El blog Opinions pretende ser un espacio de reflexión, de opinión y de debate. Una mirada con vocación de reflejar la pluralidad de la sociedad catalana y también con la voluntad de explicar Cataluña al resto de España.
Llegir Opinions en català aquí.
Podemos pensar que las leyes, también las sociales, están hechas para proteger a la ciudadanía para mantener el estado de bienestar. Hoy en día, al menos en el tema de la vivienda, no sucede. Prevalece el derecho individual, es decir, el derecho a la propiedad privada por encima al derecho constitucional de proveer y garantizar a la ciudadanía a poder acceder a una vivienda digna y adecuada. No solamente eso, sino que se pasan por el forro la norma (ley) de que la vivienda tiene que cumplir una función social.
Este 2018 se cumplen 10 años del estallido de la mal llamada crisis, en España la podemos llamar estafa hipotecaria y 70 años de la declaración universal de los derechos humanos. Desde el 2008 se han desahuciado a más de 600.000 familias que no han podido pagar su hipoteca y/o alquiler, sin contar con las miles de personas que han sido estafadas por las preferentes
Las leyes han de ser un reflejo del consenso social. Al menos así lo veo yo. Actuando de una manera permeable y también cambiable. Hoy en día podemos decir que el poder legislativo, en materia de vivienda, sigue secuestrado por los intereses de los que quieren especular con un derecho fundamental, sobre todo de la banca. La respuesta del Gobierno del PSOE a la sentencia del Tribunal Supremo es un claro ejemplo. Podría haber sacado un real decreto de forma retroactiva para favorecer a la ciudadanía o hacer una medida de maquillaje para favorecer a la banca como ha hecho.
Para poner una nota de color -verde, en este caso-, la ciudadanía sigue estando por delante de las instituciones y en Catalunya ha sido capaz de recuperar una ley que el PP y la banca daban por sentenciada y enterrada: la Ley 24/2015. Esta Ley en las próximas semanas volverá a estar en vigor, una vez que el Tribunal Constitucional la publique en el BOE, y obligando a bancos y fondos buitres hacer alquileres sociales a familias vulnerables evitando desahucios y hará que los municipios pueden aumentar su parque público de alquiler social con cesiones de pisos vacíos de la banca. No solamente eso está haciendo la ciudadanía, sino que también en Barcelona se ha conseguido que toda nueva construcción o gran rehabilitación se destine el 30% a vivienda asequible y cambiar el paradigma que los promotores también se corresponsabilicen con las ciudades como pasa en Francia o otros países.
Sigamos empujando desde abajo, porque los derechos no se piden, se conquistan. Como dice la PAH: ¡Hagamos posible lo imposible!
Podemos pensar que las leyes, también las sociales, están hechas para proteger a la ciudadanía para mantener el estado de bienestar. Hoy en día, al menos en el tema de la vivienda, no sucede. Prevalece el derecho individual, es decir, el derecho a la propiedad privada por encima al derecho constitucional de proveer y garantizar a la ciudadanía a poder acceder a una vivienda digna y adecuada. No solamente eso, sino que se pasan por el forro la norma (ley) de que la vivienda tiene que cumplir una función social.
Este 2018 se cumplen 10 años del estallido de la mal llamada crisis, en España la podemos llamar estafa hipotecaria y 70 años de la declaración universal de los derechos humanos. Desde el 2008 se han desahuciado a más de 600.000 familias que no han podido pagar su hipoteca y/o alquiler, sin contar con las miles de personas que han sido estafadas por las preferentes