El pacto que han cerrado el PSOE y ERC para garantizar la investidura de Pedro Sánchez incluye acuerdos en materia de Rodalies, financiación, un reimpulso a la mesa de diálogo y un acuerdo sobre la ley de amnistía. La medida de más calado es el traspaso de Rodalies, el servicio ferroviario de Cercanías, que pasaría del Ministerio de Transportes a la Generalitat. El acuerdo, hecho público este jueves por parte de las dos formaciones, supondrá la creación de una empresa mixta entre el Estado y la Generalitat para culminar la transferencia a Catalunya tanto de los fondos necesarios para la gestión ferroviaria, como la titularidad de la red viaria y los trenes.
Tras cerrar el acuerdo ferroviario, la cúpula de ERC se ha reunido y ha dado luz verde a la investidura de Pedro Sánchez, una decisión que Oriol Junqueras ha detallado en rueda de prensa este mismo jueves. El líder de ERC y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, han sellado el acuerdo con un apretón de manos en Barcelona.
Traspaso integral de Rodalies
El acuerdo sobre Rodalies supone el traspaso integro tanto del servicio como de la infraestructura a la Generalitat. Para ello, se creará un empresa mixta Estado-Generalitat, con mayoría de la segunda que ostentará la presidencia, que hará las funciones del operador, es decir, sustituirá a Renfe. Además, se traspasarán a la administración autonómica los recursos necesarios para sufragarlos y para hacer las inversiones necesarias para mantener y mejorar la línea y, adicionalmente, Adif cederá a la Generalitat la titularidad de parte de las vías, en concreto los tramos centrales de la R1, R3 y R2.
El control sobre Rodalies es una de las reivindicaciones históricas de la Generalitat, que critica el déficit de inversiones del Ministerio que duró prácticamente una década, hasta 2020, y que ha supuesto que el servicio se degrade con retrasos y cancelaciones graves cuatro de cada cinco días.
En este momento la titularidad del servicio de Rodalies es de la Generalitat, que sobre el papel es la administración que contrata a Renfe para que opere los trenes. Sin embargo, la falta de acuerdo entre Govern y Ministerio ha hecho que los recursos nunca se hayan transferido, por lo que la administración catalana carece del control efectivo sobre el operador, que además es propiedad de Transportes.
Por su parte, el Sindicato Ferroviario de Renfe ha mostrado su total oposición al traspaso del servicio y ha anunciado que prepara movilizaciones en los próximos días.
Condonación del 20% de la deuda del FLA
El texto del acuerdo entre las dos formaciones también incorpora la condonación del 20% de la deuda contraída por Catalunya a través del Fondo de Liquidez Autonómica, lo que supondrán unos 15.000 millones de euros que la Generalitat no tendrá que devolver al Estado, además de 1.300 millones en intereses. Se trata de una medida de saneamiento que permitirá a Catalunya volver a financiarse en los mercados internacionales. Un mecanismo que, según el acuerdo, está previsto para todas las comunidades autónomas de régimen común, es decir, todas menos Euskadi y Navarra.
En el mismo ámbito de la financiación, el acuerdo incluye una nueva inyección para la suficiente financiación de los Mossos, que era una medida que ya se pactó en 2021, también un nuevo traspaso económico para servicios penitenciarios y lo mismo para proyectos de investigación y desarrollo, que se cifran en 150 millones.
Amnistía y mesa de partidos con mediador
Otro de los puntos del pacto tiene que ver con la continuidad de la mesa de diálogo, que en este caso supone “ratificar e impulsar” el mecanismo de diálogo. Como ya viene siendo habitual, se incluye “abordar el debate sobre el modo en que los acuerdos a los que se pueda llegar sobre el marco político de Cataluña puedan ser refrendados por el pueblo catalán”.
Pero además, el documento prevé la creación de otra mesa, en este caso de partidos, y que esta esté coordinada por una persona neutral. Un mecanismo “que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos a los que se llegue”, escriben.
En la misma línea, PSOE y ERC hablar de la necesidad de “culminar la desjudicialización” a través de una ley de amnistía, que tiene como objetivo “procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para afrontar un diálogo y una negociación en unas condiciones óptimas y equilibradas con las que abordar los retos del futuro inmediato”.
Aunque ERC en un primer momento lo rechazó, el acuerdo sí incorpora la obligación de negociar con voluntad de aprobar el conjunto de iniciativas del Gobierno de coalición. Según el texto, ERC tiene la obligación de dar “estabilidad a la legislatura a través de una negociación de buena fe y de la voluntad de aprobar los principales hitos legislativos, especialmente en el ámbito presupuestario y relativo a los fondos de recuperación de la Unión Europea, de los proyectos de ley remitidos por el Gobierno a las Cortes Generales y de los Reales Decretos – ley para responder a situaciones de extraordinaria y urgente necesidad”.