Senado, Delcídio do Amaral, en el marco del caso Lava Jato, la mayor red de corrupción y sobornos de la historia de Brasil articulada alrededor de Petrobras, petrolera bajo control público.
Sobre Esteves y Amaral pesa la sospecha, respaldada por una grabación, de que ofrecieron al encarcelado exdirector de Petrobras, Nestor Cerveró, el pago de 15.000 euros mensuales, un millón de euros para su familia y apoyo en un plan de fuga de prisión a cambio de no incriminarles. También se acusa al banquero de un presuto soborno de 10 millones de euros al presidente del Congreso.
El efecto de la detención de Esteves en las constantes financieras de BTG Pactual ha sido fulminante: la acción ha caído más del 40%, los bonos del banco a 10 años se han llegado a hundir más del 65%, todas las agencias de rating le han rebajado la calificación y la recuperación de fondos por parte de los clientes ha sido tan intensa que el Fondo de Garantía de Depósitos ha tenido que habilitarle una línea urgente de liquidez de 1.500 millones de euros vinculada a una auditoría que pongo el foco en el Lava Jato.
Esteves ha sido apartado de su puesto y el nuevo equipo directivo ha preparado un plan de choque para “evitar el jaque mate” -en expresión del diario Folha de Sao Paulo, de cuya empresa editora BTG Pactual tiene el 5,9%-, que consiste básicamente en vender todo lo posible: participaciones empresariales, cartera de créditos... Todo y cuanto antes.
El nuevo presidente del banco, Persio Arida, ha sido tajante al explicar el plan de choque: “Hemos tomado la decisión de vender todos los negocios que no forman parte de la actividad financiera”, ha declarado a los medios brasileños. El banco ha colocado ya su participación en Rede D’Or, el mayor grupo de hospitales privados del país, y quiere desprenderse de todos los “negocios no esenciales para la actividad del banco” más allá incluso de las declaraciones de su primer ejecutivo: en los tanteos para la venta ha incluido incluso activos directamente vinculados a la actividad financiera: aspira a desprenderse de al menos la mitad de toda su cartera de créditos y hasta del banco suizo BSI, que acababa de adquirir.
En esta carrera desesperada por desprenderse rápidamente de todos los activos posibles está también su participación en ATLL, según han confirmado fuentes del mercado en España. Potenciales compradores han sido ya tanteados e informados de la decisión de BTG Pactual de vender su 39% de participación en ATLL de forma inmediata. Preguntada por eldiario.es/Catalunya Plural, una portavoz del banco en Londres -centro de operaciones para las actividades en Europa- se limitó a contestar: “Pese a que BTG Pactual ha dicho que está considerando la venta de ciertos activos, no vamos a comentar rumores ni especulaciones”.
El gran problema de la venta, explican fuentes de una de las entidades que ya ha sido tanteada, es precisamente el galimatías jurídico que rodea la mayor privatización de la historia de Catalunya, lo que hace muy difícil la operación sin importantes minusvalías para el banco.
Justo antes de las elecciones autonómicas de 2012, el Gobierno de Mas entregó la gestión de ATLL a un consorcio liderado por Acciona (51%) y BTG Pactual (39%), con la partiipacion de vehículos financieros de las familias Godia (5%) y Rodés (5%), lo que le permitió sortear la asfixia financiera con una operación de 1.000 millones de euros, que incluía la inyección inmediata de 300. Sin embargo, el proceso ha estado siempre bajo sospecha hasta el punto de que el mismo Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC), dependiente de la propia Presidència de la Generalitat, resolvió que debía excluirse al consorcio ganador porque su oferta no respetaba el pliego de condiciones.
La insólita resolución fue desatendida por el Gobierno de Mas, y la oferta rival, nucleada en torno a Agbar, ha ido ganando los sucesivos pleitos en los tribunales, incluido en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que el pasado junio declaró nulo el concurso. En la práctica, sin embargo, nada ha cambiado: el consorcio liderado por Acciona y BTG Pactual sigue al frente de la gestión de ATLL en el limbo jurídico -en teoría, quedan cuatro décadas de concesión- y nadie sabe cómo salir de un embrollo fenomenal en el que están en juego indemnizaciones millonarias con las arcas públicas vacías.
Por si fuera poco, las Candidaturas de Unitat Popular (CUP) han colocado entre las condiciones para facilitar la investidura de Mas la renacionalización de la ATLL, una opción rotundamente descartada hasta ahora por Mas. Lo único seguro es que el vodevil de la gran privatización del presidente “liberal” continúa.