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El gobierno del PP desvinculó a partir del 2013 la revisión anual de las pensiones de jubilación según el Índice de Precios al Consumo. El año próximo las devaluará por tercera vez consecutiva mediante el aumento anunciado del 0,25%, que no cubre el incremento del coste de la vida. El 70 % de los jubilados en toda España cobran menos de mil euros mensuales, son inframileuristas. Tan solo un 0,3 % percibe la pensión máxima de 2.567 €. Según un informe de Vidacaixa, la única fuente de ingresos de siete de cada diez jubilados es la pensión pública. Los reducidos aumentos anuales del 0,25% significan una pérdida acumulada del 30% al 50% del poder adquisitivo de las pensiones durante los próximos quince años.
El número de jubilados ha pasado los últimos diez años en España de 7,9 millones de personas a 9,1 millones. La actual política equivale a una condena a la precariedad de la mayoría de jubilados que no llegan a mileuristas.
La media estadística de la pensión de jubilación se sitúa hoy en 1.069,48 € mensuales para los hombres y 660,64 € las mujeres, en función de los importes cotizados. Sin embargo esta media estadística oculta enormes desequilibrios entre la pequeña cantidad de perceptores de la pensión máxima de 2.550 € y los de la mínima de 150 a 550 €.
Los continuos rumores sobre la insostenibilidad del régimen público de pensiones y el vaciado de la “hucha” disponible para pagarlas es una falacia destinada a empujar hacia el sistema privado de pensión de jubilación, promovido por los bancos, al escaso porcentaje de personas que pueden pagarlo y atemorizar a todas las demás para alejarlas de las “aventuras políticas” menos conservadoras. La realidad es la inversa. Lo insostenible es el actual sistema de financiación de las pensiones recortadas, si no se producen los cambios en la fiscalidad que no aplicarán nunca los gobiernos conservadores.
Privatizar gradualmente el sistema de pensiones a través de los fondos de ahorro individuales invalida el derecho a una vejez digna de la gran mayoría. Empobrecer a los pensionistas como han empobrecido a los trabajadores y los parados significa negarles el derecho a una vejez digna, después de haberles negado el derecho a un trabajo digno. Significa, en definitiva, aumentar la desigualdad entre los antiguos trabajadores y los rentistas del capital, que es el auténtico objetivo de la actual crisis.
El gobierno del PP desvinculó a partir del 2013 la revisión anual de las pensiones de jubilación según el Índice de Precios al Consumo. El año próximo las devaluará por tercera vez consecutiva mediante el aumento anunciado del 0,25%, que no cubre el incremento del coste de la vida. El 70 % de los jubilados en toda España cobran menos de mil euros mensuales, son inframileuristas. Tan solo un 0,3 % percibe la pensión máxima de 2.567 €. Según un informe de Vidacaixa, la única fuente de ingresos de siete de cada diez jubilados es la pensión pública. Los reducidos aumentos anuales del 0,25% significan una pérdida acumulada del 30% al 50% del poder adquisitivo de las pensiones durante los próximos quince años.
El número de jubilados ha pasado los últimos diez años en España de 7,9 millones de personas a 9,1 millones. La actual política equivale a una condena a la precariedad de la mayoría de jubilados que no llegan a mileuristas.