La entidad de juristas Drets y el Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA) han pedido a la Justicia andorrana que emita las comisiones rogatorias necesarias para poder tomar declaración al expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy y los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, además de a otros miembros de la antigua cúpula del Ministerio del Interior. En la petición que han registrado ante el juzgado andorrano este jueves, ambas entidades han expresado la voluntad de que sea la jueza de instrucción que investiga el caso sobre la presunta extorsión a Banca Privada de Andorra (BPA) la que se desplace hasta la Audiencia Nacional con el objetivo de “aclarar el papel de España en la trama andorrana de la llamada 'Operación Catalunya'”.
Ambas entidades han expresado que quieren conocer “qué intervenciones” tuvieron los gobiernos español y andorrano en la liquidación de la BPA en marzo del año 2015. El caso, que se está investigando desde el 8 de octubre de 2020, pretende saber si hubo coacciones y extorsiones a los responsables de la entidad financiera para conseguir las cuentas bancarias andorranas de la familia Pujol, bajo las supuestas amenazas por parte de agentes de Policía del cierre tanto del banco andorrano como de su filial española, Banco Madrid.
Además de las declaraciones del expresidente y de los dos exministros del Gobierno español, también se pide la comparecencia del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y del exdirector de la Policía Ignacio Cosidó. Las entidades quieren que se vuelva a tomar declaración al comisario jubilado Eugenio Pino, que no fue localizado en la primera comisión rogatoria, y al inspector de la Policía Bonifacio Díez. También insisten en reclamar que se levante la inmunidad diplomática del policía Celestino Barroso, que fue quien mantuvo los primeros contactos en Andorra con los responsables de BPA.
El pasado mes de septiembre la jueza andorrana admitió la querella de ambas entidades contra Rajoy, Fernández Díaz, Martínez, Montoro y Cosidó por presuntas coacciones al Gobierno andorrano y falsedad documental para obtener datos bancarios de la BPA de la familia Pujol así como información sobre eventuales cuentas en Andorra de líderes independentistas. Las presuntas coacciones se enmarcan en la visita oficial que Rajoy y Montoro hicieron en enero de 2015 en Andorra, cuando se reunieron con el entonces jefe de gobierno andorrano, Toni Martí, y los ministros Jordi Cinca, Gilbert Saboya y Jordi Alcobé. La visita, según los denunciantes, tenía el objetivo de obtener información de los líderes independentistas catalanes.
Según Drets y el IDHA, Rajoy, Montoro y Fernández Díaz están siendo investigados por un presunto delito de falsedad de documentos. Concretamente, se les acusa del envío de información “falsa” al Fincen (organismo que depende del Tesoro de Estados Unidos) para que emitiera una nota en contra de BPA, lo precipitó su intervención y liquidación por parte del gobierno andorrano. La investigación también quiere averiguar si los exmandatarios españoles cometieron un delito contra los órganos constitucionales andorrano, por haber, presuntamente, intimidado al jefe del Ejecutivo de Andorra y a los ministros del Principado con los que se reunieron.