La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) exige al Gobierno que regule el alquiler social o, en su defecto, que ceda las competencias a las comunidades autónomas para que lo puedan hacer. Esta petición viene después de que el Tribunal Constitucional anulara buena parte de la ley catalana de vivienda de 2022 y tumbara la obligación de los grandes propietarios de ofrecer alquiler social ante un desahucio por impago.
Así lo han comunicado durante una acción frente al Parlament, en la que han recibido el apoyo de otras entidades como Irídia, la Mesa del Tercer Sector, Òmnium, la ANC, o sindicatos como CCOO o UGT. También han participado algunas personas afectadas como Roi, que sufrió cinco intentos de desahucio hasta que el juez le reconoció el derecho a un alquiler social.
Pero debido a la decisión del TC ha perdido ese derecho y vive con “angustia y miedo” la posibilidad de un deshucio. “Lo que es anticonstitucional es dejar a la gente en la calle”, ha apuntado. Según datos de la PAH, cerca de 20.000 familias se han visto beneficiadas por la obligatoriedad de ofrecer alquiler social a personas vulnerables.
Con todo, la PAH ha exigido al president Illa que se deje “de grandes anuncios” y “se ponga las pilas”. El portavoz de la PAH, Juanjo Ramón, ha insistido en que la crisis de la vivienda es “urgente” y ha afeado al president que su solución sea construir 50.000 viviendas, “cuando hay 400.000 pisos vacíos en Catalunya”.
Por eso, la PAH reclama que se aplique el articulado de la ley que permite expropiar los pisos que los grandes tenedores tengan inhabitados. “Las excusas sobre que no hay viviendas son inmorales”, ha remarcado Ramón.