TV3 realizó una cobertura ejemplar de las primeras jornadas del Caso Palau. Las confesiones de Fèlix Millet, Gemma Montull y su padre, Jordi Montull, ocuparon el espacio que su trascendencia merecía en los Telenotícies. TV3 aplicó los criterios del periodismo a la hora de valorar y tratar un juicio que tardó casi ocho años en llegar y que marcará un antes y un después en la sociedad y en la política catalana.
Pero el periodismo de TV3 ha tenido consecuencias. Pocos días después el director de la cadena, Jaume Peral, dimitía por “razones personales” y entraba en su lugar Vicent Sanchís. En el reparto de cuotas de Junts pel Sí el cargo de director de TV3 correspondió en su momento a Convergència (CDC) y el de director de informativos a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Y la vieja guardia de CDC ha buscado entre los suyos a un nuevo director que evite 'accidentes' como la cobertura del Caso Palau. O como aquella selección de ciudadanos que preguntó al President de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, y que no gustó nada al sector más duro del partido.
La paradoja es que mientras la corrupción de Convergència desfila por los tribunales, sus protagonistas aún tienen el poder suficiente para castigar a quienes informan sobre sus tropelías. La paradoja es que un president que fue periodista tolere que su partido aplique actitudes sectarias en TV3, tal como denuncian los trabajadores. La paradoja es que una coalición que promete un país independiente y libre, coarte la independencia y la libertad de los periodistas de los medios públicos. Pero el uso patrimonial de la televisión y la radio que deberían estar al servicio de todos viene de lejos.
Cuando CiU recuperó el poder, en el año 2010, después de los gobiernos tripartitos de izquierda, empezó una nueva época en TV3. El primer aviso fue el cambio en la ley audiovisual que le permitió al Gobierno de Artur Mas recuperar todo el poder en TV3. ¿Y cuál fue la primera decisión? Destituir a Mònica Terribas, que se había significado por su defensa de la independencia periodística. La segunda decisión del Gobierno, conjuntamente con el PP, fue desactivar el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) al convertirlo en un mero refugio de antiguos cargos políticos. El tercer aviso, y definitivo, fue la pérdida de pluralidad entre las voces que se escuchaban en TV3.
La vieja guardia de Convergència, con Jordi Pujol a la cabeza, siempre ha estado obsesionada por el control de los periodistas, de los medios, públicos y privados, y de las organizaciones profesionales. Fue uno de los signos de identidad del pujolismo, y sin el que no se explican los silencios frente a la corrupción. Hubo periodistas críticos, que fueron contra corriente, y pagaron un precio. Hubo periodistas, quizás la inmensa mayoría, que “no se metieron en política”. Y hubo una minoría que fueron protagonistas de aquel régimen de silencios, medias verdades, complicidades y manipulaciones. Una minoría que formó parte del poder. Dentro y fuera de los medios. La simbiosis era tal que Lluís Prenafeta, quien fuera el hombre más poderoso de Catalunya después de Jordi Pujol, creó una fundación que cobijaba a periodistas que, a la vez, actuaban de propagandistas de la causa pujolista.
Y la última y gran paradoja es que el mismo día en que Lluís Prenafeta se sentaba en el banquillo de los acusados por el Caso Pretoria, uno de los periodistas más significados de la Fundació Catalunya Oberta ocupaba la dirección de TV3. El fantasma de la antigua Convergència vaga por los juzgados arrastrando las cadenas de la corrupción, pero transita también por los despachos de TV3. La vieja guardia está acusada de aplicar la mordida del 3% porque creía que el país era de su propiedad. Y, de la misma forma, nombra ahora a uno de los suyos como director de TV3 porque considera que la cadena le pertenece. La nueva generación que intenta construir el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) y Esquerra Republicana Catalunya (ERC) debería saber que necesita desterrar este concepto patrimonial de Catalunya y de TV3 si quiere que el país y sus medios públicos sean de todos. Y no de los de siempre.
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