De la defensa de los manteros al abordaje punitivo

El año 2009 fue uno de los momentos en los que mayor auge tuvo la plataforma “Ni un solo mantero en prisión”, que pretendía “en primer lugar, la reforma del código penal para evitar el ingreso en prisión de las personas que trabajan como manteros, y mientras tanto, se solicitaban indultos a todos aquellos que se encontraban en las prisiones”. En ese momento, según datos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía había en prisión 127 personas condenados por delitos contra la propiedad intelectual. 540 habían pasado por las prisiones del 2006 al 2009.

Tras muchos años de lucha, y gracias al apoyo de amplios sectores de la sociedad que organizaron todo tipo de acciones, se logró que en la Reforma del Código Penal que entró en vigor el 23 de Diciembre de 2010 la actividad del Top Manta pasara de delito (penas de 6 meses a 2 años de prisión) a constituir una falta. Los manteros dejaban de entrar en prisión y la actividad el Top Manta no impedía la regularización de los manteros, ya que no generaba antecedentes penales. Una victoria parcial que fue tomada como una conquista de derechos por los colectivos que trabajaban contra el racismo y por los derechos de las personas migradas. También por los partidos de izquierda y por los movimientos sociales.

En estos años el fenómeno del Top Manta ha continuado existiendo en Barcelona, pero nunca hasta la actualidad había supuesto un problema de seguridad pública. Sin embargo, cada día se ejercía la venta del Top Manta y la Guardia Urbana perseguía la actividad. De hecho, la despenalización abrió la puerta a la gestión mediante pactos informales. También había contundencia policial y varios casos de malos tratos saltaron a la luz pública en el año 2012. En ocasiones se imponían multas por la ordenanza del civismo, en ocasiones se imponían denuncias penales que acababan en juicios de faltas. Por cierto, cabe destacar que muchos juzgados absolvieron en estos años a manteros en base al principio de intervención mínima del derecho penal, y al hecho de que en la mayor parte de los casos no se puede demostrar un perjuicio económico para el titular de la marca registrada debido a que se tratan de “burdas” copias, y a que en ningún caso una persona que quiere un bolso que cuesta 300 o 400 euros dejaría de comprarlo por una copia falsa de baja calidad.

Julio del 2015. Entra en vigor la reforma del Código Penal aprobada por mayoría absoluta por el Partido Popular. El Top Manta vuelve a ser delito, article 274.4: “La venta ambulante u ocasional de los productos a que se refieren los apartados anteriores será castigada con la pena de prisión de seis meses a dos años. No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener el Juez podrá imponer la pena de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días”. Tan sólo 5 años después, en pleno contexto de endurecimiento de las políticas criminales, el Top Manta volvía a ser delito.

Casualmente [o no] en ese mismo verano, el primero que afronta el gobierno municipal de Barcelona en Comú, se visibiliza un problema a través de la sobre-exposición mediática del Top Manta y la presión de ciertas agrupaciones que actúan a modo de lobby. Ante la propuesta de derogar la ordenanza del civismo y de acabar con las unidades antidisturbios, se desata una situación con no pocos intereses. Este proceso se produce en pleno proceso de re-penalización. El Top Manta puede llevar de nuevo a las personas a prisión y puede dificultar en gran medida las posibilidades de regularizarse así como de renovar situaciones ya regularizadas. Los meses pasan, los manteros se organizan a través del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes y un grupo de personas solidarias conforman Tras la Manta. Después de años de vacío organizativo, desde la existencia de Nómadas del Siglo XXI, los manteros se organizan de nuevo y cuentan con apoyo social.

Se problematiza la situación, se organizan manifestaciones, la situación se endurece, se generan diálogos, se genera una mesa de ciudad. Nada resuelve la situación. Dos fenómenos son verdaderamente importantes:

Por un lado, la construcción de un proceso de populismo punitivo en el que el Top Manta se convierte en un “problema” de ciudad, pasando de un abordaje de espacio público a un abordaje securitario. También se trata de abordar con propuestas sociales, imprescindibles, pero que no erradicarán la situación ya que el Top Manta es un mecanismo de subsistencia ampliamente asentado entre quienes tratan de surfear la crisis desde los márgenes.

