La Diada del año próximo debería organizarse a lo largo de España

Plantear la independencia sin fuerza suficiente para imponerla o utilizar su reivindicación para ocultar las causas de la crisis puede llegar a convertirse cada año en una movilización ciudadana entusiasta y modélica que al día siguiente vuelva al punto de partida, a la realidad previa del tablero político que debe tomar las decisiones. El gobierno español, con mayoría absoluta del PP, ofrece como mucho revisar el encaje constitucional sin cambiarlo. La mayoría del Parlament de Cataluña propone un derecho a decidir que no es interpretado del mismo modo dentro del arco parlamentario ni, menos aun, depende únicamente de los catalanes en la situación dada.

En democracia el peso de la ciudadanía se expresa primordialmente en las urnas, y las urnas que cuentan en lo referente a la relación entre Cataluña y España no son solamente las de Cataluña ni se llenan solamente con el deseo de una de las partes implicadas. Para vencer el reto planteado de otra relación con España se ha de convencer al electorado dentro de Cataluña y también fuera de ella. Por eso la Diada del año próximo debería organizarse a lo largo de toda España, partiendo de la realidad existente para intentar cambiarla.

La Vía Báltica de 1989 surtió efecto porque coincidió con el contexto internacional de desmontaje de la URSSS. La Vía Catalana que la ha tomado como modelo coincide con otro contexto internacional: la crisis del Estado del bienestar por la complicidad entre el poder financiero y el poder político que debía controlarlo, con un volumen insólito de destrucción de puestos de trabajo, desigualdad social y recortes de servicios públicos, un volumen al que se ha apuntado sin contraste el gobierno de la Generalitat.

La crisis que se encuentra planteada no es solamente la del tipo de dependencia entre Cataluña y España, sino la del tipo de dependencia entre la ciudadanía y el sistema político que ha entrado en crisis por culpa de aquella complicidad. Las manifestaciones ciudadanas multitudinarias en uno de los dos lados implicados son una prueba de civismo y amplitud del deseo de cambio, no una prenda de cambio. Podemos repetirlas cada año, sin duda, pero convendría ir afinando el punto de mira.

Plantear la independencia sin fuerza suficiente para imponerla o utilizar su reivindicación para ocultar las causas de la crisis puede llegar a convertirse cada año en una movilización ciudadana entusiasta y modélica que al día siguiente vuelva al punto de partida, a la realidad previa del tablero político que debe tomar las decisiones. El gobierno español, con mayoría absoluta del PP, ofrece como mucho revisar el encaje constitucional sin cambiarlo. La mayoría del Parlament de Cataluña propone un derecho a decidir que no es interpretado del mismo modo dentro del arco parlamentario ni, menos aun, depende únicamente de los catalanes en la situación dada.

En democracia el peso de la ciudadanía se expresa primordialmente en las urnas, y las urnas que cuentan en lo referente a la relación entre Cataluña y España no son solamente las de Cataluña ni se llenan solamente con el deseo de una de las partes implicadas. Para vencer el reto planteado de otra relación con España se ha de convencer al electorado dentro de Cataluña y también fuera de ella. Por eso la Diada del año próximo debería organizarse a lo largo de toda España, partiendo de la realidad existente para intentar cambiarla.