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El Bloque ocupado de Salt será desalojado según orden judicial, un día a partir del 27 de Noviembre. El #BlocdeSalt lo habitan 15 familias haciendo vida en común -38 personas, 18 de las cuales son menores-. Y no sólo viven juntas, sino que lo comparten todo. Los recursos económicos individuales de que disponen son muy limitados pero todos juntos, compartidos, les permiten vislumbrar un futuro digno. Ahora las quieren echar, separarlas. Lo sienten como un robo, un expolio a su derecho a construir un proyecto vital, a soñar un devenir con derechos y deberes de acuerdo a la condición de humanos expresada en la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Individualmente se sienten vulnerables, juntas se cruzan con fuerzas suficientes para progresar. Y lo hacen compartiendo el dinero, generando nueva economía expresada en el intercambio desinteresado dentro y con los de fuera, asumiendo nuevos papeles en los que las mujeres son el eje central de la sostenibilidad y del desarrollo del proyecto. ¿Por qué pues quieren separarlas si el objetivo de los gobiernos debería ser dar satisfacción a los derechos inalienables de la ciudadanía? ¿Qué cargas conlleva para el Govern, para el Gobierno, que estas familias continúen viviendo en el Bloque? ¿O es que les da miedo que otros ciudadanos reclamen aquello a lo que tienen derecho, una vivienda y un proyecto de vida digno y viable?
Vivimos un cambio de época que se expresa en el estado de emergencia vivencial que aturde buena parte del país. Y los poderes se aprovechan por la fuerza del dinero y el miedo. El aturdimiento provoca desconcierto y los más adinerados aprovechan para hacer lucrativos negocios. De los gobiernos se esperaba que regularan estas acciones, que nivelaran la balanza, que impidieran el enriquecimiento ilícito. Están haciendo todo lo contrario. Han favorecido el enriquecimiento de la minoría en detrimento de la mayoría. Y apelando a leyes injustas que se podrían cambiar pero no hay voluntad de hacerlo.
La doctrina del Tribunal Supremo señala: “No se enriquece injustamente aquel que actúa de acuerdo con la ley”. En el documental La Plataforma realizado por SICOM y Namuss Films, Jaume Masferrer, magistrado de la Audiencia provincial de Girona, refiriéndose a los desahucios y a la dación en pago, matiza: “Al Tribunal Supremo se le olvidó decir que no se enriquece injustamente aquel que actúa de acuerdo con la ley ”justa“ porque si la ley no es justa la solución legal que se derive será injusta, probablemente legal, pero no justa”.
¿Es justo desalojar familias que después de ser golpeadas duramente por una crisis de la que no son culpables sino víctimas, y que cuando han encontrado un proyecto de futuro en común se les niegue éste en nombre de los derechos de propiedad de un banco -malo-?
Primera: la versión oficial dice que a 5 familias se les ha ofrecido el alquiler social. ¿Qué pasará con las otras 10 hasta llegar a 15, que viven en el Bloque?
Segunda: A las familias no se les está ofreciendo un alquiler social sino una cesión de uso temporal porque en el contrato hay una cláusula que dice “La Agencia de la Vivienda de Cataluña se reserva el derecho de resolver el presente documento si lo justifican circunstancias sobrevenidas de interés público”. ¿Un alquiler social puede contener una cláusula que no da ninguna garantía temporal al contrato? ¿Qué garantía tienen las familias que la Generalitat no se venderá las viviendas otorgadas?
Tercera: El problema de la vivienda en las comarcas de Girona no se limita al Bloque de Salt. ¿Cuántas familias hay entre Salt y Girona que no tienen casa? La asamblea de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Girona -@ pah_girona- tiene documentadas 165. ¿A cuántas familias piensa dar solución inmediata la Mesa de Emergencia Habitacional de la Generalitat?
Las respuestas a estas preguntas demuestran que tan sólo se dice y se informa adecuadamente de lo que conviene a la mirada monolítica y única que el poder quiere dar del mundo. A la ciudadanía se le dice que el Gobierno da piso a 5 familias y esconde que en el bloque viven otras 10. Y se dice con la boca pequeña, o no se dice, que 165 familias han documentado ante la PAH que necesitan casa. Sabemos a ciencia cierta que el Ayuntamiento de Salt y por extensión la Generalitat, disponen de información actualizada. ¿Por qué no se trata pues de dar solución a los que no tienen casa y se deja para el final el “problema” de los 13 bloques ocupados en Cataluña y los 2 que hay en el resto de España? ¿No sería más lógico hacerlo así?
El próximo miércoles día 4 de diciembre se discutirá en el Parlamento una propuesta de Roger Torrent, diputado de ERC, con el apoyo de PSC, CUP e ICV, para que se pida una prórroga en la ejecución del desalojo y se ponga en marcha una negociación con la SAREB con la finalidad de destinar este bloque a alquiler social. “Esta es una demanda legítima y consecuente. Y en este sentido los instamos a negociar con la propiedad del bloque, para que se destine este edificio a viviendas de alquiler social”.
En resumen: alquiler social y de verdad para los que ya disponen de casa y a preocuparse de los que no tienen, que ya supone suficiente trabajo.
¿O es que no tiene intención CiU de votar a favor de la propuesta de ERC?
¿No debería esperarse a tomar cualquier decisión hasta que el Parlamento se pronuncie?
La vida de las personas que viven en el Bloque de Salt no es tan solo un problema legal, es un problema de legitimidad. Estamos hablando del derecho a tener una vivienda digna y ahora la tienen. Y no se la han quitado a nadie porque el bloque era propiedad de un banco que ha quebrado, Mare Nostrum, y ahora mismo es lo es de la SAREB. A todas las entidades financieras las hemos financiado con el dinero de nuestros impuestos. Y aún más, el Consejo de Ministros tiene previsto dar pronto otros 50 mil millones a la banca. ¿Todo para la banca y nada para la ciudadanía?
Si los poderes públicos no garantizan los derechos sociales inalienables y en su defecto jueces y tribunales no ponen en marcha los mecanismos secundarios para garantizarlos, la ciudadanía tiene derecho a desobedecer y organizarse para ejercer la autotutela.
El Bloque ocupado de Salt será desalojado según orden judicial, un día a partir del 27 de Noviembre. El #BlocdeSalt lo habitan 15 familias haciendo vida en común -38 personas, 18 de las cuales son menores-. Y no sólo viven juntas, sino que lo comparten todo. Los recursos económicos individuales de que disponen son muy limitados pero todos juntos, compartidos, les permiten vislumbrar un futuro digno. Ahora las quieren echar, separarlas. Lo sienten como un robo, un expolio a su derecho a construir un proyecto vital, a soñar un devenir con derechos y deberes de acuerdo a la condición de humanos expresada en la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Individualmente se sienten vulnerables, juntas se cruzan con fuerzas suficientes para progresar. Y lo hacen compartiendo el dinero, generando nueva economía expresada en el intercambio desinteresado dentro y con los de fuera, asumiendo nuevos papeles en los que las mujeres son el eje central de la sostenibilidad y del desarrollo del proyecto. ¿Por qué pues quieren separarlas si el objetivo de los gobiernos debería ser dar satisfacción a los derechos inalienables de la ciudadanía? ¿Qué cargas conlleva para el Govern, para el Gobierno, que estas familias continúen viviendo en el Bloque? ¿O es que les da miedo que otros ciudadanos reclamen aquello a lo que tienen derecho, una vivienda y un proyecto de vida digno y viable?