La prisión incondicional de los presidentes de Òmnium y de la Assemblea Nacional Catalana constituye el click, el paso, el interruptor que acciona un nuevo escenario en Catalunya. Definitivamente, después de las cargas policiales del 1-O y las detenciones de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, el conflicto deja de ser un pulso entre el independentismo y el Estado, para plantearse en términos de democracia y libertades, frente a represión. Esta convicción de una mayoría social en Catalunya representa un cambio político que marcará el devenir de los próximos días y, posiblemente, tendrá efectos irreversibles a medio y largo plazo.
Quienes han impulsado el procedimiento que, finalmente, ha llevado a la Audiencia Nacional a ordenar el encarcelamiento de Cuixart y Sánchez no son conscientes del impacto que ha provocado en buena parte de Catalunya. Y si lo son, demuestran que están dispuestos a cruzar todos los límites para intentar infligir un sentimiento de humillación y derrota entre el independentismo. El gran error, el inmenso error, es no querer ver que esta percepción se extiende mucho más allá del proyecto soberanista. Porque afecta a valores y principios compartidos de una forma mucho más plural y transversal en Catalunya.
Las detenciones de los líderes de las entidades que durante años han movilizado pacíficamente a millones de personas difuminan los matices. Dejan sin argumentos a quienes han defendido la necesidad de encontrar fórmulas de encaje de Catalunya en España. A quienes han clamado en el desierto por un proyecto federal. Por el entendimiento. Esta es la tragedia. La represión del 1-O y las detenciones de líderes soberanistas imponen el blanco y negro. Ya no existe el gris porque la emergencia sólo es una: defender la dignidad. Incluso dejan fuera de lugar las críticas que podría merecer una llamada ‘sociedad civil’ que, en el fondo, es claramente un instrumento político.
Y trágico también resulta que en esta simplificación de la realidad muchos catalanes confundan cada vez más al Estado con España. Y tiren la toalla. Porque, dicen, ‘España no tiene solución’. El Partido Popular ha dado incontables argumentos para avalar esta desazón. Pero desde Catalunya resulta imprescindible recordar que existe ‘otra España’ que ha tenido el coraje de comprender y defender las aspiraciones catalanas. Y también, desde Catalunya, es el momento de recordar que el PSOE tiene la responsabilidad histórica de cambiar el axioma y romper la perversa equiparación entre el Estado y España.
Las detenciones de Cuixart i Sánchez llegan por añadidura en plena campaña contra las escuelas catalanas. Otra vez el Partido Popular, y en especial Ciudadanos, ponen el foco en la comunidad educativa, a la que acusan de adoctrinamiento de los alumnos y de ser culpables del auge del independentismo. Con ignorancia, o con mala fe, activan un nuevo resorte transversal y plural de la sociedad catalana: la defensa del modelo educativo. Las escuelas, las maestras y maestros, gozan del reconocimiento mayoritario de la población. Y existe un amplísimo consenso a la hora de atribuir a la escuela el mérito de la cohesión social de la que ha gozado Catalunya hasta ahora.
La derecha española, hoy representada por el Partido Popular y por Ciudadanos, ha encarado un problema político como si fuera exclusivamente una cuestión judicial o, incluso de orden público. A partir de esta concepción ha cometido una cadena de equivocaciones que nos acercan al error definitivo. El impacto emocional que ha provocado el 1-O y ahora las detenciones de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez nos sitúan peligrosamente aquí, en el punto de no retorno. Y la única esperanza está ya en la reacción de Europa y de la sociedad española, que entiendan que en Catalunya se juegan también los valores democráticos de todos.
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