Catalunya ya tiene su ley de consultas. El Parlament ha aprobado este viernes con los votos de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP –que representan cerca del 78,5%% de la Cámara– la normativa elaborada como último intento de dar amparo legal a la consulta soberanista prevista para el próximo 9 de noviembre.
El proceso catalán llega al final del camino burocrático y enfila por una senda más incierta, a la espera de que la ley se publique en el boletín oficial para que entre en vigor y de que el president Artur Mas firme el decreto de convocatoria de la consulta. En ese momento el Gobierno español recurrirá la ley ante el Constitucional, tal y como ha anunciado, y el Alto Tribunal la paralizará de inmediato tanto el decreto de la consulta como la norma que la ampara.
La ley aprobada despliega el artículo 122 del Estatut, que prevé la competencia de la Generalitat para legislar sobre consultas populares, sin que sean estas vinculantes. Entre las particularidades del texto, además de que permite la participación a partir de los 16 años, estipula que hay que convocar la consulta con un plazo de entre 30 y 60 días. Además, prevé que las votaciones sean convocadas no solo por el Gobierno, sino también por ayuntamientos, consejos comarcales y por ciudadanos que aporten 50.000 firmas.
La Generalitat esconde por ahora las cartas por lo que respecta al calendario de convocatoria de la consulta. Fuentes parlamentarias señalan que el president de la Generalitat podría firmar el decreto de convocatoria desde hoy mismo, en cuanto esté publicada la norma en el Boletín Oficial del Parlament de Catalunya. Sin embago, la publicación de la ley en el boletín, y por tanto su entrada en vigor, podrían dilatarse hasta 15 días. Por si la convocatoria de Mas fuera inmediata, el Consejo de Ministros tiene previsto reunirse este sábado para aprobar el recurso.
El PSC ha votado a favor de la ley pese a considerar no sirve para el 9N. Consideran que el ámbito sobre el que pregunta no encaja con las competencias de la Generalitat. “El apoyo de los socialistas no es un aval a la consulta del 9 de noviembre ni a la manera como se ha conducido el proceso”, ha señalado el diputado Ferran Pedret, que aun así considera que la ley es válida para incentivar la participación ciudadana, “como por ejemplo para recuperar los niveles de inversión en educación”.
Solo los grupos del PP y Ciutadans han rechazado la ley. El diputado del Partido Popular Santi Rodríguez ha aducido razones legales por las que, en su opinión, la Generalitat no tiene competencias para celebrar la consulta y ha rechazado que “se intente utilizar una ley de consultas para celebrar un referendum”. Rodríguez también la ha pedido al PSC que reconsideraran su postura. “Señor Iceta, déjense de puñetas y voten que no”, ha gritado contundente.
En el mismo sentido se ha pronunciado Albert Rivera cuando ha asegurado que “los únicos en España que no se han enterado que esta ley es para convocar una consulta es el PSC”.
Escocia, presente en el debate
“Escocia nos ha dado una lección: no serán independientes porque no han querido, pero han demostrado que son libres”, ha expresado Dolors Camats, portavoz de ICV-EUiA, que ha empezado su intervención elogiando al primer ministro británico David Cameron, en las antípodas de su ideología política, por haber permitido el referéndum escocés. “¿Cómo puede ser que consultar a la ciudadanía sea problemático?”, se ha preguntado.
El referéndum escocés ha estado presente en la mayoría de las intervenciones parlamentarias. Los soberanistas han elogiado la votación, que ha dado la palabra a los escoceses sobre su futuro, y los unionistas han celebrado el resultado y han precisado que se ha realizado dentro de la legalidad del Reino Unido.
Por su parte, CiU y ERC han sido las fuerzas que con más insistencia han reiterado que la ley de consultas cabe dentro del margen constitucional, en tanto que desarrolla un punto del Estatut. “El 9N no es un problema, es una oportunidad de confluencia democrática entre Catalunya y España”, ha proclamado Josep Rull, portavoz convergente.
La CUP ha apuntado también que la consulta es una oportunidad “para el resto de pueblos del Estado”. “Esto es lo que les da miedo”, ha expresado Quim Arrufat en alusión al Gobierno central, “los catalanes no aceptamos que se nos trate como a subditos y como a menores de edad, pero los pueblos del resto del estado tampoco lo aceptarán”.