El Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles remitir al Congreso de los Diputados una propuesta para obligar a la Sareb a hacer una cesión social de cuatro de cada cinco viviendas de las que dispone la entidad. El objetivo de la Cámara catalana es que el llamado “banco malo” libere los recursos aprovechables para ponerlos al servicio de la bolsa de vivienda pública.
El texto ha salido adelante con los votos favorables de ERC, Junts, comuns y CUP, y pese a que los socialistas han optado en el último momento por la abstención. El PSC ha justificado su decisión porque, a su juicio, la mayoría de modificaciones estatutarias propuestas por el Parlament ya están contempladas en los cambios normativos introducidos por el Gobierno.
La proposición de ley tiene su origen en 2019, cuando ERC presentó inicialmente un texto para obligar a la Sareb a destinar parte de sus activos, un 30%, a uso social. Pero su tramitación quedó frustrada con la convocatoria electoral de febrero 2021.
Meses después, los republicanos volvieron a proponer la ley y el dictamen se ha aprobado finalmente por amplia mayoría en la Cámara catalana.
Lo que hace la propuesta de ley es elevar al Congreso la modificación de varias leyes que afectan a la Sareb con el objetivo de “garantizar el retorno social para la ciudadanía” del rescate bancario de 2012.
La medida de más calado consiste en forzar al banco malo, del que es propietario el Estado en un 51%, a ceder el dominio del 80% de sus viviendas a las comunidades autónomas y a las administraciones locales para que lo destinen a uso social. Y también el 50% de los solares urbanizables.
Hasta ahora, por ejemplo en Catalunya, de las 13.800 viviendas que posee la Sareb solo 1.600 están cedidas a Administraciones públicas, menos de un 15%. Pero estas cesiones son temporales y fruto de acuerdos entre la entidad y los ayuntamientos o la Generalitat. Lo que establece la proposición de ley –y esta es su segunda gran novedad– es que los pisos pasen a ser directamente de titularidad pública.
Para ello, el texto aprobado este miércoles en la Cámara pide modificar varias leyes estatales. En el Real Decreto 1559/2012 se añadiría al artículo 17 un apartado que fije que la “obligación” de la Sareb de “ceder a las administraciones públicas competentes en materia de vivienda el dominio de un mínimo del 80% de los activos que se pueden destinar a vivienda en los municipios con una demanda acreditada”.
También en la ley 9/2012, se prevé cambiar la disposición adicional séptima, donde se establecen los términos de la creación de la Sareb, para incluir que tiene por objeto no solo la tenencia y gestión de los activos que le transfieran las entidades financieras, sino también su cesión de dominio a las administraciones públicas.