Los inmigrantes en masa de las pateras, ¡que se mueran!

La imprecación “¡Que se jodan!”, referida a los parados a quienes el presidente del gobierno Mariano Rajoy acababa de anunciar en la tribuna del Congreso de Diputados el recorte del subsidio, proferida desde la bancada del Partido Popular en julio de 2012 por la diputada valenciana Andrea Fabra (hija del empresario y presidente popular de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, condenado por delitos fiscales e ingresado en prisión desde diciembre de 2014), se ha quedado terriblemente corta frente a otros parados sobrevenidos en condiciones peores aun. Son los africanos que penan por acceder ilegalmente a Europa y que se dejan masivamente el pellejo en el empeño, por la perversidad de los traficantes de personas, la inacción de las autoridades ante los costos del alud en vidas humanas y la escasa sensibilización ciudadana a propósito de un drama colectivo que parece lejano pese a producirse en el umbral de casa.

Las últimas noticias son aterradoras en cifras de víctimas, aunque perfecta y pasivamente previstas. Todas las instituciones nacionales e internacionales han reducido los medios materiales de prevención o de acogida de la avalancha, en una falsa declaración de impotencia ante su magnitud. En realidad encubre la ausencia de voluntad política de enfrentarlo eficazmente, con el convencimiento de que los horrorosos costos humanos afectan muy poco al electorado del que dependen las instituciones responsables.

Estos nuevos mendicantes, colocados en una situación límite por la política internacional que permite o atiza los enfrentamientos bélicos en África y el Próximo Oriente, tienen que pasar a formar parte urgente de la agenda de problemas a resolver de nuestros gobernantes y, sobre todo, de nuestras reivindicaciones ciudadanas. La flamante agencia de fronteras Frontex, de la Unión Europea, estima que el pasado año entraron en Europa 270.000 personas por vías ilegales y murieron en ello o desaparecieron 3.400. La Organización Internacional para las Migraciones, de las Naciones Unidas, eleva la cifra de muertos y desaparecidos a 4.868. El balance del 2015 se anuncia mucho más brutal, mientras los servicios secretos de varios países europeos echan leña al fuego del miedo social insinuando que entre 10 y 20 millones de africanos se hallan a la espera de cruzar el Mediterráneo.

A la civilizada Europa de los valores morales y democráticos, a cada uno de los europeos que comemos caliente cada día, nos debería caer la cara de vergüenza ante el apocalipsis inhumano que tiene lugar últimamente en nuestro litoral, la condena a muerte en masa del nuevo lumpenproletariado. Tal vez con algo más de discreción y mala conciencia que la diputada popular Andrea Fabra, todos estamos diciendo por activa o por pasiva: ¡Que se mueran!

La imprecación “¡Que se jodan!”, referida a los parados a quienes el presidente del gobierno Mariano Rajoy acababa de anunciar en la tribuna del Congreso de Diputados el recorte del subsidio, proferida desde la bancada del Partido Popular en julio de 2012 por la diputada valenciana Andrea Fabra (hija del empresario y presidente popular de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, condenado por delitos fiscales e ingresado en prisión desde diciembre de 2014), se ha quedado terriblemente corta frente a otros parados sobrevenidos en condiciones peores aun. Son los africanos que penan por acceder ilegalmente a Europa y que se dejan masivamente el pellejo en el empeño, por la perversidad de los traficantes de personas, la inacción de las autoridades ante los costos del alud en vidas humanas y la escasa sensibilización ciudadana a propósito de un drama colectivo que parece lejano pese a producirse en el umbral de casa.

Las últimas noticias son aterradoras en cifras de víctimas, aunque perfecta y pasivamente previstas. Todas las instituciones nacionales e internacionales han reducido los medios materiales de prevención o de acogida de la avalancha, en una falsa declaración de impotencia ante su magnitud. En realidad encubre la ausencia de voluntad política de enfrentarlo eficazmente, con el convencimiento de que los horrorosos costos humanos afectan muy poco al electorado del que dependen las instituciones responsables.