Entre la conferencia de Artur Mas y la de Oriol Junqueras ha sucedido un hecho excepcional en Catalunya sobre el que casi nadie parece prestar atención, embelesado como está el mundo oficial en la partida de ajedrez entre dos líderes que se disputan la hegemonía del nacionalismo.
Este hecho excepcional es el siguiente: el banco brasileño BTG Pactual ha vendido su participación en la empresa que gestiona los peajes de los túneles de Vallvidrera y del Cadí por nada menos que 146,65 millones de euros. Hace apenas dos años había adquirido las participaciones por sólo 59,5 millones en una privatización que, vista ahora, es como para tirarse de los pelos y quizá algo más: el banco brasileño ha hecho un pelotazo de 86,9 millones en apenas dos años a costa lógicamente de las arcas públicas, que están, además, bajo mínimos.
La Generalitat mantiene la cantinela de que “Madrid nos roba”, pero es imposible encontrar un enemigo exterior al que endosar esta privatización con resultados tan increíbles.
La explicación oficial es que la diferencia de precio revela que la situación es ahora mucho mejor y que simplemente demuestra que ha vuelto el apetito inversor. Pero no hace falta haber estudiado en la Universidad de Minnesota ni haber sido profesor en Berkeley y Harvard para darse cuenta del despropósito que ha significado este regalo a un banco privado brasileño de las acciones de una empresa que hasta hace apenas dos años era de todos los catalanes.
Como casi todo el mundo mira sólo la partida de ajedrez entre Mas y Junqueras, a la Generalitat le basta con dar la explicación oficial y a otra cosa, incluyendo el seguir pontificando sobre balanzas fiscales, necesidad de ajustarse el cinturón y pócimas neoliberales en nombre, además, de la supuesta solvencia y sabiduría de los mismos responsables del desaguisado de esta privatización.
El pelotazo ya es en sí mismo un hecho extraordinario. Pero la historia ni siquiera acaba aquí.
A las tres semanas de aprovechar el ofertón y comprar a la Generalitat las acciones de la concesionaria, el mismo banco brasileño, BTG Pactual, participaba en la mayor privatización de la historia de la Generalitat como integrante minoritario de un consorcio liderado por Acciona, que se hacía con la gestión de Aguas Ter-Llobregat (ATLL).
Esta privatización fue un auténtico balón de oxígeno para la Generalitat al permitirle ingresar 1.000 millones. Pero no ha sido sólo la mayor privatización de su historia, sino también la más polémica y hasta abracadabrante: el mismo Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC), entidad pública que depende de la propia Generalitat, dictaminó que la adjudicación fue irregular porque el consorcio ganador ni siquiera cumplía con el pliego de condiciones, y luego tanto el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) como el Tribunal Supremo han instado a revocar la concesión, mientras la Generalitat sigue silbando y mirando para otro lado pese a la sucesión de reveses judiciales y al ridículo público.
Ahora sabemos además que, en la práctica, un socio clave del consorcio ganador de la ATLL, el banco brasileño BTG Pactual, ha podido financiar en parte su participación en la aventura gracias al regalo que la misma Generalitat le hizo muy pocos días antes.
En esta tierra de grandes conferenciantes suceden cosas realmente extraordinarias. La que más: ni siquiera generan debate público.
Entre la conferencia de Artur Mas y la de Oriol Junqueras ha sucedido un hecho excepcional en Catalunya sobre el que casi nadie parece prestar atención, embelesado como está el mundo oficial en la partida de ajedrez entre dos líderes que se disputan la hegemonía del nacionalismo.
Este hecho excepcional es el siguiente: el banco brasileño BTG Pactual ha vendido su participación en la empresa que gestiona los peajes de los túneles de Vallvidrera y del Cadí por nada menos que 146,65 millones de euros. Hace apenas dos años había adquirido las participaciones por sólo 59,5 millones en una privatización que, vista ahora, es como para tirarse de los pelos y quizá algo más: el banco brasileño ha hecho un pelotazo de 86,9 millones en apenas dos años a costa lógicamente de las arcas públicas, que están, además, bajo mínimos.