Por otro, el hecho de que la actividad se haya convertido en delito complica la gestión por vías alternativas a las punitivas.

Ahora bien. ¿Está siendo capaz el equipo de gobierno de Barcelona en Comú de plantear un modelo de ordenación del espacio público y de seguridad diferente? Con los acontecimientos de las últimas semanas todo parece indicar que no. Ni en los discursos ni en las prácticas. Al menos en lo relativo al Top Manta.

Por un lado, es preocupante como el proceso descrito anteriormente está moviendo los posicionamientos del consistorio en la materia. Comunicativamente se habla de un abordaje social, cuando llevamos meses comprobando que en la cotidianidad se está produciendo un abordaje punitivo en aumento. Y todo ello, sin que haya habido desde el consistorio un posicionamiento claro por la despenalización del Top Manta que pueda influir al legislativo estatal a recuperar la situación del 2010. De hecho, en una rueda de prensa llevada a cabo este miércoles, la teniente de alcaldesa Laia Ortiz, se ha aferrado a que es un delito (sin cuestionarlo) para apelar a que quienes defendemos los derechos de dicha población les animemos a dejar la actividad del Top Manta en un ejercicio de “responsabilidad” por nuestra parte.

Por otro, parece que preocupa en exceso la celebración del mercadillo rebelde semanal en el que el sindicato de manteros, conjuntamente con entidades, llevan a cabo una acción mayoritariamente simbólica en la que ponen las mantas en la zona de Canaletas con el principal objetivo de reivindicar un cambio en las políticas públicas. Hace varias semanas varias dotaciones de antidisturbios de la Guardia Urbana estaban dispuestas a actuar en el momento que se pusiera una manta en el suelo (así me lo comunicaron). Finalmente el amplio apoyo de más de 200 personas y la decisión de no cargar evitaron males mayores.

Asimismo, la propuesta del PSC, acogida, parece, por ERC y Barcelona en Comú, de multar a los compradores del Top Manta parece un intento desesperado y pésimo de aislar al colectivo de manteros y de criminalizar a las personas que se les acerquen. No es nuevo, ya que se ha sido defendido por determinados sectores en la gestión del trabajo sexual. Multar a los clientes. Desde mi opinión, una concesión improvisada y errónea consecuencia de la presión construida sobre la situación.

Estamos ante un momento especialmente delicado. El próximo sábado se llevará a cabo un nuevo mercadillo rebelde a partir de las 17 horas. Es imprevisible saber en este momento cual será la reacción policial, provenga del cuerpo de Guardia Urbana o provenga de Mossos. Se percibe que se ha tomado la decisión de impedir esta expresión de protesta, pero a la vez cada vez suma más apoyos. Muchas estaremos allí. Una expresión de protesta, por cierto, muy similar a aquellas que llevaron a la despenalización en el 2010. El abordaje pasa por volver a lograr la despenalización del top manta, por un abordaje social que permita la conquista de derechos de un sector excluido durante años, y por el despliegue de un gran esfuerzo en mediación y diálogo que en muchas ocasiones gestiona mejor las situaciones que el abordaje punitivo y policial.

El año 2009 fue uno de los momentos en los que mayor auge tuvo la plataforma “Ni un solo mantero en prisión”, que pretendía “en primer lugar, la reforma del código penal para evitar el ingreso en prisión de las personas que trabajan como manteros, y mientras tanto, se solicitaban indultos a todos aquellos que se encontraban en las prisiones”. En ese momento, según datos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía había en prisión 127 personas condenados por delitos contra la propiedad intelectual. 540 habían pasado por las prisiones del 2006 al 2009.

Tras muchos años de lucha, y gracias al apoyo de amplios sectores de la sociedad que organizaron todo tipo de acciones, se logró que en la Reforma del Código Penal que entró en vigor el 23 de Diciembre de 2010 la actividad del Top Manta pasara de delito (penas de 6 meses a 2 años de prisión) a constituir una falta. Los manteros dejaban de entrar en prisión y la actividad el Top Manta no impedía la regularización de los manteros, ya que no generaba antecedentes penales. Una victoria parcial que fue tomada como una conquista de derechos por los colectivos que trabajaban contra el racismo y por los derechos de las personas migradas. También por los partidos de izquierda y por los movimientos sociales.