¿Puede haber democracia sin iniciativa ciudadana?

El final tan desafortunado de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regulación de la dación en pago, que un grupo de entidades sociales y sindicales impulsamos consiguiendo el apoyo de 1.402.854 ciudadanos, y que ha desembocado en la ley hipotecaria del PP totalmente opuesta a las demandas principales del grupo promotor, ilustra el fracaso, no sólo de este canal de participación, sino de las reglas del juego de nuestro sistema político llamado democracia.

Porque ante este episodio, donde 185 voces del partido político mayoritario (PP) han menospreciado casi un millón y medio de voluntades, uno llega a cuestionarse si realmente nuestros y nuestras representantes de las instituciones políticas son conscientes que son profesionales de la gestión pública al servicio de los vecinos y las vecinas de las ciudades, pueblos y barrios, y no un murmullo de fondo. ¿Cómo esta oligarquía de la “partitocracia” ha podido llegar tan lejos?

Las personas que hemos vivido desde las bambalinas todo el proceso de la ILP, obviamente nos resulta esperpéntico, que la mayoría absoluta del Gobierno del PP sirva para invisibilizar un grave problema social: el drama cotidiano de los 526 desahucios diarios en España, 100 en Cataluña. Ante este desenlace que se suma a muchas ILP pervertidas y hundidas: ¿no se debería mover ficha para cambiar estas reglas del juego que han convertido la figura de la ILP en un instrumento realmente nulo para la participación ciudadana?

En este sentido hay que visualizar esta historia de voluntades ciudadanas hundidas: desde 1984 se han presentado un total de 74 ILP al Congreso de Diputados en Madrid y sólo una, referente a la Ley de Propiedad Horizontal, se ha convertido ley.

También hay que recordar las perversiones de las reglas de juego de las ILP, que como la de la de dación en pago, han acabado dando paso a normas legales totalmente opuestas a los propósitos originarios buscados por las plataformas de entidades impulsoras. Por ejemplo, en Cataluña en 1998, una de las primeras ILP de rango autonómico proponía la prohibición de la incineración de residuos. Durante el transcurso del debate parlamentario el texto fue tan modificado por los diputados y las diputadas autonómicas, que finalmente se convirtió en la norma que dio luz verde a la legislación de la incineración en Cataluña. Aunque este final hoy ya no puede pasar porque se modificó la ley en el sentido de permitir a la Comisión Promotora mantener la titularidad de la ILP y poder retirarla hasta el momento de la votación, sí que puede acabar sucediendo que el objetivo de tal iniciativa se tergiverse 180 grados, como ha ocurrido con la de la dación en pago. Finalmente ésta se retiró del Congreso por el grupo promotor ante el temor de lo que ha acabado sucediendo: la aprobación de un marco legal totalmente opuesto al que se pretendía.

Es cierto que ha habido partidos que han hecho propuestas - ni escuchadas ni recogidas-para mejorar los engranajes de las ILP con el fin de proteger más la voluntad de la ciudadanía. Algunas mejoras, muy necesariamente, apuntan hacia la urgencia de que la Comisión Promotora de una ILP pueda debatir, cara a cara, con los grupos parlamentarios el contenido de su propuesta antes del plenario. De esta manera habría un intercambio imprescindible de puntos de vista y argumentos entre los y las diputados y diputadas y las personas expertas vinculadas a las temáticas presentadas.

También habría que incorporar mecanismos para que permitieran que las firmas recogidas, si son desestimadas y no entran ni a trámite parlamentario, se tuvieran en cuenta para someter las propuestas a consultas populares o referendos, con el horizonte de conocer el alcance real del apoyo popular. No se está pidiendo que, de manera automática, un determinado número de firmas puedan convertir en ley una propuesta, pero hay que tener en cuenta la voz de la ciudadanía y otorgarle el derecho a debatir, rebatir y argumentar las propuestas y si, al final los Parlamentos deciden no hacer caso, que se pueda preguntar al conjunto del pueblo qué piensa.

Hay que arrancar motores para trabajar desde ya por la mejora de la calidad de nuestro sistema democrático lo antes posible, porque desgraciadamente nos encontramos con el paisaje esperpéntico que la ILP para declarar los toros de interés nacional, apoyada por 550.000 ciudadanos, se convertirá en una ley gracias a la luz verde del PP, y en cambio la ILP para regular la dación en pago, reclamada por casi el triple de personas, ha quedado en papel mojado, y en la persistencia de un drama social, los desahucios, que están tiñendo de muerte y de desesperanza muchos de nuestros barrios.

El final tan desafortunado de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regulación de la dación en pago, que un grupo de entidades sociales y sindicales impulsamos consiguiendo el apoyo de 1.402.854 ciudadanos, y que ha desembocado en la ley hipotecaria del PP totalmente opuesta a las demandas principales del grupo promotor, ilustra el fracaso, no sólo de este canal de participación, sino de las reglas del juego de nuestro sistema político llamado democracia.

Porque ante este episodio, donde 185 voces del partido político mayoritario (PP) han menospreciado casi un millón y medio de voluntades, uno llega a cuestionarse si realmente nuestros y nuestras representantes de las instituciones políticas son conscientes que son profesionales de la gestión pública al servicio de los vecinos y las vecinas de las ciudades, pueblos y barrios, y no un murmullo de fondo. ¿Cómo esta oligarquía de la “partitocracia” ha podido llegar tan lejos?